Teresa Ribera mantiene el pulso con las eléctricas en un intento desesperado de ganar tiempo para no tensionar todavía más las relaciones entre los socios de Gobierno, puestas al límite estos días con la retirada del acta de diputado a Alberto Rodríguez (Unidas Podemos) y por la negociación de la reforma laboral. Por lo pronto, la ministra para la Transición Ecológica solo ha anunciado una modificación parcial del ‘decretazo’ que aprobó el Gobierno el pasado 14 de septiembre y que castiga a las eléctricas con una minoración de sus beneficios en unos 2.600 millones de euros.
Pero las eléctricas, especialmente Ignacio Sánchez Galán y José Bogas, le han exigido por activa y por pasiva mucho más que eso, por lo que se antoja complicado que consiga acabar con la guerra abierta desde hace ya más de un mes y que pone en peligro el apoyo a corto plazo de las grandes eléctricas a la Transición Ecológica.
RETOQUE AL ‘DECRETAZO’
Las críticas de las eléctricas durante las últimas semanas han obligado a Ribera a forzar en el Consejo de Ministros una aclaración al ‘decretazo’, a pesar de la opinión del sector Podemos del Ejecutivo, que estos días pasados, lejos de aceptar una minoración del recorte, proponía endurecer los términos, y elevar del 90% al 99% la devolución de beneficios extraordinarios a partir de un determinado nivel de rentabilidad.
Ribera sobre Galán, «tengo poco más que decir respecto a las palabras de ningún ciudadano»
Esa aclaración consiste en aplicar la minoración de los beneficios solo a aquellas compañías que no ofrezcan un precio fijo a la industria. Ribera ha explicado que quedarán exentos de esa minoración del 90% de los beneficios para aquella generación de electricidad que se beneficia de los elevadísimos precios del gas natural, aquellos contratos a precio fijo que se hayan firmado con anterioridad a la aprobación del anterior Real Decreto, es decir, antes del 14 de septiembre.
Además, también ha informado de que quedarán exentas de esa minoración las eléctricas que hagan un contrato fijo a la industria y le den cobertura durante al menos un año. «Si hay una parte de la luz vendida a la industria indexada al precio del mercado sí tendrá que hacer esa minoración», ha puntualizado Ribera.
Sin embargo, la ministra ha dejado caer en varias ocasiones que “en paralelo sabemos que hay algunas medidas que debemos seguir estudiando y trabajando en un escenario complejo” y que puede haber más modificaciones, en un solapado mensaje de que si las eléctricas y los inversores siguen presionando, puede haber más modificaciones a su favor.
«EL CIUDADANO» GALÁN
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, lanzó un nuevo pulso estos días a la ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno proponiéndole no aumentar los precios de la electricidad a las industrias si se retiraba el ‘decretazo’ aprobado en el mes de septiembre.
Sobre esta propuesta por parte de Galán, la ministra, con cierto tono irónico, ha respondido este martes que «lo que corresponde es que cada cual hablemos de lo que conozcamos más que dar lecciones a los demás», añadiendo que «confío en que todos aquellos que se han comprometido pública y privadamente a mantener los contratos en los términos en los que los firmaron, a extenderlos o ampliarlos, cumplan su palabra tal y como habían dicho». «Tengo poco más que decir respecto a las palabras de ningún ciudadano expresadas libremente cuando le parezca oportuno», respondió restando importancia a la trascendencia económica de las palabras del presidente de Iberdrola y equiparando la figura de Galán a la de «un ciudadano» más.
Desde el Ministerio se ha constatado, por el testimonio de varios representantes de la industria electrointensiva, la pérdida de competitividad de las mismas por el aumento en el precio de la luz, y si las eléctricas incrementaran los precios podría ser devastador para el sector. De hecho ya se han dado casos de fábricas que han cerrado varios días por no poder producir a esos precios.
Para seguir siendo competitivas, las industrias españolas no pueden repercutir el incremento del precio de la electricidad en sus productos, o corren el riesgo de no poder ponerlos en el mercado, ante la competencia feroz de otros países que no sufren la crisis energética con tanta virulencia como en España.
LOS CONSUMIDORES QUE PAGARÁN COMO EN 2018
Aunque para muchos puede haber pasado desapercibido, Teresa Ribera ha dejado entrever ya la imposibilidad de que aquellos consumidores con contratos acogidos al PVPC, es decir, sujetos al mercado regulado, paguen lo mismo que en 2018. Los precios del MWh, a más de 200 euros de media durante 14 días de este mes de octubre, hacen imposible que de aquí a final de año se pueda ajustar ese pago tal y como se comprometió a cumplir el presidente del Gobierno.
Esa promesa de Pedro Sánchez parece que se convertirá en otra más de las incumplidas, ya que según la propia ministra sólo se cumplirá para aquellos consumidores acogidos al mercado libre, gracias a todas las rebajas aprobadas en los costes fijos del recibo.
CHEQUE DE 90 EUROS PARA EL INVIERNO
La acción que ha quedado más clara tras la intervención de Ribera ante los medios ha sido la aprobación de un cheque de 90 euros por hogar para cubrir las necesidades de calefacción de los consumidores vulnerables que ya se acogen al llamado bono social térmico. Huelga decir que es la forma que más sencilla para acallar las quejas de los consumidores, ante la falta de soluciones reales para corregir los problemas de raíz. Desde ciertos sectores de la oposición ya se habla de otro cheque para comprar votantes.
Ribera hacía este anuncio justificando la prioridad de las medidas detalladas en el nuevo decreto ley aprobado para contener los efectos que el alza de los precios energéticos sobre los consumidores y empresas.
Se trata de un cheque adicional a las ayudas que ya reciben estos consumidores vulnerables por medio del bono social térmico, ante las sucesivas subidas en los precios de la electricidad y del gas registradas desde hace meses.
Ribera ha señalado que el cheque estará disponible a partir de diciembre y que a tal fin, el departamento que encabeza liberará las partidas económicas necesarias que serán distribuidas a las comunidades autónomas para el abono de esta ayuda.
Asimismo, el Gobierno ha aumentado los descuentos que ya se aplican al bono social eléctrico y al que se acogen 1,2 millones de hogares. Los descuentos pasarán ahora del 25% al 60% de forma general y del 40% al 70% para los casos severos.
