El culebrón de la línea de tren entre Navalcarnero y Móstoles ha llegado a su fin. OHLA ha recibido 162 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid por la liquidación del contrato. Dicho acuerdo proyectaba una nueva línea de tren entre las localidades madrileñas. Nadie ha querido hacerse cargo de esta obra, que lleva paralizada desde 2010. La crisis económica dejó estancada la construcción de la línea ferroviaria.
Tal y como ha informado OHLA a la CNMV, 123 millones de euros del importe total corresponden a la liquidación de las inversiones realizadas en la ejecución de las obras que sí se acometieron. Los 39,1 millones restantes responde a los intereses de demora desde la fecha en que debió abonarse el anterior importe. Las cantidades se han incrementado en el IVA legalmente aplicable por un importe adicional de 25,9 millones de euros.
En octubre, el TS tumbó el recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En dicha sentencia, se estimaba que la resolución del contrato de este tren de cercanías, al igual que la petición de 356 millones a OHLA, debía ser declaradas nulas.
LAS OBRAS FUERON ADJUDICADAS A CEMONASA, FILIAL DEL OHLA, EN 2009
La Comunidad de Madrid reclamó una indemnización de 356 millones de euros a OHLA como «responsable de los daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato».
La paralización de la construcción de la línea ferroviaria ha perjudicado a gente que se instaló en la zona. Tras 11 años, el proyecto no ha finalizado. OHLA puedo construir 8 kilómetros de línea, las cuáles son totalmente compatibles con las demás líneas de cercanías.
UNA DÉCADA DE PLEITOS ENTRE OHLA Y LA COMUNIDAD
Las obras, con las que pretendían cubrir un tramo de 15 kilómetros, fueron adjudicadas a Cemonasa, filial de OHLA, en 2009. Tras invertirse 140 millones de euros, la concesionaria decidió paralizar las obras.
Tras ello, OHLA y la Comunidad han mantenido un pulso en el que tanto la constructora como la Conunidad han querido sacar tajada. En 2015, la compañía española presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato por «imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles» y reclamando 285 millones de euros de indemnización.
Ante esto y apoyados en un informe del Consejo Consultivo a favor, en 2016 iniciaron un expediente a la empresa imponiéndole 34 millones de euros de penalidades y dándole 16 meses para la ejecución de las obras (plazo que terminó en septiembre 2017).
Tras no obtener respuesta, el Gobierno regional reclamó a la adjudicataria una cantidad de más de 300 millones de euros por «incumplimiento de contrato», mientras que la empresa entró en liquidación en 2017 exigió a la administración más de 370 millones en concepto de responsabilidad patrimonial.
Tras más de una década, el Gobierno regional ha abonado a la constructora 162 millones por una obra inacabada. El proyecto está empezado, aún eso, ninguna constructora quiere hacerse cargo de ello. Por el momento, sigue siendo un tramo ferroviario fantasma.
