Desde 2018 todas aquellas personas físicas y jurídicas que manejan datos de terceros han abordado un proceso de adaptación al RGPD, la normativa europea más importante en protección de datos personales.
Dado que no es una materia fácil, lo normal es confiar en profesionales para que hagan dicha adaptación. Sin embargo, de un tiempo a esta parte se ha detectado un importante fraude que afecta especialmente a autónomos y pymes.
6¿Qué ocurre si se detecta el fraude?
Si la Inspección de Trabajo se da cuenta de que se ha usado el crédito de formación para subvencionar una actividad diferente, puede imponer una multa cuya cuantía oscilará entre 626 y 187.515 euros. Sancionando tanto a la consultora como a la empresa o autónomo que ha recibido el servicio.
Por otro lado, la Agencia Tributaria exigirá al empresario el abono del IVA correspondiente al servicio realmente recibido, así como una multa que será, como mínimo, del 50% de la cantidad no ingresada.
