El empecinamiento verde de la Unión Europea, con una hoja de ruta inflexible hacia la transición ecológica ha creado un mercado especulativo mundial con los derechos de emisión de CO2 que está hundiendo a cientos de empresas y amenaza con provocar una crisis industrial sin precedentes, con especial incidencia en España.
Esta semana el precio de la tonelada de CO2 se sitúa en el entorno de los 70 euros, pero varios analistas coinciden en que en 2022 se podrían alcanzar los 100 euros por tonelada si se sigue manteniendo el entorno favorable al alza del precio.
Los costes de producción para muchas empresas españolas se han disparado y en algunos casos (como ArcelorMittal, Sidenor o Fertiberia) han tenido que realizar paradas en la producción en días en los que era inasumible pagar por la energía los precios exigidos. Otras empresas producen sin margen de beneficio e incluso a pérdidas, para no perder a determinados clientes, fundamentales para su futuro.
Los especuladores se sienten seguros operando en este mercado de CO2 que consideran protegido
Ismael Romeo, CEO de SendeCO2, hacía un claro análisis de la situación, «en octubre de 2020 el precio de la tonelada de CO2 estaba a niveles de 23 euros y el miércoles 1 de diciembre se ha situado por encima de 77 euros», precisaba en declaraciones a Negocios TV.
Este aumento desproporcionado se debe a una combinación de factores, entre los que destaca poderosamente «un componente especulativo muy importante amparado por una voluntad firme de la UE de fijar una señal de precio que sea lo suficientemente potente como para incentivar los cambios tecnológicos y reducir el uso del combustible fósil lo antes posible».
AMBICIÓN ECOLÓGICA DESMEDIDA
De cara a los objetivos para 2030 y 2050, el nivel de ambición de la Comisión Europea es cada vez es mayor y genera consecuencias directas en los precios. «Los especuladores consideran que es un sector de alguna manera protegido y el capital está yendo hacia este tipo de valores», afirmaba Romeo.
La ambición en los objetivos de sostenibilidad es la clave para que los derechos de emisión de CO2 sigan subiendo, porque desde Europa siguen diciendo que no van a intervenir en ese precio por lo que seguirá subiendo y, por lo tanto, hundiendo la competitividad e incluso la viabilidad de gran parte de la industria española.
Romeo reflejaba fielmente la situación: «Cada año hay unos derechos de emisión de CO2 disponibles. Más o menos la mitad de esos derechos, en torno a 900 millones de derechos, se asignan de forma gratuita a determinados sectores industriales y la otra mitad, es decir, otros 900 millones, se subastan».
Prácticamente cada día se subasta una parte de los derechos disponibles y «alrededor del 70-80% de derechos que se subastan actualmente van a parar a manos de operadores no naturales, entendiendo por naturales aquellas empresas industriales que los necesitan para realizar su producción», apuntaba el experto.
Y ese es precisamente «el drama en el que nos encontramos», ya que «es un mercado abierto en el que cualquiera puede participar, pero hay una serie de instalaciones industriales, que sí o sí, tienen que contar con esos derechos» y cuando se les acaban los que se les han dado de forma gratuita, tienen que acudir al mercado y pagarlos al precio que marque el mercado.
«Imaginemos al director financiero de una empresa cualquiera que en octubre tiene un precio de 23 euros y pocos meses después se encuentra que el precio ha subido a prácticamente 80 euros. A esas empresas la especulación les está haciendo mucho daño», añade Romeo.
Este año 2021 ha dejado movimientos impensables hace apenas unos meses, sin que nadie haga nada por evitarlo. «Los precios actuales son aproximadamente, más del doble del precio que se estimaba que habría para 2030», asevera CEO de SendeCO2. La teoría está bien, «la señal de precio es potente para determinar el objetivo, pero siempre que se cuide en no pasarse».
Reino Unido que está fuera del sistema europeo de reparto de derechos de emisiones, ha fijado para el 14 de diciembre una reunión para tratar de ver, qué se puede hacer con este aumento de precios de los derechos de emisión de CO2.
EL GOBIERNO NO PENSÓ EN LAS CONSECUENCIAS
Los objetivos de sostenibilidad fueron aumentados por la Comisión Europea, y el Gobierno español se alió con el grupo de países que exigía dureza con las emisiones de CO2 y un aumento del precio de los derechos de emisión. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica hace meses que no saben qué hacer para poner coto a este descontrol y la industria española hace meses también que venía avisando de lo que podía pasar y ahora presiona cada día más por una solución.
Ni en el Gobierno español, ni en la Comisión Europea pensaron en las consecuencias que podría tener ser tan ambiciosos en los retos ambientales. «Cuando el precio estaba a unos 6 ó 7 euros/tonelada, -desvela el CEO de SendeCO2-, se creó una especie de Banco Central de Derechos, que lo que pretendía era garantizar la estabilidad del precio, reducir la volatilidad y aumentar de alguna manera la certidumbre». Todo lo contrario de la situación que se está viviendo en Europa.
UN MECANISMO DE ESTABILIDAD QUE NO FUNCIONA
En un momento de precios muy bajos, que no interesaba a los dirigentes porque las empresas los pagaban sin problemas y tenían vía libre para emitir todo el CO2 que quisieran, «ese mecanismo lo que hizo fue retirar liquidez del mercado vía subastas, es decir, se subastaban menos derechos de los que se podían subastar y eso hizo subir el precio». Ese mecanismo también establece «un umbral de precio a partir del cual el mecanismo funciona a la inversa, es decir, parte de esa liquidez se inyecta para que el precio no se dispare», comenta Romeo.
¿Qué es lo está pasando entonces? Pues que esto funciona con una especie de algoritmo que nadie sabe con exactitud cómo actúa, pero que se considera que para que el MSR (siglas en inglés de la reserva de estabilidad de mercado, instrumento de la Comisión Europea para poder intervenir el precio del derecho en el mercado de CO2), «pudiera inyectar liquidez e intervenir como hizo cuando los precios eran muy bajos, el precio que deberían alcanzar los derechos tendría que ser el doble del precio medio de los últimos dos años».
Ese doble del precio medio de los últimos dos años «se calculó sobre la base de un precio de siete u ocho euros, con lo cual estaríamos hablando de un precio en torno a los 16 ó 18 euros para intervenir y sacar a subasta más derechos. Pero con la subida exponencial que ha habido, el precio medio de los últimos dos años pues igual estamos hablando de 40 euros», explica.
En este contexto, intervenir en el momento en que se alcance el doble del precio medio de los últimos dos años, «sería irnos a los casi 90 euros más o menos. Pues seguramente cuando llegue el precio a los 90 ó 100 euros, posiblemente pudiera haber algún tipo de intervención, pero mientras tanto, tal y como está diseñado hoy el mecanismo, no da demasiado margen de maniobra», concluye Romeo.
Hasta ahora la Comisión Europea ha sido reacia a implementar medidas adicionales a la comentada. A corto plazo no se ve que pueda haber una mejora sustancial de la situación. En el escenario actual, los especuladores se sienten seguros operando en este mercado, sienten que su inversión está protegida porque saben que la voluntad política es de que el precio de los derechos de emisión de CO2 esté alto y, por lo tanto, los fundamentales tienen un peso limitado y prima la especulación pura y dura.
