jueves, 12 diciembre 2024

El despacho de abogadas Eme Abokatuak expone las claves de la ley de protección de la infancia contra la violencia

La Ley Orgánica 8/2021 tiene como objetivo garantizar de manera eficaz los derechos fundamentales de niños/as y adolescentes y mejorar las actuaciones frente a situaciones de violencia. Esta se conoce en la sociedad como la nueva ley de protección a la infancia y fue creada con el objetivo de reforzar las normativas relacionadas con la protección de menores.

Según la red Eme Abokatuak, uno de los mejores despachos de abogados que actúan en Donostia, Bilbao, Vitoria-Gasteiz e Iruña-Pamplona, la nueva ley apunta a sensibilizar a la sociedad y mejorar la formación de los profesionales que trabajan con la infancia para detectar situaciones violentas más rápidamente. También se busca reforzar la información y los conocimientos de los propios niños/as para que puedan protegerse y actuar mejor en caso de sufrir una situación de riesgo.

Medidas específicas en internet y las redes sociales

Para cumplir con sus objetivos generales la ley establece medidas en internet y las redes sociales, que hoy son espacios de socialización fundamental para los/as adolescentes. En este sentido, se da una importancia especial a la formación tanto de los profesionales como de los/as niños/as para lograr un uso responsable de internet. Es importante que estos nuevos medios de comunicación se aprendan a usar de forma segura y respetuosa con los derechos fundamentales.

Según la red de abogadas de Donostia, Bilbao, Vitoria-Gasteiz e Iruña-Pamplona, Eme Abokatuak, es fundamental lograr el respeto de la intimidad y la protección de los datos personales en los nuevos entornos virtuales. Para lograr este objetivo, la ley impone la creación de campañas educativas que incorporen las opiniones tanto de los/as niños/as como de los padres.

Por otra parte, las campañas también deben incluir información específica sobre contenidos de temática sexual o violenta que puedan ser perjudiciales para los menores. En este sentido, la ley establece la creación de canales para controlar el acceso a este tipo de materiales. Las agencias de protección de datos, la policía y la administración de justicia deben colaborar para retirar contenidos ilegales de internet, de forma rápida y eficaz, que supongan una forma de violencia contra los/as menores.

Una nueva figura profesional para la protección de niños y adolescentes

Por otra parte, se ha creado la figura del coordinador de bienestar y protección, que deberá estar presente en todos los centros educativos a los que asistan menores de edad. Estos agentes deben garantizar una protección especial de los/as niños/as y adolescentes frente a la violencia y las autoridades deben facilitarles todas las herramientas que necesiten para cumplir con su trabajo.

Por último, la red de abogadas Eme Abokatuak (que actúan en Donostia, Bilbao, Vitoria-Gasteiz e Iruña-Pamplona) destaca que la ley busca asegurar la prevención de la violencia, no solo en internet, un ámbito en el que los menores son cada vez más vulnerables y las situaciones como el ciberacoso son muy frecuentes, sino en cualquier ámbito. La violencia contra los menores ha ido en aumento, alcanzando cifras alarmantes y manifestándose de maneras muy diversas como, por ejemplo, la violencia vicaria, enfocada a dañar a la mujer a través de los seres que más quiere, como son sus hijos/as. Asimismo, no se debe olvidar otras situaciones que se producen ante las rupturas de pareja o matrimoniales, cuando hay hijos/as, como son las custodias compartidas impuestas sin atender al bienestar del menor, o el uso discriminatorio del SAP (Síndrome de Alienación Parental) que, si bien, viene prohibida por esta ley, sigue aplicándose, sin atender al interés superior del menor, y creando un grave perjuicio en su desarrollo. Del mismo modo, entienden que se debería atender, conocer y respetar cuestiones tan básicas como la maternidad y la naturaleza humana, el vínculo y apego o la lactancia materna, que debieran ponerse en el centro ante la toma de cualquier decisión sobre los/as menores en estas situaciones, ya que lo contrario supone desatender las necesidades más básicas del ser humano, en detrimento de los derechos de los hijos/as, lo que también es violencia.

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