Ouigo ha solicitado al Gobierno que los operadores ferroviarios puedan comprar energía por su cuenta y no por medio de Adif, como se hace ahora, para conseguir la flexibilidad suficiente capaz de amortiguar los precios eléctricos, que siguen poniendo en riesgo su actividad.
Así lo ha manifestado su directora general, Helene Valenzuela, durante su participación en un foro de debate organizado por KPMG con motivo de la presentación del estudio ‘Impulso de un nuevo marco regulatorio de la financiación de la Alta Velocidad en España’.
La directiva, procedente del operador público francés SNCF –el equivalente a Renfe y Adif en el país galo, donde una única compañía ejerce las dos funciones–, ha destacado que la situación energética en España es diferente a la de otros países.
Aquí, Adif es el encargado de contratar la electricidad y los gastos se los repercute a los operadores. Por eso, Ouigo quiere poder contratar energía por su cuenta y tener así una mayor flexibilidad sobre sus costes, sobre todo dada la actual coyuntura en el mercado eléctrico.
Valenzuela también ha aprovechado para poner en duda la efectividad climática de las subvenciones aprobadas por el Gobierno para la gasolina (de 20 céntimos por litro), mientras que ha criticado que se haya dejado de lado al ámbito ferroviario, siendo precisamente este el más importante para alcanzar los objetivos de descarbonización.
Asimismo, se ha referido a los cánones ferroviarios que les cobra Adif, advirtiendo de que se avecina una etapa «muy difícil» para avanzar en la liberalización en la línea Madrid-Valencia, donde prevé abrir su nuevo servicio tras el verano y donde está previsto un nuevo recargo a los operadores.
Por ello, ha trasladado su deseo de que no sea necesario llegar a la litigiosidad con el Gobierno respecto a los cánones, en un escenario parecido al que ocurrió en el mercado de la telefonía, sobre todo porque aunque los tribunales les diesen la razón, sería demasiado tarde.
PROYECTO PAÍS
Desde Iryo, el otro nuevo operador que competirá con Renfe, su director de Desarrollo de Negocio, Guillermo Castrillo, también ha lamentado la situación en la que se encuentra el ámbito legislativo ferroviario en España, señalando que las medidas tomadas por el Gobierno «no son las adecuadas».
«No entendemos cómo, siendo un proyecto de país el reducir emisiones y fomentar el ferrocarril, no se tomen medidas en temas energéticos como la fiscalidad verde o en tasas y cánones, porque necesitamos acciones claras que permitan el cambio modal», ha añadido.
Por todo ello, ha demandado algunas medidas como empoderar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), dar mayor flexibilidad a Adif, que los recargos no sean discriminatorios o que se tengan en cuenta modelos más allá de la contabilidad de Adif.
Castrillo ha recordado el ejemplo de Austria, donde hubo mucha litigiosidad entre Gobierno y operadores y la justicia finalmente falló a favor de estos últimos y finalmente se les tuvo que compensar por los sobrecostes que tuvieron que afrontar durante el periodo que duró el proceso judicial.
Por su parte, el director general de Desarrollo y Estrategia de Renfe, Manel Villalante, se ha sumado a estas reivindicaciones y ha asegurado que la compañía se adaptará a las nuevas condiciones de mercado, al mismo tiempo que ha tendido la mano a sus nuevos competidores para que incluyan su oferta en su nueva aplicación de RaaS, con el objetivo de facilitar la planificación de los usuarios.
BAJO APOYO PÚBLICO A ADIF
El informe de KPMG también ha detectado los principales problemas del sistema, como los elevados costes de operación y mantenimiento imputados a los operadores, la falta de independencia de Adif para fijar cánones o el bajo nivel de apoyo público a Adif.
La firma de servicios profesionales ha realizado un cálculo introduciendo todas las medidas de mejora posibles, concluyendo que una reducción de cánones del 13,4% permitiría disminuir entre un 8% y un 10% los costes de los operadores e incrementar la demanda entre un 36% y un 53%. Además, Adif casi duplicaría los ingresos de 2019, antes de la pandemia, y cubriría sus gastos sin necesidad de subsidios.
También ha estimado que, si todos los corredores ferroviarios de España alcanzasen una cuota del 73% frente a otros medios de transporte, la que hay actualmente en el eje Roma-Milán, el consumo de gasolina caería un 19%, las emisiones retrocederían un 27% y el número de víctimas mortales en accidentes se reduciría en un 63%.