El entramado energético español sigue revuelto. El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) comandado por Teresa Ribera maniobra para bajar el recibo de la luz; y las consecuencias afectan a múltiples empresas. Esa derivada, además, ha llevado a que las compañías entren en conflicto por sus intereses particulares y su propia actividad. El último ejemplo afecta a energéticas como Repsol, Cepsa o Acciona Energía en relación con las medidas que se pretenden adoptar con respecto al mercado eléctrico.
En concreto, ante las recientes informaciones que señalan que el Miteco estaría valorando excluir a los generadores de renovables que perciben la retribución específica (Recore), para crear un mercado que ofrezca una tarifa a los clientes domésticos a un precio intervenido, la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha enviado una comunicación destacando la necesidad de evitar cruzar líneas rojas que puedan alterar, de forma perniciosa para la libre competencia y liberalización del mercado eléctrico, la actual configuración del mercado eléctrico.
En dicha organización se encuentran nombres de primer nivel empresarial como Repsol, Cepsa, BP, Acciona Energía, Aldro, Feníe Energía o Total, entre otras tantas. La singularidad en este caso es que las compañías ligadas a otras actividades energéticas, como la petrolera presidida por Antonio Brufau, ya tienen un frente abierto con el ministerio con respecto a Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). De esta forma, el choque derivado de las acciones del Gobierno se refleja en las consecuencias que puede haber.
En este caso, según las informaciones publicadas recientemente, el departamento de Teresa Ribera estaría valorando excluir a los generadores de renovables, cogeneración y residuos que perciben la retribución específica establecida en el régimen del (Recore), dando lugar a la configuración de un mercado paralelo al actual mercado diario de energía con el objetivo de proporcionar una tarifa a los clientes domésticos a un precio intervenido.
Cada empresa va mostrando sus intereses en el conflicto energético
Desde el punto de vista de las comercializadoras, si esta medida se aplicara sin matices, implicaría un freno inmediato a la liberalización del mercado minorista y un potencial trasvase masivo de clientes a la tarifa doméstica que se implantase, al constituir una tarifa artificialmente reducida con la que los comercializadores libres no podrían competir.
Además, consideran que tendría el potencial de romper el esquema completo de financiación a través de la actividad de representación a generaciones independientes, la cual les provee de una fuente de circulante financiero que hace viable su actividad. Lo que puede, por tanto, poner en peligro la continuidad de las mismas.
LAS POSIBLES CONSECUENCIAS
Ante esta coyuntura, ACIE ha remitido una comunicación urgente al ministerio solicitando evitar que se crucen determinadas líneas rojas que puedan alterar, de forma perniciosa para la libre competencia y liberalización del mercado eléctrico, la actual configuración del mercado eléctrico, la participación de las renovables en competencia con otros agentes dentro de un mismo mercado, y la actual configuración de los servicios de representación de agentes independientes con las limitaciones vigentes a los agentes incumbentes.
De alterarse la actual estructura del servicio de representación los comercializadores perderían una fuente de financiación de aproximadamente 1.000 millones de euros y tendrían que depositar con fondos propios una ingente cantidad de garantías ante OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía). Además de suponer la generación de posibles conflictos entre comercializadores y los productores afectados en relación con los contratos de cobertura que pudieran haber suscrito.
«Los comercializadores llevamos costeando a pulmón los retrasos de pago en el covid de los clientes, los no cortes de suministro ante impagos, la reducción del IVA, y de cumplirse estas medidas, la viabilidad de las comercializadoras independientes se verá alterada», añade el presidente de ACIE, Javier Bescós.
