Con el megavatio hora (MWh) a 339,84 euros en el mercado mayorista este lunes, la crisis energética supera cada día sus propias marcas alcistas. Y, si el final de año se presenta complicado, los primeros meses de 2022 pintan todavía peor. Mientras que la fiscalidad se ha reducido en la factura de la luz para contener el impacto del precio medio de la electricidad en el mercado diario o pool, la dependencia del gas exterior y el coste de los derechos de emisión de CO2 seguirán disparando el precio de la energía. Si bien, poco o nada se puede hacer para intervenir en los países productores de gas, que venderán al precio más alto y al mejor postor, ¿por qué la Unión Europea no toma medidas que sí están en su mano para acabar con la especulación en el mercado de emisiones de carbono?
La Unión Europea (UE) es la máxima responsable del disparatado aumento sin control del precio de los derechos de emisión de CO2, un precio que, en este mes de diciembre, ya está habitualmente por encima de los 80 euros la tonelada mientras que, cuando comenzó el año, se situaba en el entorno de 30 €tn.
Desde Bruselas se sigue mandando el mensaje de cero concesiones a los combustibles contaminantes, fomentando una descarada especulación con los derechos de emisión de carbono y sin pensar en los tremendos daños que está causando en miles de industrias, que se ven ahogadas por sus facturas de gas y de electricidad.
No son pocos los analistas que han puesto sobre la mesa una de las medidas que podría sacar adelante la UE para dar un poco de oxígeno a empresas, industrias y, en consecuencia, a los ciudadanos en general, que asumen el daño colateral de la situación. Esta medida pasaría por establecer una moratoria por un año de la normativa sobre la emisión de CO2, máxime en este año que ha supuesto una explosión de productividad en todo el mundo, tras el parón producido en el año 2020 por la pandemia.
El consejero delegado de Aleasoft, Antonio Delgado Rigalt, ya avanzaba a finales de septiembre que el Gobierno debería haber negociado con el resto de los mandatarios europeos en Bruselas, desde principios de año, y haber conseguido atajar el repunte del precio de las emisiones de CO2, que «está disparado». Eso depende «de Europa y si hubiera una moratoria por ejemplo de un año, traería una reducción de lo que es el precio de mercado entre un 20% y un 35% y, hacer eso, está en manos de los políticos europeos».
Entretanto, Europa permanece impasible. No mueve ficha. « No hemos alcanzado conclusiones», reconoció al respecto el canciller alemán, Olaf Scholz, en una rueda de prensa junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras finalizar la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del último Consejo Europeo del año.
Era de esperar, porque la desunión de los miembros de la UE en este aspecto es evidente. Pero los ciudadanos necesitan de acuerdos y que los dirigentes se dejen de jugar a la geopolítica con algo tan importante como el precio de la energía.
LOS FONDOS DE INVERSIÓN SE FROTAN LAS MANOS
Los derechos de carbono de la Unión Europea han atraído el interés de muchos inversores de todo el mundo por un factor clave: su imbatible rentabilidad. En el último año y medio, su precio se ha multiplicado casi por cinco, aunque es mayor si se pone el punto de partida antes. Así, los EUAs, el nombre del ticket con el que se los localiza, se han convertido en todo un fenómeno financiero habiendo obtenido rendimientos más altos que el índice S&P o los fondos mutuos ESG de Estados Unidos.
Los grandes halcones de las finanzas han encontrado en estos derechos una inversión segura y de altísima rentabilidad. Ese elevado rendimiento se basa sobre todo en el empecinamiento de la Unión Europea en no dar su brazo a torcer pese al alto coste que supone para las empresas. Y ante esa seguridad, que puede resultar bastante sospechosa, se han lanzado al mercado a por un producto con poca oferta y cada vez más demanda.
«Los especuladores consideran que es un sector de alguna manera protegido y el capital está yendo hacia este tipo de valores», afirmaba Ismael Romeo, CEO de SendeCO2, en el programa Alto Votaje de Negocios TV. Precisamente en la web de la empresa se puede ver el ascenso meteórico que ha tenido el precio de este nuevo ‘producto financiero’, en los últimos años, en los que la UE ha endurecido su política verde.
HISTORIA DE UN PRECIO SIN CONTROL
Así, se puede comprobar cómo en el enero de 2008, cuando se empezaron a comercializar, su precio era de unos 22 euros la tonelada. En diciembre de ese año había bajado hasta poco menos de 15 euros y en febrero de 2009 la media se situó en 9,41 euros. Fue en mayo de 2013 cuando se registró el precio medio más bajo de la historia con 3,51 euros. Y el precio medio de ese año fue de 4,45 euros, el más bajo hasta la fecha.
Sin embargo, tras un 2017 con un precio medio de 5,83 euros, en 2018 el valor de los derechos de emisión de CO2 empezó a subir ante la presión de la UE sobre los emisores, y se situó en los 15,88 euros de media. En 2019 y 2020 (este año debido al parón mundial por la pandemia) el precio medio rondó los 24,80 euros, y ha sido en 2021 cuando se ha desbocado definitivamente.
El año comenzó con un mes de enero a 33,43 euros de media y noviembre acabó a 66,04 euros, prácticamente el doble. Pero lo peor es que el precio medio de lo que llevamos de diciembre se sitúa en los 82 euros aproximadamente, y subiendo. El 8 de diciembre se pagó el precio más alto de cuantos hay registrados hasta la fecha con 88,87 euros.
La burbuja de este producto financiero no hace más que inflarse e inflarse y la UE permanece impasible, sin hacer nada para evitarlo.
O MORATORIA, O MÁS DERECHOS EN VENTA
Las voces más representativas del sector de las grandes empresas han denunciado el escaso porcentaje de derechos de emisión de CO2 que la UE pone a la venta cada año y solicitan que se aumente en situaciones de crisis como la actual.
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, pidió a finales de verano a Bruselas y a los gobiernos europeos más derechos de CO2 en el mercado en el mercado mientras no haya mecanismos de ajuste en frontera y dure la tensión en los precios de la electricidad.
Cada año se ponen a disposición de los compradores unos derechos de emisión de CO2 determinados. Más o menos la mitad de esos derechos, en torno a 900 millones de derechos, se asignan de forma gratuita a determinados sectores industriales y, la otra mitad, es decir, otros 900 millones, se subastan.
Prácticamente cada día se subasta una parte de los derechos disponibles y «alrededor del 70% – 80% de derechos que se subastan actualmente van a parar a manos de operadores no naturales, como fondos de inversión, entendiendo por naturales aquellas empresas industriales que los necesitan para realizar su producción», señala Romeo.
Mientras esas industriales son las principales víctimas de la especulación y, por supuesto, de la inacción de la UE a la hora de encontrar una solución.
LA UTILIZACIÓN DEL CARBÓN AUMENTA EL PRECIO
Las subidas sin límite del precio del gas, han obligado a varios países a seguir quemando carbón, que sale más barato, pero que requiere de más derechos de CO2 porque es más contaminante. Ante la necesidad de adquirir más derechos de emisión de CO2, estos suben su precio de manera descontrolada.
Así, hay países que ya se están planteando tomar soluciones drásticas, como en el caso de Polonia, uno de los díscolos de la UE, que aprobó hace unos días una resolución que pide a los países de la Unión Europea que suspendan el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE y tomen medidas para reformarlo. Pudiendo incluso plantearse la posibilidad de salirse del sistema unilateralmente si no se establece un precio fijo y sensato a estos derechos.
