La casi inminente aprobación de la «Ley Darias» en el Congreso de los Diputados ha hecho que el Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (Idis) se ponga en alerta. La organización, formada primordialmente por varias empresas clave de la industria privada de la salud, ha señalado su preocupación por esta nueva ley que espera que todo el Sistema Nacional de Salud tenga titularidad pública y que, por tanto, toda su financiación sea pública.
Es una modificación que pondría en jaque a toda la industria privada, pero que además obligaría al abarrotado sistema público a absorber de golpe 700.000 intervenciones privadas a pacientes de la Seguridad Social al año y las más de 70.000 consultas privadas que se realizan al día a personas registradas en la Seguridad Social.
Evidentemente los representantes del sistema privado de salud se han puesto en alerta ante está posibilidad. Su argumento no es solo un tema de negocios, sino que temen que obligar al sistema público a absorber esta carga termine empeorando la atención para los pacientes.
UN MAYOR TIEMPO DE ESPERA
Según explican desde el informe del Isdi, la nueva medida podría aumentar los tiempos de espera hasta 75 días para intervenciones quirúrgicas y unos 56 para pacientes que buscan su primera consulta. Son números que en algunos casos significan que un paciente podría esperar hasta cinco meses por una intervención o una consulta.
Esto se debe a que al retirar el apoyo de las privadas para la atención de los pacientes afiliados al seguro social se calcula que el sistema público tendrá que asumir más de 70 mil nuevas consultas al día. Según informan desde el Isdi, esto causaría un colapso absoluto en los hospitales y la sanidad pública.
El Isdi da por sentado que la nueva ley causaría un colapso en los hospitales publicos
Pero además de alargar los tiempos de espera para el estado, el nuevo modelo podría ser aún más costoso. Al tener que absorber operaciones como TAC, mamografías y resonancias magnéticas se tendría que sacar del bolsillo otros 1.200 millones de euros, que de momento cubren en operaciones compartidas con la empresa privada. Es un gasto extra que el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez se ha mostrado dispuesto a asumir con tal de aprobar el proyecto.
Son números que desde la institución señalan como escenario base, pero la empresa dibuja un escenario todavía más caótico si el Ejecutivo llegaba a asumir las ya rechazadas enmiendas de Unidas Podemos, unas enmiendas con las que casi daban por muerto el sistema de salud privado.
EL PACIENTE COMO PRIORIDAD
Tanto el Idis como la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), han coincidido en que la posibilidad de conciertos entre ambos sectores ha sido clave para atravesar la pandemia. Según el comunicado de ASPE la flexibilidad que estos permitieron fue clave para que la mayor cantidad posible de pacientes fueran atendidos, en particular durante el confinamiento.
Es un mensaje que se ha repetido también desde algunas comunidades autónomas, en particular desde Madrid donde el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido el modelo actual. El jueves pasado el político aseguró que la nueva ley ponía en la mesa un debate «ya superado», sentenciando que sin la ayuda privada ninguna comunidad autónoma podría cumplir con las exigencias sanitarias.
Los números parecen darle la razón. Según el informe del Idis, el 65% de los usuarios del Sistema Nacional de Salud Pública son atendidos en hospitales de gestión privada o bien por los conciertos de la salud privada y pública. Son casi dos tercios de los pacientes nacionales que caerían de golpe a los hospitales de gestión 100% pública.
EXCEPCIONES SIN ESPECIFICAR
Una reclamación que tienen en común tanto las empresas privadas como algunos socios del gobierno es que no se especifican las excepciones en las que ambos modelos de salud pueden colaborar. El proyecto de ley habla de «una visión complementaria y de apoyo, nunca sustitutoria» pero no especifica la definición de excepcionalidad.
A pesar de todo, el presidente del Idis, Juan Abarca, señala que si bien el nuevo proyecto de ley «no es realista» hay que tomarse el tiempo de revisarlo «enmienda por enmienda» antes de su aprobación, señalando de nuevo la importancia del sector privado para el sistema de salud.
Abarca, que aprovechó la presencia de la propia ministra de Sanidad en el III Simposio del Observatorio de la Sanidad para solicitar, de nuevo, que se busque un consenso en el nuevo proyecto de ley, también quiso hablar del futuro y de donde debían concentrarse la próximos inversiones en el sector. En su intervención, Abarca intentó apuntar a las dificultades de los pacientes para adquirir los medicamentos y la necesidad de mejorar las opciones de atención primaria.
