La economía española afronta la última etapa de la crisis pandémica sin haber solventado los problemas estructurales anteriores a ella y, sobre todo, habiendo desaprovechado la oportunidad de ayudar al sector privado a superar el duro golpe que supuso el cierre burocrático de la actividad. Una prueba clara de ello es el famoso Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que a pesar de haber sido prorrogado varias veces, no ha cumplido con su función y corre el peligro de agotar su última renovación temporal sin que su gestor, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) lo haya ejecutado.
Ya avanzamos el pasado noviembre que la inoperancia y dejación de funciones del equipo directivo que gestiona este instrumento había condenado a varias decenas de empresas al cierre, obligando al Ministerio de Hacienda (del cual depende), a pedir a las autoridades europeas más tiempo para poder agotar los 10.000 millones de euros de dinero público permitidos por Bruselas. Hasta la fecha solo se ha usado la mitad de los fondos y la mayoría de los solicitantes de ayudas ni siquiera han recibido respuesta por parte de la SEPI.
OTRO CASO PLUS ULTRA
El temor a provocar otro «caso Plus Ultra» ha pesado demasiado en los directivos de la SEPI, aunque el pasado viernes le dieron un nuevo empujón al fondo con otros 500 millones adjudicados. Todo mientras los tribunales dirimen la responsabilidad del organismo público en la entrega de 53 millones de euros a una empresa relacionada con el Gobierno venezolano.
Según un perito judicial independiente –del despacho Martín Molina– la empresa ya estaba en crisis en 2019, por lo que incumplía la condición más importante del reglamento aprobado por el propio Ejecutivo en julio de 2020 para dar luz verde a las ayudas.
Lo que está claro es que la crisis pandémica va a alumbrar una nueva Unión Europa –de «nueva generación», como dicen en Bruselas– con los mismos vicios que antes de la llegada del COVID. La principal diferencia es que avanza ese Tesoro comunitario al que los países del Norte siempre se opusieron, con unos eurobonos que ya existen de facto y que permiten financiar los planes de recuperación mediante transferencias directas y prestamos reembolsables. La Unión Europea emitirá una media de 150.000 millones de euros al año durante el próximo lustro, según el balance publicado el pasado jueves por la Comisión.
EL TESORO EUROPEO ES UN HECHO: EMITIRÁ 150.000 MILLONES AL AÑO HASTA 2026
Todas estas piezas se van colocando antes de que entren vigor las nuevas reglas fiscales (aún por determinar) y el nuevo escenario de política monetaria avanzado ya por el Banco Central Europeo (BCE), que supondrá un encarecimiento de los costes de financiación y obligará a los países más endeudados a realizar importantes ajustes.
El dedo en la llaga lo ha puesto ya el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su último examen ha señalado que las cuentas públicas españolas no pueden afrontar una subida de tipos de interés con garantías de supervivencia.
ESPAÑA NO ESTÁ PREPARADA PARA LA SUBIDA DE TIPOS
En condiciones normales esto implicaría aplicar un plan de consolidación fiscal que pase por reducir gastos y, en la medida de lo posible, elevar los ingresos, pero el FMI sólo se centra en los ingresos, reclamando apretar aún más a los hogares y a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, para reducir los pasivos estatales (o al menos para que no sigan aumentando).
La institución reclama una subida del IVA y crear nuevos impuestos que penalicen el consumo y la producción con la excusa climática. Todo ello para pagar unas pensiones que, con el actual sistema, elevarán la deuda pública hasta rozar el 200% del PIB en 2050.
La idea no es subir el IVA al 23%, sino hacer que un buen número de bienes y servicios que están gravados con tipos reducidos pasen a escalones superiores, que es lo que llevan reclamando organismos como la AIReF desde hace tiempo y que muy posiblemente se realizará en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), los de 2023, que van a incorporar una mal llamada reforma fiscal elaborada por el «grupo de expertos» de Hacienda, cuyo informe final se hará público en los próximos días.
Pedro Sánchez ha dicho que quiere agotar la legislatura en enero de 2024, una vez que España termine la presidencia europea que tendrá durante seis meses, es decir, que estos no serán los últimos PGE de la legislatura. Habrá otros en octubre de 2023, a no ser que se haya prórroga porque los socios del PSOE se quieran apartar de él en el último tramo del camino por motivos electorales.
EL TURISMO OLVIDA LA PANDEMIA
Eso sí, mientras todo esto sucede desde el Ejecutivo se trasladará el mensaje de que España va bien, que la recuperación es un hecho y que no hay problema económico alguno. Todo ello alimentado por el sector turístico, que se prepara ya para una campaña que, aunque no será tan buena como la de 2019, hará olvidar lo peor de la pandemia. Y eso que los precios hoteleros subirán por los incrementos de costes, impulsados entre otros factores por el aumento del precio del petróleo.
Y por si todo esto fuera poco, los hogares suman otro efecto de incertidumbre y que tiene que ver con sus hipotecas. El Euribor inició una escalada alcista tras el último consejo de gobierno del BCE, en el que Christine Lagarde no descartó que las subidas de tipos en la eurozona comiencen este mismo año.
Este indicador es el que primero reacciona a los cambios de orientación monetaria, provocando además que las entidades financieras modifiquen su oferta crediticia. Las hipotecas a tipo fijo se van a encarecer y las de tipo variable también, aunque lo harán a distintos ritmos.
EL IBEX PIERDE LOS 8.600 PUNTOS
Por lo que respecta a los mercados financieros todas las miradas seguirán puestas en el Este de Europa, para comprobar si los escarceos bélicos en la parte oriental de Ucrania son el preludio de una guerra que lleva semanas esperando la Casa Blanca.
Las Bolsas cerraron la pasada semana con caídas generalizadas en los principales índices, que hicieron perder al IBEX-35 la cota de los 8.600 puntos. Aunque los conflictos geopolíticos pesan mucho en las decisiones de los inversores, la realidad es que la razón de esta volatilidad se encuentra en el escenario alcista de tipos de interés, que ha cogido a más de uno en Europa con el pie cambiado.
En cuanto a la agenda semanal, el foco se centrará en la segunda lectura del dato de inflación de la eurozona del mes de enero, las encuestas IFO de Alemania de febrero y los PMI (servicios y manufactureros) que se den a conocer a ambos lados del Atlántico.
Además conoceremos el dato definitivo de PIB del cuarto trimestre de EEUU, la decisión del Banco Central de China respecto a la tasa de préstamos y la evolución del precio de la vivienda, indicador que servirá para calibrar hasta qué punto el sector inmobiliario del país asiático tiene problemas.
