La patronal de los grandes empresarios catalanes, Foment de Treball, ha anunciado un plan para alcanzar la «soberanía agroalimentaria» de Cataluña. Las líneas maestras de este ambiciosa estrategia se centran en pedir un PERTE agrícola, por valor de 1.300 millones de euros y sufragado con fondos europeos, para modernizar los antiguos canales de Urgell; oponerse a la extensión de las zonas protegidas; e incrementar la actividad de las explotaciones agrícolas y macrogranjas.
Asimismo, la organización liderada por Josep Sánchez Llibre también ha defendido la importación de materias primas modificadas genéticamente y de los cultivos tratados con fitosanitarios prohibidos por la UE.
No hay necesidad de regular en exceso las macrogranjas
El planteamiento ambicioso de Foment tiene numerosas dificultades para hacerlo efectivo. Entre otros, necesitaría el apoyo del Gobierno autonómico, central y de la propia Unión Europea. Todo con el fin de convertir a Cataluña -definida como «país» por el presidente de Foment- en una autonomía eficiente y autosuficiente en el ámbito de la productividad agraria.
ESTUDIOS PARA ELIMINAR ZONAS PROTEGIDAS EN EL BAIX LLOBREGAT
La gran apuesta de Foment se basará en estudios y otros informes sobre el impacto económico de la falta de gestión en las zonas especialmente protegidas (ZEPA). Según ha asegurado el vicepresidente de Foment, Baldiri Ros, «no son necesarias» en el Delta del Llobregat. Esta zona está especialmente protegida por la laguna de la Ricarda y los terrenos que están junto al aeropuerto de El Prat.
Con ambos efectos, «las cuentas de resultados de las empresas agroalimentarias a la ruina y a la huida de inversiones«. Según Foment, varias empresas han descartado la inversión agrícola en Cataluña por la falta de seguridad jurídica.
El directivo de la patronal ha defendido la necesidad de usar el «sentido común» y realizar estudios económicos que evalúen la falta de gestión y cuidados de las áreas protegidas. Cabe recordar que desde Bruselas se ha señalado a España por no cumplir con los condicionantes de la segunda ampliación del aeropuerto de El Prat.
Para la patronal catalana, por otro lado, la ampliación de estos espacios protegidos conllevan sobrecostes a los agricultores. En este sentido, ha indicado las limitaciones «al uso de fitosanitarios, plaguicidas y fertilizantes» para cultivar en las cercanías. Según Foment, los agricultores soportan un incremento del gasto adicional del 6,25%. Y es que, ampliar el Delta del Llobregat obligaría a «abandonar con distinta intensidad la agricultura intensiva y de alta eficiencia«, ha sostenido. A su juicio, es «incompatible» mantener la actividad agraria con el régimen de protección.
UN INFORME DE HACE NUEVE AÑOS, EL ARGUMENTO DE FOMENT
Para argumentar su posicionamiento, la patronal ha echado mano a un informe de hace nueve años realizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El mismo estudio indica que la extensión del área protegida reduce entre un 7,5% y un 30% la producción de cultivo. En un escenario moderado, con una limitación del 50% de la producción, las pérdidas son del 15%.
Para la patronal, la UE y el Gobierno han tomado medidas centrándose únicamente en el impacto medioambiental, sin realizar cálculos sobre el impacto económico de los productores. Por ahora, se trata de una petición en la que tendrían que cambiar tanto la legislación europea como la española y en la que la patronal trabaja desde hace meses.
Foment ha defendido el cultivo de transgénicos, como se está realizando con el maíz, para amortiguar la escasez actual y poder lograr la independencia agrícola. No obstante, ha indicado que podrían tener problemas con la legislación comunitaria.
FOMENT APELA A LA «FLEXIBILIDAD» PARA CULTIVAR TRANSGÉNICOS Y POTENCIAR MACROGRANJAS
No obstante, el plan se ha acelerado a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, con una escasez importante de materias primas y un mercado energético que lleva a la ruina a miles de empresas y pequeños autónomos de diversos sectores, especialmente del agroalimentario, como la pesca, el ganado y pequeñas explotaciones.
Para Sánchez Llibre, el sector agrícola necesita dotarse de una gran flexibilidad, pero por el momento Europa se niega a dar marcha atrás a su política medioambiental. En España, se han perdido miles de hectáreas de cultivo en la nueva Política Agraria Común, en detrimento de los agricultores españoles y favoreciendo la llegada de productos de otros países, como las naranjas surafricanas. Foment ha culpabilizado el incremento de precios a invasión en Ucrania, pese a que la escalada de precios se había registrado desde hace nueve meses.
LA PATRONAL DEFIENDE LAS MACROGRANJAS
Para el vicepresidente de Foment, hay que establecer medidas «reales» para mejorar el rendimiento de los cultivos. Entre ellas, está la eliminación de las trabas para traer cereales de Argentina, que utiliza fitosanitarios prohibidos en Europa, o de Estados Unidos y Canadá, que usan semillas modificadas genéticamente, y por tanto, prohibidas para su consumo en el Viejo Continente. Según Ros, es una modificación legislativa «urgente» para compensar los efectos del despiadado ataque de Rusia a Ucrania.
Las macrogranjas son las mejor dotadas para eliminar purines
Así, se ha opuesto al concepto agrícola de la Unión Europea y del Gobierno, que merman la capacidad de las explotaciones ganaderas catalanas. Para Ros, la limitación de las macrogranjas son un «absurdo» error ya que son «las mejor dotadas para eliminar purines». Además, ha puesto como ejemplo China, un país sin restricción alguna ni compromisos medioambientales, donde las macrogranjas se están construyendo «en edificios de diez plantas». «No hay necesidad de regular en exceso estas explotaciones«, ha considerado Ros, pese a ser consideradas centrales de contaminación tanto de acuíferos como medioambientales.
«Poner un límite al número de reses es un error de concepto», ha sostenido el vicepresidente de Foment. A su juicio, si se pone en riesgo la viabilidad de esta actividad, «las empresas las cerrarán».
FOMENT ALERTA DEL DESABASTECIMIENTO EN MES Y MEDIO
Ros, por otro lado, ha dado la alarma del desabastecimiento por la huelga indefinida de transportes y la crisis bélica en Ucrania. El vicepresidente de la patronal ha asegurado que tan sólo quedan existencias para finales de abril para los ganaderos y ha advertido que desconoce si Ucrania podrá realizar la campaña de siembra de primavera.
Y es que, Foment ha mostrado la preocupación del sector por las consecuencias inmediatas de esta guerra. Los ganaderos han visto como los combustibles y el pienso se han disparado, y apenas tienen margen de maniobra para poder trasladar los precios a los clientes e intermediarios. La mayoría de las granjas están en pérdidas, especialmente las lácteas. Según la patronal, la subida de precios se extenderá así en las próximas semanas, sin dar una fecha concreta de cuándo se frenará la inflación. Por este motivo, ha pedido de nuevo al Gobierno abaratar ya los carburantes.
«Si no puede ser en el Consejo de Ministros», que lo haga al «día siguiente«, han apuntado desde la patronal. Entre las medidas solicitadas está la de rebajar los impuestos de los carburantes, como han hecho durante estas últimas semanas gobiernos de la Eurozona. El último de ellos, Austria. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, por su parte, se ha dado de plazo hasta el 29 de marzo para tomar la decisión, pero ha descartado por completo volver a poner a el tope de los 180 euros por megavatio a la luz.
FOMENT ABOGA POR IMPORTAR ALIMENTOS TRANSGÉNICOS
«A ver si somos capaces de importar de otros países como Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina», ha afirmado Ros, que acto seguido ha afirmado que dependerá de la «flexibilidad» de la Unión Europea para autorizar estas importaciones.
El plan de Foment pasa por imponer un regulador «único» del agua porque esta materia prima tiene «más impuestos añadidos que su valor propio». De esta forma, se evitaría el constante incremento de impuestos, como ha ocurrido a los consumidores del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que pagan más del doble que el precio de consumo. «Se han añadido otros conceptos que no corresponden al recibo«, ha comentado Ros.
Además de la inversión de los 1.300 millones de euros en el canal de Urgell, también ha abogado por titularizar los derechos de CO2 en la biomasa, que representaría un ingreso para los propietarios forestales, pero aún no se ha reconocido en la Ley de Montes. Además, la propuesta choca con la legislación europea, ya que Bruselas rechaza conceder la autorización del uso de la biomasa para la calefacción. «No sabemos con qué objetivo«, ha zanjado Ros.
