Los usuarios de entidades financieras están aún pendientes, en el caso de los más mayores, de que las entidades den un empujón tanto a las clases de formación en herramientas digitales como a la simplificación de sus aplicaciones. Según los datos a los que ha accedido MERCA2, el porcentaje de personas que ha recibido estas «clases» es ínfimo. El cajero es el medio más fácil de usar para los mayores a la hora de operar y, por ello, estas máquinas, que no eran muy del agrado de los clientes de más edad, se están haciendo un hueco en su corazón.
CUATRO MESES
Pasados cuatro meses de los seis a los que se comprometió el sector para tener implementadas estas mejoras, el sondeo preliminar de la organización de consumidores Asufin desliza que «se ha avanzado muy poco en hacer más accesible la digitalización bancaria». Apenas el 5% de los encuestados detecta mejoras, en cuanto a la simplificación, de apps o entornos digitales y a sólo un 11% se le ha ofrecido algún tipo de formación para mejorar su capacidad en este tipo de herramientas, señalan desde esta organización.
Estos datos salen de los resultados preliminares de un estudio que mide el grado de mejoras al que se comprometió el sector financiero el pasado mes de febrero, en presencia de la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. En la actualización del protocolo estratégico que firmaron todas las patronales de banca (AEB, CECA y UNACC), figuraban medidas como la ampliación de la atención a mayores, en horarios, y puesta a disposición de gestores y la mayor adaptación a las necesidades de este colectivo, como la accesibilidad y sencillez de los cajeros, aplicaciones móviles y webs con versiones simplificadas, entre otras cosas.
Algo más de la mitad, el 56%, considera el fácil el manejo de un cajero como fácil, siendo como es la principal vía de realizar operaciones para los mayores, una vez constatado el hecho de que la libreta de ahorros se está desincentivando. Y es que «el 57% ya no puede usarla porque ha sido retirada por su entidad o bien han empezado a cobrarla», según este informe de Asufin, un estudio del que dio algunas pinceladas la presidenta de Asufin en el curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica.
También intervino en la jornada la directora de comunicación de la OCU, Ileana Izverniceanu, que ha querido destacar que la exclusión no es sólo financiera sino general, con cada vez un número mayor de personas que no pueden prácticamente consumir servicios como dentistas o combustible.
Izverniceanu puso el foco en la escasez de oficinas bancarias y el cierre de sucursales, sobre todo en áreas con poca densidad de población, que las entidades financieras encuentran poco rentables.
En este contexto, la ministra Nadia Calviño ha asegurado a los periodistas en el marco del curso de la APIE en Santander que el Anteproyecto de Ley sobre la Autoridad Administrativa Independiente en Defensa del Cliente Financiero llegará en otoño al Congreso de los Diputados.
el Anteproyecto de Ley sobre la Autoridad Administrativa Independiente en Defensa del Cliente Financiero llegará en otoño al Congreso
Sobre este tema se debatirá en el Pleno del Congreso. Se trata de una moción de EH-Bildu que defiende actualizar y ampliar el código de buenas prácticas bancarias para mejorar la protección de clientes en dificultades en caso de impagos o conflictos con estas entidades, extender su obligación a todas las entidades vinculadas y prever un régimen sancionador frente a posibles incumplimientos.
La moción es consecuencia de la interpelación urgente dirigida por Bildu a la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la última sesión de control al Gobierno en el Congreso.
En ella, su portavoz económico de la formación abertzale, Oskar Matute, denunció que ninguna entidad ha cumplido realmente este código de buenas prácticas «porque cuando detectan el más mínimo impago le pasan el activo al fondo de inversión vinculado», que al no haber firmado el código, no tiene la obligación de cumplirlo.
LA AEB Y LA CECA
Las dos principales patronales del sector, la AEB (bancos tradicionales) y la CECA (bancos surgidos de cajas de ahorro), han tachado de «inconstitucional» su diseño. Así consta en las alegaciones que presentaron hace unos días al anteproyecto de ley para la creación del nuevo organismo, aprobado por el Ejecutivo a principios de abril, según El Periódico de Catalunya.
Las características con que se quiere dotar a la nueva autoridad, insiste en sus alegaciones, «arrojan un producto final que por no respetar principios jurídicos básicos debe ser reconsiderado en su totalidad», entre otros motivos porque incorpora una «sobreprotección del cliente» que, a su parecer, va en contra del derecho a un juicio justo. También la CECA (de la que forman parte CaixaBank y Unicaja) ha tachado diferentes aspectos del plan del Ejecutivo de contrarios a la Constitución.
PLATAFORMA DE DE MAYORES
En este punto, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) valoró positivamente a través de un comunicado el anteproyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. En este sentido, informó de que ha elaborado un escrito de alegaciones que fue remitido al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, donde reclama la inclusión de la garantía de una atención personalizada en el articulado de la futura ley.
La PMP ha elaborado un escrito de alegaciones que fue remitido al Ministerio de Asuntos Económicos
Entre sus demandas, la PMP hace constar que, a pesar de que uno de los objetivos perseguidos por el citado anteproyecto de ley es garantizar la aplicación del “principio de atención personalizada”, dicha garantía solamente aparece reflejada en las disposiciones finales del anteproyecto, las cuales prevén la modificación de otras normas sectoriales financieras para introducir en las mismas el mencionado principio.
