Termina el mes de enero y todavía los mercados no han terminado de digerir del todo la intervención del presidente de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) que confirma el fin del programa de compra de deuda en marzo y el inicio de las subidas de tipos de interés en EEUU. Aunque el comunicado de la autoridad monetaria no aportó sorpresas, la torpeza de Jerome Powell y su tradicional dificultad para despejar incertidumbres provocó una ola vendedora que algunos ven como una oportunidad para entrar en Bolsa, mientras que otros –la mayoría– consideran el inicio de un cambio de ciclo económico.
Las últimas cifras de crecimiento publicadas en EEUU reflejan que la economía está recalentada por el microondas de la FED, que en los últimos años ha creado la mayor cantidad de dinero de su historia, lo cual ha llevado a la inflación hasta el 7%, una cifra que no se veía desde los años ochenta del pasado siglo. Y ahora toca bajar la velocidad con el freno de los tipos de interés y, sobre todo, reduciendo el balance del banco central. Y eso son palabras mayores. De hecho es el mayor reto al que se enfrenta Powell, que deberá trasladar a los mercados un calendario y procedimiento creíbles, lo cual hasta ahora no se ha producido.
Aunque no se suela hablar de ello en las crónicas periodísticas, la Reserva Federal lleva interviniendo agresivamente en el mercado REPO desde la última parte de 2019, primero aportando liquidez a corto plazo para evitar el colapso del sistema financiero y ahora realizando la labor contraria: drenando dinero para limitar el efecto nocivo que ha tenido esta barra libre en los cimientos de la economía del país.
Cada día bancos, fondos de inversión y aseguradoras entregan billones de dólares a la FED a cambio de un interés del 0,05% (repo inverso), evitando así que toda ese liquidez inunde el mercado monetario y desplome los tipos de interés por debajo del 0%, entrando en terreno negativo.
De ahí la importancia de la reducción de balance, prevista para después del próximo verano, porque en ese momento la liquidez se reducirá, tanto si no renueva los vencimientos de deuda como si pone en el mercado los activos (bonos USA a 10 años y cédulas hipotecarias) que la Reserva Federal ha estado comprando todos los meses como parte de su mal llamado “plan de estímulos”. Es decir, que la gasolina que ha estado impulsando a Wall Street en los últimos años se acaba y eso es lo que está ahora provocando la zozobra bursátil de la que ya hablábamos la pasada semana, pero que tras la intervención de Powell se ha agudizado.
Un problema adicional que explica la volatilidad actual –además de la incertidumbre sobre la pandemia y el conflicto en el Este de Europa– es que hay dudas sobre la capacidad de la FED para detener la espiral inflacionista. En estos momentos el consenso del mercado indica que habrá cinco subidas de tipos este año de un cuarto de punto, aunque algunos ya hablan de seis. Si las subidas de los precios no se moderan la Reserva Federal deberá ser agresiva y realizar incrementos incluso de medio punto. Es el escenario que manejan los analistas de Pimco, el mayor inversor de bonos del planeta.
SACRIFICAR CRECIMIENTO PARA FRENAR LA INFLACIÓN
Evidentemente sacrificar crecimiento para contener la inflación siempre ha sido el elemento que ha provocado los cambios de ciclo económico y esto explica que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya rebajado sus previsiones de crecimiento, poniendo la mirada en el 2023.
En Europa será el año de la vuelta de las reglas fiscales (aunque se modifiquen) y en EEUU cuando finalice esta ronda de subidas de tipos. China, en cambio, seguirá bajando las tasas de referencia y aplicar medidas de apoyo a su sector financiero debido a su crisis de deuda, cuyo mayor exponente está en el sector inmobiliario.
Todo ello sirve al FMI para reducir su estimaciones de crecimiento global ya para 2022 poniendo el foco, precisamente en la pérdida de vigor de China y EEUU en su último informe. «El crecimiento se ralentiza porque las economías tienen que lidiar con problemas de suministros, inflación elevada, una deuda de récord e incertidumbre persistente», indica la economista jefe de la institución, Gita Gopinath. Un mensaje que choca con el que mantienen gobiernos como el español, que se niega a aceptar la realidad y mantiene el discurso falaz de que estamos viviendo una recuperación económica con sólidos fundamentos.
De hecho el FMI considera que el PIB español creció un 4,9% este año (un 5% dice el avance del INE), una tasa que supone una reducción notable desde su anterior proyección de otoño y que está a años luz del 6,5% previsto por el Gobierno. Nadia Calviño se ha negado en redondo a modificar sus estimaciones –que sirven de base para elaborar lo Presupuestos– y ahora podemos decir sin temor a equivocarnos que se ha tratado de una actitud temeraria que contrasta con la imagen que muchos tienen de la vicepresidenta económica, que aspira a tener un puesto de relevancia en algún organismo supranacional antes de que se hunda el barco español.
REFORMA FISCAL: PAGAR MÁS Y RECIBIR MENOS
Y mientras tanto su compañera de armas en Hacienda, María Jesús Montero, se prepara para aprobar una reforma fiscal que va a castigar aún más a los hogares y las empresas (especialmente a aquellas que no sean premiadas en la lotería del Next Generation EU), con una denominada «armonización» tributaria que va a suponer un incremento de impuestos en una docena de comunidades autónomas. El «comité de expertos» creado por Montero a su imagen y semejanza publicará en las próximas semanas un «Libro Blanco», que servirá de hoja de ruta para seguir exprimiendo a los contribuyentes.
Todo ello mientras sus compañeros en Trabajo y Seguridad Social (Díaz y y Escrivá) elevan las cotizaciones sociales, castigando a los autónomos y poniendo palos en las ruedas del mercado laboral español. Las últimas cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), lejos de ser tan positivas como señalan desde el Palacio de la Moncloa, muestran una preocupante reducción de la tasa de actividad, con un volumen que supera el de los empleos creados en el último trimestre del año. El denominado «efecto desanimo» explica aproximadamente la mitad del descenso de paro en el final de 2021.
Esto implica que las expectativas de los ciudadanos para encontrar empleo se reducen, lo cual muestra que la propaganda política va perdiendo su efecto. Es difícil convencer a la población de que deben pagar más para trabajar, ahorrar y consumir cuando ven cómo la calidad de los servicios públicos se reduce mientras el Fisco registra la mayor recaudación de su historia superando los 220.000 millones de euros. La inflación, el gasto público y las subidas de los gravámenes explican esta cifra que permite a Montero asegurar que «España está en el buen camino frente a los discursos catastrofistas».
Juzguen ustedes mismos estas declaraciones de la ministra que prometió sólo subir impuestos a los ricos y ahora se frota las manos tras esquilmar a las clases medias y bajas. Solo en el Impuesto sobre la Renta, la recaudación en plena crisis rozó la histórica barrera de los 100.000 millones y en el caso del IVA (que grava el consumo) superó los 63.000 millones de euros. Hasta Montero reconoce que «una parte muy importante» del dato histórico de ingresos fiscales «recae» en el colectivo que ella prometió proteger.
CRISIS ENERGÉTICA: EL PROBLEMA NO ES UCRANIA
No podemos terminar nuestro vuelo semanal por la economía son hacer referencia a la crisis energética y el duro golpe que han recibido las familias y empresas españolas al recibir sus facturas de gas y electricidad del mes de enero (o llenar el depósito del coche). El hachazo no por esperado ha sido menos doloroso y mientras la industria observa como pierde competitividad a marchas forzadas, los hogares hacen encajes de bolillos para cuadrar sus cuentas demostrando mucha más pericia y responsabilidad que sus gobernantes.
El coste de la luz sigue sin estabilizarse como consecuencia de los precios del gas y los derechos de CO2, y mientras todos miran a Rusia para reclamarle más suministro, Alemania se niega a autorizar la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2, que solventaría los problemas de suministro en un abrir y cerrar de ojos.
Claro que para España es más importante el gas africano, que tras el portazo de Marruecos ahora depende exclusivamente del gasoducto Medgaz, que aunque ha ampliado su capacidad no alcanza para satisfacer las necesidades energéticas españolas. Y ello obliga a traer buques con Gas Natural Licuado (GNL) –buena parte de ellos de EEUU– lo cual eleva sustancialmente el coste de esta materia prima que nuestros políticos han escogido para servir de respaldo a unas energías renovables que, por el momento, necesitan otras fuentes para evitar cortes de suministro. Al final es la sociedad la que paga los errores de sus gobernantes, y lo hace a precio de oro.
