Ahora que los efectos de la pandemia sobre la economía comienzan a remitir –al menos los derivados de las restricciones gubernamentales– en el Palacio de La Moncloa no se quiere renunciar a una de las medidas estrella aprobadas por decreto en la vorágine normativa de los primeros días de la locura covidiana. El denominado «blindaje antiopas», que no permite a empresas extranjeras adquirir más del 10% del capital de las cotizadas españolas sin el visto bueno del Ejecutivo, ha llegado para quedarse y, además, se va a ver acompañado por un mayor poder de los servicios de inteligencia para controlar los movimientos corporativos.
El anteproyecto de reforma de la Ley de Seguridad Nacional contempla la creación de una estructura de información ligada al Gobierno que las fuentes consultadas por MERCA2 indican que se convertirá “en una especie de CNI económico para vigilar y recomendar actuaciones sobre en el accionariado de las empresas españolas consideradas estratégicas”. Una intervención que algunos consideran un grave atentado contra el libre mercado y que, con la excusa de proteger la seguridad nacional, institucionaliza la injerencia de los poderes públicos en la propiedad de las compañías.
A todo ello se suma el problema que supone para la seguridad jurídica la falta del desarrollo reglamentario del citado «blindaje antiopas», cuya vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022 tras haber sido renovada hasta en dos ocasiones durante el pasado año. Aunque ya hay un borrador redactado no se espera que vea la luz el texto definitivo antes del verano. Esto ha generado incertidumbre entre los inversores extranjeros, lo cual ha obligado a la vicepresidenta económica Nadia Calviño a intervenir para evitar la huída del capital. Esa fue su principal tarea en el Spain Investors Day, celebrado hace dos semanas en Madrid.
Un día antes de la participación de Calviño, en el mismo foro compareció el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, donde reclamó al Gobierno que retire esta protección a las multinacionales españolas porque perjudica a los accionistas y a los inversores. Según el organismo supervisor este blindaje está lastrando la cotización bursátil de las grandes empresas y alejando a los interesados en tomar posiciones en el mercado español.
La oposición en esta materia es total con el Palacio de La Moncloa, hasta el punto de que se empieza a poner en tela de juicio la idoneidad de Buenaventura para seguir al frente de la CNMV. «No tiene sentido respaldar intervenciones en el mercado como la prohibición de las operaciones a corto para proteger a las cotizadas españolas y ahora decir que el escudo antiopas debe retirarse, parece que el supervisor está en contra o a favor de la libertad de mercado en función de dónde sople el viento”, señala a este diario un importante asesor de empresas del Ibex.
POSIBLE PACTO ILEGAL EN LA OPA A NATURGY
El problema que subyace detrás de esta pelea entre Gobierno y CNMV está en las dudas que existen sobre la actuación del organismo que preside Buenaventura respecto a la famosa Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por el fondo de inversión australiano IFM para adquirir una quinta parte del capital de Naturgy.
Tal como avanzó este diario, la cúpula de la CNMV puede acabar en los tribunales por su pasividad a la hora de investigar si existió un pacto ilegal de IFM con los dos fondos que, junto a Criteria (el holding de La Fundación Bancaria La Caixa) controlan el grupo que preside Francisco Reynés. Se trata del británico CVC Capital Partners y el estadounidense Global Infraestructure Partners (GIP).
Fuentes jurídicas indican que Buenaventura está nervioso porque la intervención de la CNMV en la OPA de IFM pueda ser investigada y expuesta en sede judicial y apuntan que «sólo él sabe si el organismo que preside ha hecho suficiente para llegar hasta el fondo del asunto».
Y el fondo australiano no está dispuesto a soltar su presa, ya que la propia Naturgy acaba de señalar en su último informe de gobierno corporativo que IFM tiene ya el 12,15%, lo que implica que sus gestores han seguido comprando títulos después de la OPA. Si los han adquirido a un precio superior al que ofreció en la OPA, habría violado el reglamento europeo sobre abuso de mercado.
EL CNI ANALIZA COMUNICACIONES CORPORATIVAS
Aunque la CNMV dijo el pasado octubre que vigilaría la posible concertación de los accionistas de Naturgy con el fondo de inversión australiano, los servicios de inteligencia españoles no se fiaron y pusieron en marcha una investigación propia, analizando las comunicaciones entre los implicados, tal como publicó en exclusiva El Confidencial. El resultado de estas pesquisas es secreto, aunque fuentes del CNI confirman que se elaboró un informe con las principales conclusiones que se puso en conocimiento de presidencia del Gobierno.
Y esta divergencia entre el organismo supervisor de los mercados y los servicios de inteligencia puede ser el aperitivo de lo que se avecina una vez que se apruebe la reforma de la Ley de Seguridad Nacional. El borrador de la futura norma indica que la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex) tendrá poderes especiales para «recabar de cualquier administración, órgano, entidad u organismo público, así como de cualquier persona física o jurídica privada, la información que precise para el ejercicio de sus competencias”. En este nuevo organismo, además de representantes ministeriales y de presidencia del Gobierno, estará el CNI.
LA AMENAZA CHINA… Y RUSA
Fuentes gubernamentales justifican la creación de esta estructura de vigilancia en la posibilidad de que empresas chinas o rusas quieran comprar participaciones de multinacionales españolas para acceder a información crítica en materia de infraestructuras, tecnología o en el ámbito militar. Y es que para fondos de inversión estadounidenses, como KKR, las puertas del IBEX parecen estar abiertas. No en vano el Gobierno autorizó la venta del 49% de la red de fibra óptica de Red Eléctrica (su joya de la corona) a este fondo el pasado diciembre.
Precisamente KKR tiene interés en seguir aumentando su presencia en España y en estos momentos está centrado en aprovechar la consolidación que vive el sector de las telecomunicaciones en nuestro país, un proceso que se enmarca en el contexto de fusiones que va a reconfigurar la estructura corporativa europea y en la que conviven grandes fondos de inversión con operadores industriales y que va reducirá el número de jugadores (y la competencia). KKR es dueño de Más Móvil y quiere aspirar a destronar a Telefónica, para lo cual necesita adquirir las divisiones españoles de Orange o Vodafone y, sobre todo, sortear los problemas regulatorios.
Pero una cosa son los inversores estadounidenses y otra distinta los asiáticos, especialmente si realizan sus operaciones bajo la bandera del Partido Comunista Chino. Un ejemplo de ello es el desembarco de Three Norges en el sector de las energías renovables español donde podría incluso lanzar una OPA sobre una de las grandes eléctricas (todos miran a Iberdrola) de forma similar a lo que hizo en 2018 con la portuguesa EDP. Según el CNI todas las empresas chinas son potenciales espías y, por lo tanto, está justificado limitar su presencia en España.
