El taxi de Barcelona ha realizado una nueva muestra de fuerza en el sector. Cerca de 4.000 taxistas de toda Cataluña han secundado el cierre patronal para exigir a la Generalitat un decreto a su medida y eliminar así la actividad de las actuales VTCs, como Cabify. El paro de los taxistas ha colapsado la ciudad, así como las infraestructuras estratégicas del transporte, incluidos los aeropuertos y estaciones de AVE de las cuatro provincias catalanas. Esta es la segunda gran movilización del taxi desde enero y las asociaciones han advertido que continuarán las movilizaciones en caso de que la nueva normativa no complazca sus deseos.
Los huelguistas han grabado y tomado imágenes de quienes han ejercido su derecho a trabajar, difundiendo por redes sociales sus números de licencia. Una fórmula aplicada en este tipo de protestas en el sector.
UNA HUELGA A CUATRO MESES DEL FIN DEL DECRETO ÁBALOS
El chantaje preventivo se produce cuatro meses antes de que expire la medida de gracia concedida por el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en favor de las VTC, como las plataformas Cabify. El taxi, no obstante, sigue insultando a Uber, pese a que no opera en Cataluña.
Madrid ha extendido las licencias a zonas urbanas, pero en Cataluña se realizan huelgas preventivas
«Madrid ha extendido las licencias a zonas urbanas, pero en Cataluña se realizan huelgas preventivas«, han sostenido las mismas fuentes. Y es que, la Generalitat mantiene en un absoluto secreto los planes para el sector.
El 22 de septiembre, las Comunidades Autónomas tienen la obligación de regular el sector de las VTCs. «Han tenido cuatro años para hacerlo y en Cataluña lo han dejado para el último momento», han asegurado fuentes del sector a MERCA2. En Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, se han modificado estas licencias dejando libertad absoluta al sector y compitiendo de tú a tú con el taxi.
LA GENERALITAT TENDRÍA QUE PAGAR 1.000 M€ POR RETIRAR LICENCIAS DE VTCs
No es para menos cuando hacer caso al taxi supone pagar 1.000 millones de euros por las licencias VTC que ya no están en el mercado. No obstante, los cálculos realizados son a precios de mercado secundario. En un inicio, los precios de estas licencias se situaron en apenas 36 euros.
Todo apunta que si la Generalitat se pliega a las exigencias del taxi, las VTC y las plataformas previsiblemente recurrirán ante los tribunales. El efecto inmediato de frenar este negocio en Cataluña es la pérdida de 10.400 puestos de trabajo y otros 430 millones de euros, según un estudio de EY.
Ni ERC y JxCat, los dos partidos que gobiernan en Cataluña, aún no ha decidido cómo materializar el decreto, pero los tiempos aprietan. Según fuentes conocedoras de los periodos parlamentarios, la Generalitat podría tener listo el decreto a más tardar a finales de junio, para tramitarlo con urgencia y aprobarlo antes de las vacaciones de verano. En caso contrario, habrá que apurar aún más los plazos y podría retrasar su aprobación, dejando así en el limbo a las VTC. Si no hay cambios, el decreto de Ábalos estipula que las VTCs tienen la obligación de dejar su actividad en el área urbana. Por tanto, no podrán prestar servicio y desaparecerán de las calles catalanas.
Asimismo, el mismo decreto de Ábalos estipulo la norma de una licencia VTC por cada 30 de taxis. De cumplirse esta normativa en Cataluña, donde hay 15.500 licencias, sólo habría unas 520 licencias de VTC, frente a las más de 4.300 existentes. ¿Cómo se determinará la eliminación de las licencias? Es la gran incógnita para las VTC, siempre y cuando se sigan las directrices marcadas por los taxistas.
LA PROPORCIÓN QUE NO SE CUMPLE EN CATALUÑA
Y es que, hasta ahora la Generalitat no sólo ha mostrado su predisposición a pactar las condiciones exigidas por los taxistas, sino que ha aprobado la regulación pedida por Élite Taxi y el resto de asociaciones del sector. Lo hizo con el criterio de los 15 minutos de precontratación a las VTC, un tiempo que el Instituto Metropolitano del Taxi lo elevó a la hora, pero que fue tumbado por los tribunales. Además, se ha desarrollado una app pública e instruido a los agentes de la Guardia Urbana para detectar las anomalías e irregularidades de los vehículos VTC. Sólo en Barcelona, las VTCs acumulan un total de 3.500 expedientes abiertos, según las cifras aportadas por las asociaciones de taxistas.
Sin embargo, ERC aún no ha dado un contundente sí, como han hecho los socialistas, En Comú Podem y los antisistema de la CUP. En contra de esta petición se han mostrado el PP y Ciudadanos. Vox no ha podido reunirse con los taxistas porque éstos no quieren conversar con «fascistas«. La formación política tampoco se ha mostrado ni a favor ni en contra de las VTC.
Los taxistas han alertado, además, que en las próximas elecciones municipales tendrán muy en cuenta quienes se han posicionado a su favor. «Tenemos memoria» y son «40.000 votos», han sido los argumentos mostrados en el Parlament.
Asimismo, el secretario de Territori, Isidre Gavin, tampoco se ha reunido aún con los taxistas desde que está en el sillón. «No le conocemos», ha afirmado el líder de esta huelga, Alberto Álvarez, desde el atril del Parlament tras la protesta. PP y Ciudadanos tampoco han querido reunirse con quien les ha insultado y vinculado directamente con los «fondos buitre», como denominan a los inversores que están detrás de las VTC.
PROTESTA VIOLENTA EN LOS PUNTOS NEURÁLGICOS: AMENAZAS Y ROTURA
Lejos de ser una protesta pacífica, algunos altercados se han producido en los puntos clave de recogida y bajada de pasajeros. Algunos taxistas han grabado a otros compañeros y difundido el número de las licencias por las redes sociales para tratar de señalarles.
A otros taxistas les han roto el espejo retrovisor por trabajar «como una rata«, mientras las discusiones se han subido de tono en el aeropuerto, donde no se ha permitido subir a los pasajeros a los pocos taxis que se atrevían a acudir a recoger clientes. Este hecho ha provocado el colapso del Aerobús, la línea por carretera que une la infraestructura con el centro de Barcelona. Asimismo, el metro también se ha visto desbordado por la marcha lenta que ha arrancado a las 9.00 de la mañana pero que no ha echado a andar hasta pasadas las 10.00 horas.
Mientras Barcelona quedaba secuestrada durante la protesta, algunos taxistas han aprovechado el momento para poner a la venta sus licencias. El precio pedido en las páginas especializadas de licencias alcanza los 120.000 euros, muy lejos de los más de 180.000 que se llegaron a pedir durante la burbuja inmobiliaria. Algunos taxistas incluso piden un intercambio de licencias en algunos municipios del interior de Cataluña debido a la falta de trabajo y la posibilidad de obtener mejores servicios con las aplicaciones.
