La operación de integración de Bankia en Caixabank ha tenido un importante componente político, no sólo porque el Estado español fuera accionista de la entidad heredera de la extinta Caja Madrid, sino porque esta fusión ha tenido el respaldo y el impulso de las autoridades europeas, tanto de la Comisión como del Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo las últimas declaraciones de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, asegurando que el Gobierno no tiene ninguna intención ni plan para abandonar el capital del banco tras el proceso de consolidación no han gustado ni en Bruselas ni en Fráncfort.
Así lo confirman fuentes comunitarias a MERCA2, que consideran que Calviño se ha excedido a la hora de plantear lo que ocurrirá con ese poco más del 16% de Caixabank que posee el Estado español a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
La decisión de aplazar hasta diciembre de 2023 el cumplimiento del mandato para salir de la entidad financiera fue adoptada con el visto bueno de las autoridades europeas, pero una cosa es modificar la fecha y otra muy distinta anunciar que el Gobierno no va a deshacerse de su participación, que le otorga además presencia en el consejo de administración.
España ha solicitado ya tres prórrogas para terminar con la anomalía que supone que el Estado tenga acciones de un banco, lo cual supone un evidente problema de competencia. Dos de estos aplazamientos fueron aprobados por el Ejecutivo del PP, impulsados por el actual vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, que entonces era el ministro de Economía. Ahora, tras la fusión, ha sido Calviño la que ha logrado el respaldo de Bruselas para una nueva prórroga y evitar así tener que vender ese 16% de Caixabank antes de que concluyera 2021.
EL FROB DIJO QUE VENDERÍA TRAS LA FUSIÓN
Esto supone un cambio de planes respecto al calendario que manejaba el Ejecutivo en octubre del pasado año, cuando el presidente del FROB, Jaime Ponce, dijo en una comparecencia parlamentaria que, una vez que se produjera la fusión, se procedería a vender de forma gradual paquetes de acciones para completar la salida del capital de la entidad.
No es la primera vez que este organismo, creado para realizar el rescate financiero en la anterior crisis, juega al gato y al ratón con las desinversiones. De hecho el Estado lleva ya casi una década sin cumplir su promesa en esta materia.
Las fuentes comunitarias consultadas indican que el problema se ha producido tras unas declaraciones realizadas por la vicepresidenta económica al diario Expansión, en las que aseguró que el Gobierno «no tiene ninguna intención en que el Estado salga de Caixabank» y que no existe plan alguno para vender el capital que posee.
La aseveración ha sido especialmente mal recibida en el BCE, que hace un año ya tuvo que recordar a Pedro Sánchez que España lleva tiempo sin cumplir lo pactado en 2012, es decir, que el sector público no puede poseer acciones de bancos privados. «El banco central no espera nada de Calviño, sólo que el Gobierno, a su debido momento, saque al Estado del capital de Caixabank», indican a MERCA2 fuentes cercanas a Christine Lagarde.
LA GENERALITAT DENUNCIA LA «INJERENCIA POLITICA»
Por si ni fuera suficiente con tener la oposición de las autoridades europeas, el Gobierno también está recibiendo presiones desde el nacionalismo catalán, que considera una afrenta que el FROB, organismo dependiente del ministerio de Economía, se siente en el máximo órgano de gobierno de un banco catalán (aunque trasladara su sede a Valencia en 2017 tras la declaración unilateral de independencia).
Ya antes de la fusión, el vicepresidente del ejecutivo catalán, Pere Aragonès, reclamó «un calendario claro de cómo el Estado saldrá del accionariado para evitar cualquier sospecha de injerencias políticas”.
En este sentido, la Generalitat ha manifestado en numerosas ocasiones que esta situación es “anormal” porque Caixabank es líder del mercado bancario español en varios segmentos de negocio y, por ello, esperaba que las autoridades de la competencia y los supervisores bancarios apretaran las tuercas a Calviño, algo que hasta ahora no había sucedido.
esta situación es «anormal» porque Caixabank es líder bancario en varios segmentos de negocio
La razón de que se mantenga esta situación es que la evolución de las cotizaciones bancarias no aconsejan realizar esta venta, ya que eso supondría anotar una cuantiosa pérdida en las cuentas públicas. El paquete accionarial que posee el FROB no vale ni una sexta parte del desembolso que realizó para salvar Bankia, entidad que recibió más de 20.000 millones de euros y que tan sólo ha devuelto unos 3.300 millones.
“Todo el mundo es consciente de que nunca se recuperará la inversión del Estado, pero retrasar la desinversión tiene más un componente político que económico, ya que hasta que no se vende no queda patente que existe una pérdida”, señalan fuentes financieras. Además, “si el Estado está en el capital del banco puede intervenir en las decisiones que tome el consejo, sobre todo en las que tienen que ver con ajustes de plantilla”.
INTERVENIR PARA REDUCIR EL IMPACTO DEL ERE
Precisamente la injerencia gubernamental en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Caixabank es otro de los elementos que ha provocado fricción entre el Gobierno español y las autoridades europeas. Cuando Calviño presionó hace unos meses a la entidad financiera para que redujera el número de trabajadores afectados, las fuentes consultadas indican que “se produjo un notable revuelo” en el seno del BCE.
La institución que preside Lagarde ha reclamado a los bancos españoles que reduzcan costes y ajusten su tamaño, un proceso que la vicepresidenta española ha obstaculizado para reducir el impacto político del ajuste laboral de Caixabank.
Este roce se produce en un momento dulce para Calviño, tras convertirse en la candidata europea para presidir el Comité Monetario y Financiero Internacional (IMFC), que es el principal órgano asesor del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Aunque no se admita en el Palacio de La Moncloa el objetivo de la vicepresidenta es tener un puesto de relevancia en algún organismo internacional y ya optó a dirigir el FMI cuando Lagarde dejó de ser su directora gerente. Si logra dirigir en el IMFC compaginará su labor con su cargo en el Gobierno español, al menos hasta la próxima cita electoral, que será –si no hay adelanto– en la segunda mitad de 2023.
