La ley de Vivienda impulsada por el gobierno y más concretamente por el ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana se ha salvado en el minuto 90. Ha habido dudas de si finalmente se aprobaría o no, sobre todo por la negativa de ERC en los últimos días. Pero las negociaciones entre los socios de gobierno han surtido efecto y el ejecutivo liderado por Raquel Sánchez ha conseguido el apoyo tan necesitado. Y es que, tras las enmiendas presentadas por los grupos políticos de PP, PNV, Cs y PDeCAT, el PSOE necesitaba los 13 votos de ERC.
Si bien el año pasado se demoró la salida de dicha ley debido sobre todo a los choques entre Podemos y PSOE, ahora han sido las tensiones entre ERC y el ejecutivo. Estas venían porque el partido catalán consideraba que dicha ley interfería en las competencias de Cataluña. Algo ilógico, ya que las competencias en viviendas están transferidas a las comunidades autónomas. Al final, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, prometió por escrito a ERC que el texto final de la ley «será respetuoso con los títulos competenciales» que corresponden a las comunidades autónomas, según planteó ella misma en su defensa del proyecto.
Sin embargo, el texto final de la ley arroja sombra y dudas sobre su posible implantación. Además, el gobierno no va a pensar en la posible inconstitucionalidad de la que ya advirtió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y hará todo lo que esté en su mano para implantar la ley. Igualmente, esta ley de vivienda tampoco solventa los problemas de escasez de oferta de alquiler ni de accesibilidad a la vivienda, que es el principal impedimento para los arrendadores. De hecho, Ferran Font, director de pisos.com, explica que dicho proyecto «facilitará la creación de un mercado inestable que desincentivará la llegada de capital y reducirá aún más la oferta de vivienda de alquiler actual».
Unas de las partes que recoge le ley es la limitación de los precios del alquiler
Y es que unas de las partes que recoge el texto es la limitación de los precios del alquiler. En vez de regularlos mediante la ley o un real decreto, el gobierno ha dejado en manos de las comunidades y ayuntamientos dicha limitación. Igualmente, la declaración de las llamadas ‘zonas tensionadas’ establece esta regulación de los precios en el alquiler. Pero respecto a esto, el Poder Judicial alertó de que la ley tiene una falta de precisión en las reglas que determinan la intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas. Dentro del anteproyecto que el gobierno ha emitido para la vivienda no se especifican los mecanismos para establecer la limitación de precios, por lo que, según el CGPJ, se deja en manos de los órganos judiciales su cumplimiento.
ENMIENDAS A LA LEY DE VIVIENDA
Las enmiendas presentadas por los diferentes grupos políticos han venido sobre todo por su carácter intervencionista. Por un lado, las alegaciones del Partido Popular inciden en este asunto, toda vez que apuntan la norma tiene una «naturaleza marcadamente intervencionista», y «ataca» el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa. Además, según la formación, la ley «afecta muy negativamente al sector inmobiliario» y damnifica «tanto a los inquilinos como a los propietarios».
Por otro lado, el argumento de los partidos independentistas, como el PNV, ERC, PdeCAT y JxCat ha sido que invade las competencias de las comunidades en materia de vivienda. Por un lado, el Partido Nacionalista Vasco rechazan la ley porque consideran que «incurre en evidentes excesos», pues «la vivienda es una materia de titularidad autonómica». Por su parte, el PDeCAT señala que tampoco apoyará la norma debido a una «invasión competencial» en materia de vivienda. Esta puede tener un impacto «negativo» para la oferta de vivienda de alquiler.
De hecho, aunque ahora el PSOE ha conseguido los votos de su socio, ERC ha presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo, es decir, propone cambiar el texto del Ejecutivo. La formación independentista ajusta la ley al «ámbito incidental» de las competencias del Estado, pues «todas las comunidades autónomas tienen asumida en sus estatutos de autonomía, sin excepción, la competencia plena en materia de vivienda», así recoge el documento de los catalanes.
Igualmente, el partido catalán ha señalado que, aunque ha votado en contra de las enmiendas presentadas, esto «no supone en ningún caso la validación de la ley». «A día de hoy, se trata de una ley que no respeta la competencia en materia de vivienda, asumida por las comunidades autonómicas de forma exclusiva», denuncia en este sentido ERC, Y aún con más claridad lo dijo la diputada republicana Pilar Vallugera: ERC no compromete su «voto futuro más que al cumplimiento de los acuerdos planteados, a la no invasión competencial y al avance de los derechos sociales».
