El profesor emérito de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Ramón Zallo nos ayuda a entender la polémica regulación de la Ley Audiovisual:
Tildabas a la Ley General de Comunicación Audiovisual cocinada por Zapatero (2010) de «contrarreforma». ¿Cómo crees que afectó aquella regulación al sector?
Mientras que la primera versión del anteproyecto de ley del primer gobierno Zapatero seguía las recomendaciones del Comité de Sabios convocado al efecto en 2005 para la reforma audiovisual -comité en el que encontraba mi amigo ya fallecido Enrique Bustamante, quien fue su principal redactor- el segundo gobierno Zapatero reescribió una segunda y definitiva versión que siguió, en cambio, las recomendaciones -incluso la escritura- del lobby de las televisiones privadas, UTECA.
Se aprobó en 2010. Un giro de 180 grados con el que el sistema televisivo pasó a entenderse como un servicio comercial con unas pocas obligaciones. Al parecer, el PSOE, de la mano de Teresa Fernández de la Vega, esperaba como compensación tener un trato de favor de la parte de los media para las siguientes elecciones. Paralelamente modificaron, en segunda versión también y en 2009, el modo de financiación de RTVE sacándole del mercado publicitario televisivo que pasó a estar casi todo él en manos privadas.
Con ello se acabaron los tres mejores años de la historia de TVE para entrar en un constante recorte de sus presupuestos mientras las privadas generalistas se concentraban, en 2009 y 2011, en dos grupos- Mediaset y Atresmedia-, elevaban sus presupuestos y acaparaban las licencias de los canales temáticos. Resultado: un duopolio privado dueño de las pantallas gratuitas para mayores y de casi el 90% de la publicidad televisiva, y una TV pública empobrecida, sin capacidad tractora sobre el sistema y que, en cuanto a gobernanza, el PP (2011), reorientó la elección la Dirección General de RTVE al modelo de mayoría simple, o sea, a control gubernamental directo.
La patronal de las teles en abierto, UTECA, ha pasado de cocinar la Ley de 2010 a asegurar que esta nueva «condena a las televisiones en abierto a competir en inferioridad de condiciones con gigantes digitales de dimensión internacional». Según tu punto de vista, ¿tienen razones para quejarse de la asimetría legislativa o son demasiado victimistas?
En el proyecto de ley a las generalistas privadas -servicios de comunicación audiovisual televisivo lineal, en el argot legal- les mantienen las obligaciones e incluso las distienden, por ejemplo, en publicidad. Se sigue dejando a TVE fuera del mercado publicitario, del que se benefician mucho más que los canales de pago.
O sea que no pueden quejarse. Incluso la financiación anticipada de obra europea va a ser la misma para todo el sector privado, lineal o a petición (5%). Pero también es cierto que las de a petición – Movistar…-y las OTT – Netflix, HBO…- no van a tener las mismas obligaciones en algún tema (30% de su catalogo a obra europea en lugar del 51%). Especialmente, beneficiados salen las OTT que emitan desde fuera de España en el tema de las cuotas lingüísticas. Ese trato de favor tiene que ver con el proyecto de Hub audiovisual con sede en Madrid en el que podrían embarcarse las plataformas de streaming.
Ahora otro gobierno socialista está impulsando otra nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, en este caso por una trasposición tardía de una Directiva europea. En líneas generales, ¿qué opinión te merece este texto legal?
El proyecto de Ley es una oportunidad perdida pues se limita a una trasposición conservadora de la Directiva europea de servicios audiovisuales (2018), con mantenimiento de los aspectos lesivos de la legislación vigente y desaprovechamiento de nuevas posibilidades regulatorias. Tiene una visión mercantilista de la comunicación, por encima de los derechos comunicativos, trata de manera muy timorata a los nuevos operadores a petición, streaming e intercambio de videos y no da un salto en favor de los servicios públicos como garantía de democracia y progreso.
¿Cuáles crees que son los mayores errores de esta regulación?
A pesar de algunos temas que moderniza, lo peor es que promueve la plutocracia de plataformas y de operadores bendiciendo la concentración mediática en radio, televisión –lineal y no lineal- y de plataformas; las licencias se prorrogan casi automáticamente y por 15 años; establece reglas muy por debajo de las que instauran en otros países; desaprovecha la ocasión para instituir el Consejo del Audiovisual al que en su día se comprometieron; relaja la normativa publicitaria; las cuotas de pantalla y de financiación para obras europeas se quedan en el escalón de mínimos; los servicios de intercambio de vídeos escapan a múltiples obligaciones posibles; y hay unas cuantas invasiones competenciales además que a las CCAA se las encierra en la era hertziana y de la TDT.
¿En qué situación van a quedar las lenguas cooficiales con esta Ley?
En lo que respecta a cuotas de pantalla para programas en lenguas minoritarias no hay compromisos porcentuales relevantes en RTVE y privadas y son nulos para las plataformas con sede en el extranjero –por una interpretación torticera de la Directiva, puesto que sí cabe ponerles otras obligaciones -.
En lo que respecta a financiación anticipada para lenguas minoritarias, y si se acepta finalmente la enmienda de ERC, los porcentajes son muy bajos (15% del 70% en producción independiente sobre un 5% del total de ingresos, o sea 0,52%) y nulos para las plataformas que emitan desde el exterior, más allá de un posible Fondo al alimón entre Administración central y Comunidades Autónomas con lengua propia y la buena voluntad en clave de migajas y compromisos bilaterales de las plataformas de streaming extranjeras.
El resultado es mejor que antes, que no había nada, pero se saldará con retroceso en la presencia audiovisual de lenguas oficiales de unas CCAA con lengua propia, que suponen nada menos que el 41% de la ciudadanía del Estado. Los pequeños arreglos de la ley no van en proporción al crecimiento exponencial que tendrá la oferta total doblada o subtitulada en castellano.
¿Por qué Europa no parece reaccionar, ni compitiendo ni regulando, ante la voracidad de estos mastodontes estadounidenses?
Tienen poderosos lobbies en las instituciones europeas, así como la protección del Gobierno de EEUU. Por su parte una Europa hegemonizada por las derechas y sus discursos neoliberales, ha ido en retroceso en las reflexiones sobre la “excepción cultural”, primero, y sobre la diversidad, después, con un retroceso añadido y creciente del rol de los servicios públicos y una incapacidad manifiesta para sobrepasar la óptica estatal y de operar en el mercado europeo como tal con grupos a la altura de Prime, HBO, Netflix… que sí están en todos los mercados europeos.
Los operadores europeos están refugiados en sus bastiones estatales. La Comisión Europea no permite un trato preferente al audiovisual europeo más allá de cuotas para obra europea, producción independiente y promover coproducciones. Ciertamente que hubiera operadores europeos a escala europea no garantizaría su vocación europea porque muy bien podrían imitar a los otros operadores o incluso aliarse con ellos. Haría falta un cambio de filosofía en el Parlamento Europeo
¿Cuál es el papel de las televisiones públicas en el futuro de la industria audiovisual, especialmente el de RTVE?
Teóricamente la radiotelevisión pública de ámbito estatal, autonómico o local tiene unas misiones de primera importancia a las que no vienen obligadas las privadas: acceso general con derecho de los grupos sociales a informar; oferta de programación para mayorías y atención a minorías de calidad; información objetiva; gestión democrática y eficiente; financiación que permita su independencia; vertebración de una comunidad plural y diversa con roles integradores, participativos y educativos; cercanía, vínculo y arrope social; producción propia; presencia multiplataforma; construcción del espacio público; diferenciación con identificación; apuesta lingüística firme; generación de agenda propia; apuesta multisoporte; creatividad; impulso de la producción propia y de la industria audiovisual cercana; articulación de un espacio cultural y comunicativo propio…
Todo interesante sobre el papel pero lo tiene mal para cumplir esos roles, porque el legislador -por decisión política y si se exceptúa la primera legislatura de Rodríguez Zapatero cuando se tomó como modelo del servicio público a la BBC- le ha dado la primacía al sistema radiotelevisivo privado. Los cambios en la era Sánchez han sido timoratos.
Así es imposible que tenga una función de ejemplaridad y calidad para el conjunto del sistema radiotelevisivo. Lo que ocurre es más bien lo contrario, la televisión pública imita las programaciones privadas de éxito.
En el caso de las televisiones autonómicas hay una gran variedad de situaciones y cumplen mejor unas funciones que otras. Pero dado su descenso continuo de audiencias, debido a la competencia desleal de las privadas generalistas en publicidad, el desplazamiento por las de a petición y el cambio de usos sociales -y más entre los jóvenes- se ven empujadas a hacer cualquier cosa para tener una audiencia no marginal que la “legitime” frente a la derecha por privatizarlas.
Esta ha conseguido meter en el proyecto de Ley, la posibilidad de su “gestión indirecta “ o sea privada en las CCAA que quieran. Hay algunos ámbitos -como el tecnológico y con plataformas en Internet y accesible sobre dispositivos móviles- en las que sí están en punta RTVE y algunas autonómicas, pero les falta el salto a un servicio público interactivo, multimedia y multiplataforma.
Ello exige sustituir el modelo organizacional actual, que es por sociedades y canales, cada una con su programación, su producción, sus relaciones externas, su difusión aunque compartiendo edificios, servicios, redes, tecnologías y áreas comerciales, por otro centrado en usuarios-contenidos y tendente a compartir por el conjunto de sociedades y soportes también elementos de programación, redacciones, producción, relaciones externas y difusión, pero adaptadas a cada soporte.
Se supone que las obligaciones que introducirá la futura Ley General de Comunicación Audiovisual para las radiotelevisiones públicas, entre ellas de planificación a medio (mandatos marco parlamentarios) y a corto plazo (contratos programa) con la consiguiente financiación, mejorarán su funcionalidad pero lo importante sería un debate público participativo sobre el servicio público, como lo hubo en la década de los 2000, para prepararles para una función de liderazgo, de experimentación y de prestigio social. Y eso sí está al alcance gubernamental … si se quiere.
En un artículo que firmaste en Viento Sur adviertes que «la esfera pública ya está gestionada por la economía de la atención y de la adicción, desde preferencias conducidas por estímulos y algoritmos, y a ser crecientemente federalizada en torno a emociones y populismos retrógrados, a costa de la racionalidad, la privacidad y los valores». Sé que no eres futurólogo, pero, ¿hacia dónde se la encamina a la sociedad?
La encaminan a ser una sociedad trasparente en lo que se refiere a nuestros datos – estamos expuestos, desnudos y vigilados-, opaca en su disposición –no sabemos quienes los tienen ni cómo se venden, siendo además un gran activo de nuestro tiempo-, y manipuladora en su gestión, tanto con propósitos comerciales compulsivos que no respetan intimidad alguna, como de orientación de conductas en todos los planos políticos y sociales desde unas relaciones públicas generalizadas y full time. Todo ello conlleva una sobreinformación sobre lo anecdótico y lo descriptivo, una desinformación sobre lo relevante y sustancial y una deseducación gigantesca en valores humanos y democráticos.
Hay un salto cualitativo del peso de la información como tal –altamente demandada y presente por doquier- pero un deterioro de su valor, así como del periodismo de calidad como vertiente profesional sujeta -se supone- a unas reglas de buen hacer, y con funciones de intermediación directa entre el acontecer social y la narrativa para comprenderlo. Esa intermediación es cada vez más larga y más dependiente de otras intermediaciones. La voz social se aleja, se descontextualiza, se manipula o se torna ruido de fondo.
Para luchar contra la desinformación se deberían desarrollar: una ley-estatuto del informador; formalizar Consejos Independientes de Medios Audiovisuales tanto a escala estatal como en las comunidades que aún no lo tienen -la mayoría-; implementar consejos informativos que velen por la profesionalidad y el pluralismo; favorecer una alianza entre periodistas, usuarios e internautas; la regeneración de los servicios públicos y el impulso de la información “en común”, también en la red, como parte de procesos de empoderamiento social y de género; llevar al sistema educativo la cuestión de saber leer la información y cómo informar; alumbrar y publicar códigos éticos e informes de quienes supervisan su aplicación; e institucionalizar el debate publico sobre la comunicación en tiempos de oligopolios comunicativos y fakes.
Ramón Zallo, una larga trayectoria
Ramón Zallo es licenciado en Derecho y en Economía, Ramón Zallo es, además, doctor en Ciencias de la Información y catedrático de Comunicación Audiovisual en la UPV/EHU y, en la actualidad, profesor emérito.
Miembro del departamento de Comunicación Audiovisual y de la Publicidad, Zallo fue pionero en la investigación de las industrias de la comunicación y culturales. Como él mismo explica, “hubo que trascender en aquellos primeros años, en clave crítica, la sociología funcionalista y la economía micro, para aportar una perspectiva teórica, estructural, geográfica y sectorial, formalizando una Economía de la comunicación y la cultura con acento en las estructuras, agentes y flujos, intentando desvelar el lugar de la economía y de lo comercial en el mundo cultural y digital”.
Autor de una prolífica obra, Zallo ha publicado numerosos artículos de sobre economía, cultura, políticas culturales y comunicativas, así como de corte sociopolítico. Cuenta en su haber con once libros, además de uno nuevo que tiene en imprenta, y ha dirigido o codirigido otras siete obras colectivas.
En el campo de la gestión pública ejerció de Asesor de la Consejera de Cultura del Gobierno Vasco para asuntos de comunicación, audiovisual y cultura en las legislaturas 2002-2009. Fue redactor principal del Plan Vasco de la Cultura (2004-2015) y de las “Orientaciones para el II Plan Vasco de Cultura: 2009-2012” participó en el Libro Blanco del Audiovisual de Euskadi (2003) -del que surgió el Cluster EIKEN-, en la puesta en marcha del Observatorio Vasco de la Cultura (2006), así como en la preparación de la legislación vasca relativa a FM de radio, Televisión Digital Local, Proyecto de Ley de comunicación y del Consejo del Audiovisual, decreto de financiación del audiovisual en el País Vasco y asesorado en dos de los contratos programas con EITB.
Durante siete años fue director de la sección de “Estructura y políticas de comunicación” de la Asociación Española de la Investigación de la Comunicación (AE-IC), así como presidente de la sección de España de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC).
