CaixaBank tiene un serio desencuentro con uno de sus accionistas principales: el Estado. La razón es el impuesto temporal a la banca. Ambas partes se encuentran en una posición incómoda que puede saltar por los aires si Caixabank denuncia el impuesto en los tribunales. Al respecto, fuentes del Gobierno niegan que este marco de diferencia pueda afectar en lo relativo a su permanencia en el capital del banco. El Estado tiene hasta diciembre de 2023 para decidir si prorroga su presencia en el accionariado de Caixabank o sale del mismo.
EL ENFADO DESCONTADO Y CAIXABANK
El Gobierno daba por descotado que el impuesto temporal a las entidades financieras iba a provocar el enfado y la crítica de las mismas. Lo que no tiene medido -y está por ver hasta dónde llega- es la repercusión que puede en la relación especial que tiene con Caixabank por el hecho de que el FROB -que tiene en su comisión rectora al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Economía- está en en el accionariado del banco y cuenta con un sillón en el consejo de Caixabank.
Más allá de la lógica financiera, que diría el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, la cuestión es de confianza y comodidad. Lo que está por ver es de qué modo, si lo hubiera, puede resultar dañada esa buena relación por el impuesto y si puede tener repercusiones tan inesperadas como fuertes.
BALONES FUERA
Hasta ahora el banco ha echado balones fuera cuando le han preguntado por la permanencia del Estado en su capital, pero el impuesto del Gobierno puede dar pie a situaciones inesperadas. Esta mera situación le abre una vía de agua al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.
La primera vía tiene que ver con cómo puede afectar a su relación con el banco en calidad de accionista de referencia. La segunda, como al resto de poseedores de acciones, cómo puede repecutir -si lo hiciera- en el reparto del dividendo donde consigue unos excelentes ingresos mediante los millones de euros que recibe por el dividendo. La tercera en la imagen de España en cuanto a la seguridad jurídica y previsibilidad y la cuarta ante los ciudadanos si el Gobierno no consigue de modo efectivo que estos no paguen los platos rotos del impuesto.
COMPLICADO PARA CAIXABANK Y EL ESTADO
Es complicado para las dos partes. Para Caixabank, porque tiene un accionista que con una decisión concreta perjudica sus intereses y para el Gobierno porque tiene que defender la presencia en el accionariado de una empresa de un sector al que contribuye a demonizar y a su vez porque el Estado se puede ver perjudicado en sus ingresos por la decisión del Ejecutivo.
El Estado tiene el 16% del capital de Caixabank a través del frob
El Estado tiene el 16% del capital de Caixabank y no está muy interesado en dejar el capital del banco, menos aún cuando la entidad financiero va como un tiro y la acción va a ir a más, según el consenso de mercado. Los títulos están en 2,93 euros y pueden legar a 4 euros en 12 meses, según el consenso del mercado. Fuentes del Ejecutivo indican que “el Gobierno no se replantea, en absoluto, su posición en el banco.
En el ámbito de los analistas, Manuel Pinto, de XTB, estima que el tema del impuesto “no cree que pueda tener repercusión en la relación con el gobierno como accionista de la empresa”.
LA GUERRA
En el lado de Caixabank, en base a la política de la casa, difícilmente el banco va a entrar en una guerra pública y sin cuartel con uno de sus accionistas más significativos.
En cuanto a las relaciones con el Gobierno, presente en el accionariado mediante el FROB, el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, dijo que “el diálogo que tiene a través de su presencia en el consejo es correcto y se refiere a los temas de Caixabank y va a seguir de esa manera».
Hay que resaltar que en el tema del FROB en el banco nunca han opinado en público mojándose sobre la presencia o salida. “A ningún accionista de una entidad en la que yo he trabajado le he dado ningún consejo, ni para salir ni para entrar. Si no lo he hecho así ni he querido influir en la opinión, menos lo voy a hacer con el FROB. Ellos tienen que tomar la decisión. Mi opinión es irrelevante», señaló tiempo atrás el presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, durante la presentación de su Plan Estratégico 2022-2024.
«El FROB lo que tiene es una teórica fecha para salir del accionariado de Caixabank, pero que puede renovarse», recordó el banquero en referencia a diciembre de 2023. Cuando dijo estas palabras, Goirigolzarti no imaginaba que uno de los accionistas principales iba a ponerle un obstáculo considerable y repentino: un impuesto temporal.
LA BATALLA LEGAL
Lo que podría suponer un punto de inflexión es si Caixabank decidiera emprender una batalla legal y medirse con el Estado en los tribunales. La cuestión es si la cuerda se rompería de tal modo que hubiera repercusiones en cuanto a la aceleración de la salida del FROB del capital, algo para lo que tiene tiempo hasta diciembre de 2023.
la decisión tomada puede meter en un compromiso al Gobierno
En definitiva, muchas incógnitas por despejar después una decisión que puede meter en un compromiso al Gobierno, que se puede ver perjudicado por lo que supone ser juez y parte en lo referido a Caixabank.
DINERO RECIBIDO
El FROB mantiene una participación del 16,12%, por la que ya recibió el año pasado 190 millones en efectivo. Según El Economista, solo por la vía del dividendo cobrará unos 720 millones de euros con cargo a los ejercicios 2022 y 2023, donde está incluida ya una posible retribución extraordinaria por parte de la entidad y que provendría del exceso de capital, según se publicó.
