El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, reunido este viernes, ha rechazado el informe que avalaba la ley de Vivienda y que se hizo público hace unos días. Dicho informe, realizado por Álvaro Cuesta, no ha logrado el apoyo de todos los vocales, que han votado sobre una primera enmienda presentada por el vocal Enrique Lucas. Esta enmienda ha ganado por 15 votos a 6 la propuesta de informe al anteproyecto presentado por Cuesta, lo que ha hecho que quede automáticamente invalidado. Así pues, se cambiará al ponente que redactará otro informe.
Según apunta El Mundo, la mayor parte de los vocales no han compartido la conclusión del informe de Álvaro Cuesta sobre el título competencial, lo que lleva a que algunas cuestiones deban ser reelaboradas. El informe presentado por Cuesta avalaba jurídicamente la ley de Vivienda, aunque advertía de ambigüedades y falta de concreción en algunos puntos de la citada ley, según explicaba.
El Poder Judicial alerta de que esta falta de precisión se da por ejemplo en las reglas que determinan la intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas. Dentro del anteproyecto que el gobierno ha emitido para la vivienda no se especifican los mecanismos para establecer la limitación de precios, por lo que según el CGPJ, se deja en manos de los órganos judiciales su cumplimiento.
Igualmente, la previsión de control de precios del alquiler tendrá un tiempo para su adaptación dentro del sector. «En el momento en que haya estos índices hará que a corto plazo esta limitación de rentas no tenga ningún beneficios para aquellos que esperan bajadas de alquiler inmediatas», confirma Ferran Font, director general de pisos.com. Es por ello que desde el CGPJ se haya pedido un periodo temporal de aplicación de estas medidas restrictivas, para de esta forma evaluar su incidencia en el mercado del alquiler residencial.
Ahora, los nuevos ponentes del informe serán los vocales José Antonio Ballestero y el propio Enrique Lucas, mientras que el nuevo documento será debatido por el Pleno el próximo día 27 de febrero. Esto llevaría a un nuevo retraso en los planes de la ministra Raquel Sánchez y del gobierno, que esperaban aprobarlo en el próximo Consejo de Gobierno, y ya serían dos veces las que se retrasa la ley. El informe que realizó Cuesta sostenía que el texto del anteproyecto legal pretendía garantizar el cumplimiento de este derecho en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos españoles.
