Pablo Casado, tras finalizar el recuento en la noche electoral del 10 de noviembre de 2019, ya dejó claro a los españoles que el Partido Popular ejercería su labor de oposición con responsabilidad.
Desde entonces, ha sido firme denunciando las innumerables mentiras, la desmesurada opacidad en la gestión y los continuos abusos legales y constitucionales que llevan perpetrando Pedro Sánchez y su gobierno desde el mismo día de su constitución.
Pero, y aquí se demuestra la responsabilidad del líder de la oposición, Pablo Casado también ofreció a Pedro Sánchez su apoyo para que el gobierno de España no se apoyase en radicales.
En la primera reunión que Pablo Casado tuvo con Sánchez tras el 10N le ofreció 11 pactos de estado: presupuestos; respuesta común al desafió soberanista catalán; gobernabilidad en Navarra no dependiente de los herederos de ETA; nueva ley electoral; pacto educativo para dar estabilidad y calidad al sistema; pacto contra la despoblación y contra la violencia de género; acuerdo sobre pensiones; un pacto por una política internacional y de defensa responsable; un pacto Nacional del Agua y, finalmente, un acuerdo sobre infraestructuras.
Una oferta que Sánchez rechazó porque, desde el primer momento de su mandato, ha dejado claro que se siente cómodo en la radicalidad.
Sánchez decidió no pactar los presupuestos porque entonces no podría subir los impuestos como le exigía el Partido Popular. Eligió gobernar con el apoyo de los herederos de ETA en Navarra y en España e indultar a los independentistas catalanes en lugar de pactar con los constitucionalistas.
Decidió que era mejor rebajar la calidad de nuestra educación permitiendo pasar de curso con varias asignaturas suspensas. Y decidió imponer peajes o permitir una escalada explosiva y continuada del precio de la luz a pactar con el líder de la oposición una política de estado en cuanto a infraestructuras o sectores clave para la economía como es el eléctrico.
Durante la pandemia, las propuestas del Partido Popular continuaron siendo numerosas y constantes: ley de pandemias, planes para apoyar a los sectores más golpeados por el virus o propuestas para renovar las principales instituciones del país de acuerdo a la Constitución y a los estándares democráticos de la Unión Europea.
Uno de los grandes ejes del gobierno de Pablo Casado será el reforzamiento institucional y, tras anunciarlo en la pasada convención, demostró en el Congreso de los Diputados que, a diferencia de Pedro Sánchez, no miente.
Por ello, ofreció al Presidente del Gobierno dejar a un lado el bloqueo existente, avanzar en el cumplimiento del mandato de nuestra Carta Magna y renovar los órganos constitucionales pendientes, Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.
Sánchez más por necesidad que por virtud, ante la caída también constante y explosiva del PSOE en las encuestas dignas de tal nombre, no las del “chef Tezanos”, ha aceptado las condiciones del Partido Popular.
Demostrando que el principal partido de la oposición tenía y tiene razón: hay otra forma de gobernarquerespeta la ley y la separación de poderes vital en cualquier democracia plena y que ofrece estabilidad institucional y seguridad jurídica, fundamentales a la hora de atraer inversiones y recuperar la prosperidad y el empleo perdidos por la nefasta gestión socialista.
(*) Antonio González Terol, vicesecretario general del PP
