La Cámara de Comercio de España ha puesto a disposición de todas las pymes una herramienta gratuita de autodiagnóstico para medir su grado de madurez en materia de sostenibilidad ASG (ambiental, social y de buen gobierno), que estará disponible ‘online’ y permitirá en cinco minutos obtener un diagnóstico y recomendaciones en materia ambiental, según afirma la Cámara en un comunicado.
La iniciativa se desarrolla a través de la red de las Cámaras de Comercio Territoriales y busca dar una solución a la creciente demanda por parte de las grandes compañías a las pequeñas empresas de incorporar estándares mínimos en materia de sostenibilidad ambiental, social y de buen gobierno.
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, se ha referido a la medida afirmando que las pymes, que en España representan el 99% del tejido productivo, «no pueden permanecer ajenas a un modelo de reactivación económica basado en la sostenibilidad.
«El foco lo hemos puesto tradicionalmente en la internacionalización, innovación y digitalización. Ahora tenemos que añadir la sostenibilidad como palanca de competitividad empresarial. Las grandes empresas tienen plenamente incorporada la sostenibilidad como un eje estratégico de su gestión. El reto está en que las pequeñas y medianas empresas también lo hagan», ha explicado.
Por otro lado, las Cámaras de Comercio han puesto también en disposición de las pequeñas y medianas empresas una plantilla para realizar reportes ASG, de manera que se pueda elaborar un informe básico de defensa del medio ambiente, que incluya los aspectos e indicadores más relevantes, y ayude a las empresas a planificar acciones de mejora y medir su progreso.
Todas estas medidas se engloban en el programa de sostenibilidad para pymes, que se desarrolla en dos fases: la primera, a través de un diagnóstico gratuito para la empresa respecto a su impacto ambiental; y en la segunda, a través de la implantación de las soluciones establecidas en el diagnóstico. Las empresas participantes reciben una ayuda entre el 40% y el 85% de la inversión realizada sobre un máximo de 7.000 euros en función de la comunidad autónoma.
