El trámite parlamentario de la Ley General de Comunicación Audiovisual se le está atragantando al PSOE, que torea los debates y enmiendas sobre este texto que traspone, por obligación, la Directiva 2018/1972 del Parlamento y Consejo de Europa.
La regulación es vista con recelos por parte de Unidas Podemos, que ha mostrado varias veces sus suspicacias hacia la estrategia socialista. José Manuel Martín Medem, consejero de RTVE por designación morada, calificó el anteproyecto de ley como «una de las mayores vergüenzas de la democracia».
Igual de críticos se mostraron otros socios del Gobierno como ERC o EH Bildu cuando se conoció que el anteproyecto no iba a obligar a las plataformas de streaming a contar con al menos el 6% de su catálogo en lenguas cooficiales.
SÁNCHEZ SE ABRAZA A NETFLIX
Pedro Sánchez se reunió con directivos de Netflix en su viaje a Estados Unidos de julio del pasado año y visitó en octubre las instalaciones de la OTT estadounidense en Tres Cantos. Y el rey del streaming le ha devuelto el guiño.
Netflix lo ha hecho anunciado, poco antes de que la Ley Audiovisual entre en vigor, un acuerdo con la Generalitat de Catalunya, el Gobierno Vasco y la Xunta de Galicia para alojar… apenas 70 obras en catalán, euskera y gallego.
El PNV, admitiendo que se estaban dando pasos en la dirección correcta, retiró la enmienda a la totalidad que había presentado, y ERC ha rebajado el tono respecto al texto legal.
La mano derecha de Sánchez, Félix Bolaños, ya tuvo que calmar hace meses las aguas del nacionalismo periférico asegurando que iban a apostar por defender las lenguas cooficiales, tal y como pide la Constitución.
No ha sido el único guiño de La Moncloa, que ha intentado templar gaitas con algunos actores audiovisuales mediante el Spain Hub Audiovisual que conllevará inversiones públicas de 1.500 millones de euros hasta 2025 gracias a los fondos Next Generation.
LOS AGRAVIADOS
Es cierto que algunas voces nacionalistas siguen cargando contra la Ley porque esta no otorga competencias a los consejos autonómicos audiovisuales respecto a las plataformas digitales que están marcando el ritmo en los públicos más jóvenes.
Xevi Xirgo, Antonio Checa y José María Vidal, presidente de los consejos de Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana respectivamente, aseguran que «el texto propuesto no es respetuoso con el marco competencial. Se limitan las funciones de los consejos audiovisuales territoriales, privados de competencias en relación con los servicios de comunicación audiovisual televisivos a petición (Netflix, HBO, Disney+, Amazon Prime, Filmin, etcétera) y con las plataformas de intercambio de vídeos (YouTube o TikTok).
«Limitarnos las competencias y centralizarlas en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMNC), como propone el proyecto de ley, supondría recortar nuestra capacidad de acción en temas tan relevantes como la protección de los menores, el discurso de odio, la publicidad encubierta, la desinformación o las previsiones relativas a la diversidad cultural», añaden.
También están recelosos de la Ley los influencers, que hasta ahora tenían derecho de pernada en la red y facturaban alrededor de 100 millones de euros anuales de publicidad, casi siempre encubierta. La CNMC ya advirtió que el texto debía llenar el vacío legal que reinaba en la red.
Y la mayoría de operadores en abierto, agrupados en UTECA, denuncian que la Ley mantiene la asimetría legislativa que beneficia a los operadores extranjeros y asegura que «el Gobierno ha agravado la discriminación al incluir, por iniciativa propia, normas exclusivas para las compañías españolas, a pesar de que no estaba obligado por la Directiva europea».
La Plataforma Audiovisual de Productores Independientes (PAP), liderada por algunas compañías que son filiales de gigantes franceses, asegura que la Ley «no responde a las necesidades del sector, no fomenta su consolidación y crecimiento, abandona a su suerte a una industria cultural estratégica como es la producción audiovisual independiente y tampoco responde al espíritu de la directiva europea que busca proteger la industria propia».
ESCASAS INVERSIONES EN ESPAÑA
La Ley Audiovisual, que precederá a la nueva Ley del Cine, no parece defender demasiado la identidad cultural europea ni tampoco parece que evitará que las plataformas estadounidenses inviertan al ritmo de sus ingresos. Y es que las plataformas de streaming apenas tendrán que invertir el 5% de los ingresos generados en España en obra audiovisual, mientras que en Italia rondará entre el 12,5 y el 20%, y en Francia el 20 y el 25%.
Jordi Oliva, presidente de la PAP, asegura que el Gobierno ha hecho a medida la ley «para que las plataformas inviertan en el país y para que esto pase, todas aquellas cláusulas que podrían beneficiar el sector propio de la industria del cine o del audiovisual han quedado al margen por aquello de que no sea que a la plataforma no le guste y no venga».
En definitiva, tal y como explica el economista Ramón Zallo, que en esta ley «se denota la debilidad de la democracia frente a la plutocracia de plataformas y de operadores, ante las que se reacciona con miedo institucional por su poderío, omnipresencia e hipotéticas consecuencias».
El profesor emérito de la Universidad del País Vasco afirma que «la esfera pública ya está gestionada por la economía de la atención y de la adicción, desde preferencias conducidas por estímulos y algoritmos, y a ser crecientemente federalizada en torno a emociones y populismos retrógrados, a costa de la racionalidad, la privacidad y los valores. Se puede decir más alto…
