El plan estratégico de Caixabank (2022-2024) y la perspectiva de la acción van a dar mucho que pensar al Estado, que participa en el capital de la entidad por medio del FROB. A finales de 2023 llegará el momento en el que quien esté al mando del Gobierno tendrá que decidir si vuelve a prorrogar la permanencia del FROB en el accionariado de la entidad. Desde el banco aseguran que no van a aconsejar al Estado qué tiene que hacer. La pelota está en el tejado del Ejecutivo Central.
PLAN 2021-2024
La acción de Caixabank va a estar mejor que la media del sector financiero en el periodo 2022-2024. Esta previsión que hizo el presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, en la presentación la hizo ante los periodistas en relación con el plan estratégico es la tentación que puede convencer al FROB de que tiene que seguir en el capital del banco, del que tiene un 16,1%.
Por el lado de la solvencia, CaixaBank tiene como objetivo seguir manteniendo una posición de fortaleza y de liderazgo entre las grandes entidades financieras españolas. Durante este periodo, la entidad tiene como objetivo interno situar el capital de máxima calidad CET1 en el rango entre el 11% y el 12%.
CaixaBank prevé remunerar sus accionistas con 9.000 millones de euros entre 2022 y 2024 mediante el pago de dividendos (destinará a ello más del 50% del beneficio), un plan de recompra de acciones de 1.800 millones lanzado y el reparto del exceso de capital por encima de su objetivo de que la solvencia esté entre el 11% y el 12%. Así consta en su nuevo plan estratégico para dicho trienio. En este marco, quieren que la rentabilidad sobre el capital tangible pase del 7,2% de 2021 al 12% en 2024.
LAS METAS y el FROB
Goirigolzarri respondió a numerosas preguntas sobre la presencia del FROB, que como accionista recibe dividendos. Lo que dan por seguro en el banco es que los títulos de la entidad van a subir de precio y para ello, además del hecho de que el mercado premie la buena marcha del banco, apuestan por la recompra de acciones, aunque dicha recompra no siempre implica una subida de la acción. Este es el campo en el que se maneja la entidad, cuya previsión es aumentar el pay-out por encima del 50%, aunque no concretaron cuál es el porcentaje límite de los beneficios que dedicarán a resultados.
EL DIVIEDENDO
En este sentido, el último dividendo para el Estado supone 1.424 millones de euros, un importe que contribuye a amortiguar en una mínima parte el dineral del rescate de Bankia: 24.000 millones de euros públicos que en su mayoría no se recuperará. Es imposible recuperar la mayoría de dinero, entre otras cosas porque la presencia del Estado en el accionario de banco tiene fecha de salida: diciembre de 2023. Cuando llegue ese momento, salvo sorpresa, el presidente del Gobierno será Pedro Sánchez o el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, en caso de que haya comicios anticipados y el conservador logre articular una mayoría parlamentaria que le permita gobernar. El jefe del Ejecutivo tendrá que despejar la incógnita sobre la salida del FROB del capital de Caixabank.
¿Y qué dicen en Caixabank sobre la permanencia del FROB? Pues que es un tema del FROB, es decir, del Gobierno. “Es un asunto que le compete al FROB y nosotros no tenemos nada que decir», zanjó el número uno de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri. Lo que asumen en el banco es que el Estado no está obligado a salir de la entidad. Bruselas, que fue quien puso el dinero para el rescate del sector financiero, no obligó a ello al Gobierno de Mariano Rajoy cuando rubricó el memorándum del rescate. “No voy a dar consejos a ningún accionista, con que no lo voy a hacer con el FROB», aseguró el banquero vasco. Este año se cumple el décimo aniversario de la entrada del estado en el accionariado de Bankia, entidad absorbida por Caixabank.
Goirigolzarri echó balones fuera sobre la permanencia del FROB en el capital
LOS ANALISTAS
Mientras, en el ámbito de los analistas recuerdan que “la participación del Estado en el accionariado de Caixabank, es un recuerdo del importe del rescate de Bankia y sobre todo, de lo que queda por devolver de la misma”. Esto lo dice el analista de XTB Darío García, que señala que “lógicamente, si el FROB dejase de formar parte de Caixabank es porque se ha puesto punto y final a una operación que tuvo lugar en 2009. No obstante, cabe recordar que todavía queda más del 85% del importe del rescate por recuperar, algo que no parece que vaya a pasar”. “El FROB, podría actuar (si no lo está haciendo ya) como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en otras cotizadas, como otro organismo estatal de control, en este caso en las entidades financieras”.
UN JUGOSO PASTEL ESTAR EN CAIXABANK
El Estado, por medio del FROB, tiene una participación del 16,1% en el capital de Caixabank y la buena marcha del banco en cuanto a resultados –también va bien en bolsa- le asegura un jugoso pastel en forma de ingresos por dividendo. De hecho, la Autoridad de Resolución Ejecutiva (FROB), el brazo financiero público que ostenta el 16,1% de CaixaBank, recibió el 20 de abril el primer gran dividendo tras la fusión por absorción de Bankia: 190 millones.
Los ingresos por dividendo reducen el dineral del rescate de Bankia
Estos ingresos por dividendo suponen por ahora 1.424 millones de euros y contribuyen a amortiguar en una mínima parte el dineral del rescate de Bankia: 24.000 millones de euros públicos que en su mayoría no se recuperará. Es imposible recuperar la mayoría de dinero, entre otras cosas porque la presencia del Estado en el accionario de banco tiene, a priori, fecha de salida: diciembre de 2023.
LA PRÓRROGA
Ocurre que si el Gobierno ya ha prorrogado su permanencia en CaixaBank anteriormente, podría plantearse su continuidad. Según fuentes conocedoras de los entresijos relacionados con este tema, la cuestión del tiempo permanencia del Estado en el capital del banco no tiene que ver con Bruselas, sino que es un «asunto del Gobierno». «Hay que vender la parte del Estado en CaixaBank y ya está» , señalan fuentes del sector que aluden a las obligaciones del FROB, de acuerdo a la Ley 9/2012. Este proceso debía realizarse en un plazo no superior a los cinco años desde la fecha de suscripción o adquisición, pero se ha ido extendiendo. «Lo del tiempo para salir del capital es algo que se autoimpuso el Gobierno de Mariano Rajoy», recalcan fuentes financieras. Luego este tiempo se ha ido alargando.
