Se acabó la cuenta atrás. Finalmente se acaba el plazo dado a las comunidades autónomas para regular el funcionamiento de las VTC según el «decreto Ábalos», y al parecer ha pasado lo que más temían Uber, Cabify y Bolt: Medidas distintas, casi opuestas, en algunas Comunidades y una mayoria que no han llegado a un acuerdo y donde se hará casi imposible su operación hasta que los gobiernos locales lleguen a los acuerdos necesarios.
Esto ocurre mientras que las tres empresas levantan sus armas publicitarias contra el gobierno. Desde denuncias en los vehículos sobre las nuevas medidas que deben cumplir los Bolt en Cataluña, llamados de atención directos a la Ministra de Cabify o Uber poniendo sus anuncios en espacios donde solo pueden circular los taxis.
LOS EXTREMOS DE MADRID Y CATALUÑA
Si algo adelantaba que las nuevas leyes para regular las VTC por comunidad autónoma podían causar controversias importantes fueron las normativas presentadas por Cataluña y Madrid. Mientras el primero ha sido considerado una ilegalización de facto por parte de Cabify y Bolt, la legislación de la capital ha sido aplaudida por estas empresas, aunque a cambio ha generado el rechazo de los taxistas.
Son dos aproximaciones opuestas, quizás más preocupadas por temas ideológicos que económicos, pero que dificultan a las empresas implementar el mismo modelo de negocios en todo el país.
Lo cierto es que la de Cataluña pone límites bastante difíciles a las empresas para poder funcionar, aunque algunos han podido evadirlas a base de ingenio. El decreto, que ya lleva el mote de “anti Cabify”, obliga a medidas mínimas en los coches de las VTC, los obliga a operar con vehículos de cero emisiones de gama alta y aumenta sus exigencias en cuanto a licencias. Es una medida que va directamente en contra del modelo de negocios de las empresas de transporte y que ya obligó a Uber a dejar la comunidad autónoma por varios años y que mantiene a Moove Cars en litigio con el govern.
Como podía esperarse la posición de Madrid es mucho más beneficiosa para las empresas, aunque han buscado hacerlo permitiendo la competencia. Por un lado las empresas de VTC tendrán que devolver a sus clientes el dinero en caso de cancelar, y además ha permitido que los taxis puedan trabajar las 24 horas, devolviendoles el mercado nocturno. Son puntos con los que la comunidad espera permitir la convivencia, pero que según las taxistas siguen permitiendo que las nuevas empresas compitan de forma injusta.
ANDALUCÍA Y VALENCIA INTENTAN APURAR SUS REGLAMENTOS
Una posición bastante más neutral es la que han tomado en Andalucía que aprobó con apuros el nuevo reglamento está semana. En el documento, que limita algunas zonas en las que los Cabify pueden operar y les pide medidas mínimas a algunos coches, además de recalcar que no pueden recoger clientes sin contratación previa.
Sin embargo esto ha generado precisamente que ambas partes reaccionen en contra. Por un lado las VTC aseguran que las nuevas restricciones son «desproporcionadas», aunque agradecen que el reglamento permite que sigan funcionando. Por su lado los taxistas se mostraron «tristes, enfadados y molestos» ante la aprobación de la nueva normativa, aunque la misma solo excluye dos de las peticiones del sector.
Por su lado los taxistas se mostraron «tristes, enfadados y molestos»
Quizás por esto en Valencia no se han mostrado apurados por aprobar su propia normativa. Desde la comunidad aseguran que las licencias aprobadas después del decreto seguirán vigentes, pero de todos modos cientos de vehículos tendrán que dejar de operar desde el primero de octubre. Mientras tanto, las negociaciones para plantear la nueva normativa se mantendrán durante los próximos días, aunque se espera que esté más cercana a las peticiones de los taxis.
SIN NORMATIVA EN LA MAYORÍA DE ESPAÑA
Mientras tanto el resto de las comunidades autónomas siguen en el proceso de aprobar una normativa, o directamente han dejado para otro momento la discusión de frente a la crisis económica y las medidas por la pandemia. Es el resultado de una medida con la que se esperaba retrasar un problema sin resolverlo y apaciguar a los taxistas que no paraban de protestar.
Esto ha llevado a Cabify a asegurar que, aunque no estaban de acuerdo con las regulaciones, hasta la fecha las han cumplido escrupulosamente. Lo cierto es que desde las VTC han llamado la atención ante la posible pérdida de los ingresos de los que dependen unas 25.000 familias en el país.
LAS PROTESTAS DE LOS TAXISTAS CONTRA UBER
Parte de la dificultad para aprobar normativas que permitan a Uber y compañía seguir operando con normalidad son las protestas del sector de los taxis. Desde la aparición de las primeras VTC en el país han asegurado que no compiten en igualdad de condiciones, y que las nuevas formas de movilidad han invadido sus sectores y complicado la captura de clientes.
De hecho se han puesto a la defensiva aún en casos donde las nuevas legislaciones cumplen con buena parte de sus exigencias. Es el caso de Andalucía donde aunque buena parte de sus exigencias han sido aceptadas insisten en la necesidad de protestar en las calles. En otros lugares donde se ha abierto la discusión, como en Málaga, han decidido declarar paros de 24 horas, incluso aunque las medidas siguen lejos de implementarse.
EXPERIENCIAS EN OTROS PAÍSES
Lo cierto es que la situación en España no es tan distinta a los problemas que Cabify, Uber y compañía han tenido que enfrentar en otros países. En países como Dinamarca y Hungría han tenido que dejar de operar por las restricciones y en otros como Chile existen en un espacio gris bastante delicado. Lo cierto es que el mercado español ya ha adoptado este tipo de servicios, y no sería raro verlos volver antes que pase demasiado tiempo.
