La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha instado al Gobierno a «no permitir» la suscripción de acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) intragrupo en las empresas dominantes por debajo de 67 euros megavatio hora (MWh) «al establecer unas reglas de juego de comercialización» a las que las comercializadoras independientes «no pueden acceder».
En ese sentido, recuerdan que la propuesta de Bruselas pasa por establecer un límite retributivo a las renovables de 180 euros/MWh, por lo que si se prorrogan algunas de las iniciativas incluidas en los reales decretos aprobados por el Ejecutivo para paliar el alza de los precios energéticos se seguirán fomentando acuerdos intragrupo de generación y comercialización de los operadores dominantes a precios «muy por debajo» del mercado ‘spot’ y del mercado de futuros.
«La solución pasa por no permitir los contratos de largo plazo intragrupo u obligar a los grupos dominantes del sector a subastar parte de su energía generada de forma accesible a todos los comercializadores», considera ACIE. La organización recuerda que el año pasado se estableció que toda planta de generación de más de 10 megavatios (MW) de potencia que no utilizara gas para producir electricidad debía devolver los beneficios extraordinarios obtenidos por el incremento del precio del mercado con el objetivo de reducir los cargos del sistema eléctrico y que la factura disminuyera para todos los consumidores.
Sin embargo, ACIE apunta que parte de la energía de estas plantas ya estaba vendida a unos precios inferiores a los del mercado, por lo que «esas plantas no estaban obteniendo ningún beneficio extraordinario». «Para enmendar esto, el Gobierno reguló posteriormente algunas condiciones adicionales, necesarias para que estas plantas pudieran quedar exentas de este pago: debían suscribir un contrato de compraventa -PPA- a más de 12 meses, ya estuviera firmado con anterioridad o con posterioridad a esta normativa, y el precio de venta de esta energía eléctrica debía ser inferior a 67 euros/MWh.
A juicio de ACIE, esta regulación ha propiciado que los grandes grupos dominantes, en lugar de integrar sus beneficios de la generación en las arcas de Hacienda, «hayan destinado los mismos en favor de la competitividad de sus áreas de comercialización, pudiendo ofertar precios a los que los comercializadores independientes no pueden llegar». Esa situación se debe a que, según explica la organización, la generación independiente está siendo «reacia» a comprometer su energía en el largo plazo con comercializadoras independientes.
«La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ya cuenta con datos reales de un retorno masivo de clientes tanto a las comercializadoras de referencia como a las unidades de comercialización no regulada de los grandes grupos dominantes», sostiene ACIE. Por ello, pide al Ejecutivo que la actual regulación no se prorrogue más allá del 31 de diciembre de 2022.
Además, ACIE ha recordado también que «lleva meses» solicitando al Ministerio para la Transición Ecológica la convocatoria de subastas inframarginales donde los grandes grupos dominantes deban poner parte de su generación al servicio de agentes del sistema para «permitir una competencia real» en la actividad de comercialización eléctrica.
