España pedirá, junto con Portugal, que el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea active medidas para paliar los efectos de la sequía y del incremento de costes ante la preocupante situación por la que atraviesan las explotaciones ganaderas del Sur de Europa.
Así lo ha manifestado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien ha presidido este lunes, por videoconferencia, la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, en la que ha abordado, con los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas, los principales asuntos que se tratarán en el Consejo de Ministros de la Unión Europea del 21 de febrero: deforestación, cuestiones comerciales y sequía.
España solicitará al Consejo que evalúe la posible aplicación de medidas como la ampliación del anticipo de los pagos directos y de desarrollo rural, la puesta en marcha de la cláusula de fuerza mayor en relación con determinadas disposiciones de la Política Agraria Común (PAC) o la implementación de medidas para compensar a los agricultores por la situación de sequía.
Entre estas últimas se incluyen habilitar un instrumento de apoyo temporal que permita disponer de fondos destinados al desarrollo rural para aplicar una ayuda inmediata del mismo modo que se aplicó para hacer frente al impacto de la pandemia de la Covid-19 o hacer uso de los mecanismos recogidos en la Organización Común de los Mercados Agrarios.
Además, el ministro ha subrayado que para España es una prioridad política la defensa de la reciprocidad en los acuerdos comerciales de la Unión Europea con países terceros.
Se trata, ha añadido, de garantizar que los productos agrarios importados cumplan con las mismas exigencias medioambientales, sanitarias, de bienestar animal o fitosanitarias que deben cumplir los Estados miembros.
El ministro considera que la coherencia debe presidir las relaciones comerciales de la Unión Europea, ya que unas importaciones con estándares ambientales inferiores a los comunitarios neutralizan los efectos que se buscan con el Pacto Verde europeo, con el consiguiente perjuicio para los intereses económicos y sociales de los productores europeos.
Asimismo, el ministro de Agricultura ha recalcado que la reciprocidad es «irrenunciable», aunque se debe aplicar conforme al derecho internacional.
También se debatirá en Bruselas sobre la futura normativa que regulará las condiciones que deben cumplir las importaciones y exportaciones de productos que estén bajo sospecha de contribuir a la destrucción de ecosistemas forestales.
El ministro ha apuntado que España apoya y comparte el objetivo de esta iniciativa, que busca garantizar que los productos consumidos o las exportaciones comunitarias estén libres de deforestación.
Además, según ha señalado, supone un paso adelante en la integración de los aspectos de sostenibilidad entre los requisitos que se exigen a determinados intercambios comerciales. En todo caso, Planas confía en que estas medidas se apliquen «con prudencia, proporcionalidad y equilibrio».
Por otro lado, el ministro ha indicado que en el próximo Consejo se informará sobre la situación de la nueva normativa europea en materia de sanidad vegetal, en particular sobre las cuestiones relacionadas con los controles de las importaciones y la extensión del pasaporte fitosanitario.
El ministro ha asegurado que España está muy interesada en este debate y participará activamente en las consultas y reuniones que se celebren para avanzar en esa normativa.
