Los intentos del Gobierno por garantizar la independencia de los jóvenes parece que no van por buen camino. El Bono Joven, aprobado ayer en el Consejo de Ministros y que permitirá solicitar una ayuda al alquiler para los jóvenes menores de 35 años, solo llegará al 1,7% de personas jóvenes emancipadas. El cálculo lo ha hecho el Consejo de la Juventud de España (CJE), que ha advertido que esta medida no da respuesta a su objetivo principal. En España la media de edad a la que los jóvenes se independizan es 29 años, tres por encima de la media europea.
Así, el Bono Joven de alquiler contempla dos supuestos. El primero es que se alquile el piso completo, pero tendría que tener un precio límite de 600 euros según la normativa del Gobierno. Sin embargo, en las dos principales capitales españolas, y según el último Índice Internacional de Alquileres elaborado por HousingAnywhere, un apartamento en alquiler en Barcelona cuesta de media 1.293 euros mientras que en Madrid su precio es de 1.261 euros. Es verdad que la comunidad autónoma podría incrementar ese límite, pero solamente sería hasta los 900 euros.
El otro supuesto que contempla el Bono Joven es que el piso esté alquilado por habitaciones. En este caso, el límite de alquiler puesto por el Gobierno serían 300 euros, ampliable a 450 euros si así lo aprueba cada comunidad autónoma. Este límite también queda algo por debajo de la media de alquiler por habitación en cada ciudad, que según un estudio es de 402 euros en Madrid y de 443 en Barcelona. Igualmente, para este año se prevé un aumento en el precio del alquiler, sobre todo debido a la alta demanda y poca oferta que está habiendo en estos momentos.
En muchas ciudades de España las cifras que maneja el Gobierno no permiten el acceso a una vivienda digna, y más en aquellas zonas tensionadas de las que habla el ejecutivo y que son la principal causa de estos precios. Igualmente, los solicitantes no deberán tener unos ingresos superiores en tres veces el IPREM, es decir, 24.318 euros anuales. Además, desde el Consejo de la Juventud de España han señalado que esta ayuda no es compatible con otro tipo de subsidios como el IMV, ya que más de 350.000 personas jóvenes no pueden solicitarlo debido a sus restrictivos requisitos.
El Consejo de la Juventud ha señalado que el bono no es compatible con otros subsidios
¿QUÉ SOLUCIONES HAY?
La principal y la que reclaman desde todos los ámbitos es el aumento del parque público de vivienda. Algo que vienen demandando los actores del sector inmobiliario desde hace tiempo y a lo que el Gobierno todavía no ha dado ni respuesta ni solución. Además, a esto se suma que la poca oferta de vivienda en alquiler provoca la subida de los precios. El Bono Joven puede estimular el inicio de la independencia de los jóvenes, pero tendrá un impacto limitado en el largo plazo si no se aborda simultáneamente la causa principal.
La partida presupuestaria asciende a 200 millones de euros y afectaría, según el CJE, a un total de 50.000 personas jóvenes emancipadas en España, aunque el Gobierno ha calculado que podrían llegar a beneficiarse hasta 70.000. El Consejo también ha señalado que si esta medida va dirigida a las personas jóvenes no emancipadas solo lograría un 0,7% de alcance entre las 6.694.659 personas jóvenes sin emancipar en España. Por ello, el CJE considera que esta medida es completamente «errónea» y puede convertirse en una «especie de lotería» en la que solo un «puñado» de personas jóvenes en España podrá beneficiarse de las ayudas.
Todos los actores del sector apuntan que es positivo que desde el Gobierno se aborden medidas para solventar la problemática del alquiler, sobre todo entre los jóvenes. Pero también inciden en que todas estas medidas son cortoplacistas, sin abordar realmente el problema de aliviar la tensión que tiene el mercado de la vivienda en alquiler. A su vez, apuntan que el Gobierno debe promover una vivienda disponible, asequible y accesible. «El estado actual de la vivienda en alquiler requiere una solución de fondo» destacan desde HousingAnywhere, «con el fin de frenar la crisis de la vivienda de alquiler, que parece intensificarse si se observan los datos desde el año 2021 hasta el inicio de 2022».
MEDIDAS AMBIGÜAS
En los últimos días se ha conocido también el informe del CGPJ que apuntaba que la ley de Vivienda, una de las medidas estelares del Gobierno, tenía algunos puntos ambiguos. Si bien este primer borrador avalaba dicho anteproyecto de ley, explicaba que algunas partes de la ley tenían «falta de concreción». Finalmente, el pleno del CGPJ rechazó este informe, por lo que deberá ser reelaborado mientras que se pospone su aprobación en el Consejo de Gobierno.
Por otro lado, el CGPJ alertaba que esta falta de precisión se daba por ejemplo en las reglas que determinaban la intervención de precios del alquiler de viviendas. Dentro del anteproyecto que el gobierno ha emitido para la vivienda no se especifican los mecanismos para establecer la limitación de precios, por lo que, según el CGPJ, se deja en manos de los órganos judiciales su cumplimiento.
