Las pequeñas constructoras que trabajan para los grandes fondos de inversión que gestionan la cartera de la Sareb –el banco malo creado en 2012 para limpiar a la banca de los «activos inmobiliarios tóxicos»– están preocupadas por la decisión de la sociedad de paralizar obras en viviendas. Estas empresas que trabajan para los servicers inmobiliarios están recibiendo órdenes de detener los trabajos por cuestiones presupuestarias, lo cual afecta a decenas de actuaciones.
Esta parálisis se produce justo cuando Sareb, sociedad participada por el Estado, ha iniciado el proceso de selección de las firmas que se encargarán de gestionar 30.000 millones de euros en activos a partir del año que viene, que es cuando vencen los contratos actuales. Los aspirantes son Solvia, Altamira, Anticipa, Hipoges, Servihabitat y Haya, aunque está ultima ya renegoció su contrato hace más de un año.
Fuentes de una de las constructoras que trabaja para estos servicers indican que antes del verano ya había rumores de que se paralizarían los trabajos en algunas promociones inmobiliarias por problemas presupuestarios y en actuaciones de reforma (denominadas adecuaciones), especialmente las del proyecto Esparta. Sin embargo las ordenes de paralización no han llegado hasta ahora.
“Esta ultima semana han dado instrucciones a varios servicers para que determinadas obras (bastantes) a nivel nacional se paren estén como estén y nos dicen que es porque no hay presupuesto. El caso es que a muchas de ellas les falta muy poco para terminar ¿y ahora que hacemos con todo el material comprado? Porque además la ultima certificación valida es la de agosto-septiembre”, señala a MERCA2 el director de unidad de negocio de una constructora que ha sido afectado por la orden.
Por su parte, desde Sareb se quita hierro al asunto indicando que el problema sólo afecta a unas pocas decenas de promociones y que se trata concretamente de los trabajos de adecuación, es decir, los que se realizan para poner a punto los inmuebles que van a salir al mercado. “No tiene nada que ver con los contratos para la construcción de viviendas y la finalización de obras, en los que no se da ninguna situación de parálisis. No afecta al proyecto Esparta”, señala un portavoz de la sociedad de gestión.
«Lo que estamos haciendo es adecuar los ritmos de ejecución de los trabajos a la absorción de cada tipo de inmueble»
«Tenemos unas 200 promociones en las que se están realizando esos trabajos y solo en menos de una treintena de ellas se han replanificado las tareas. No se trata, por tanto, ni de algo generalizado ni de una mayoría, sino de todo lo contrario, a juzgar por los datos. Lo que estamos haciendo es adecuar los ritmos de ejecución de los trabajos a la absorción de cada tipo de inmueble y a la estrategia de la compañía, enfocada a optimizar e incrementar su valor y mejorar el proceso de venta«, añade Sareb.
En cuanto a los servicers que optan a la inmensa cartera de activos de la sociedad de gestión, sus portavoces respaldan lo indicado por Sareb descartando que la parálisis de los trabajos tenga relación con la renegociación de los contratos. Sin embargo, fuentes financieras que trabajan con estas firmas temen que el objetivo de esta decisión sea presionarlas para que hagan ofertas a la baja en la renegociación para el reparto de los citados 30.000 millones de euros en activos.
INSEGURIDAD JURÍDICA Y DISCRECIONALIDAD
Como consecuencia de todo ello, las constructoras que realizan las tareas de adecuación y cuyos trabajos se han visto detenidos indican a este diario que replantearán también su estrategia de negocio ante la falta de seguridad jurídica y la discrecionalidad con la que, a su juicio, se está llevando el proceso. “Sinceramente sabiendo que el Estado tiene un 45% de la Sareb y que el resto son bancos me fio poco de realizar inversiones de material en grandes proyectos sin ver luces al final del túnel”, apuntan las fuentes consultadas.
Precisamente el Gobierno pretende hacerse con el 100% del capital de Sareb en marzo de 2022, logrando el pleno control de la sociedad, de la que ahora posee un 45% a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Sin embargo hay muchos elementos de esta operación que están en el aire, como por ejemplo decidir qué departamento ministerial se hará cargo de su modelo operativo, o determinar cómo se realizará la salida de las entidades financieras del capital (entre las cuales destacan CaixaBank, Santander y Sabadell). Además, cuando se produzca la nacionalización total Sareb debería cumplir la Ley de Contratos del Sector Público, al pasar a manos estatales por mandato europeo.
ELUDIR LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
Esta cuestión no es baladí, ya que si se produce la adjudicación de la millonaria cartera de activos antes de que el FROB se haga con el 100% de Sareb entonces el proyecto Esparta (ahora denominado Esparta II) no se verá restringido por la citada Ley de Contratos y, por lo tanto, no habrá rangos de precios tasados que hagan menos atractiva la gestión de las promociones. Por eso Sareb está acelerando la renegociación de las condiciones a finales del presente ejercicio.
Otro elemento que provoca incertidumbre sobre el futuro de la sociedad de gestión es la nueva Ley de Vivienda que ha iniciado su tramitación parlamentaria y que afecta a los mayores tenedores de inmuebles, como la propia Sareb. Unidas Podemos lleva tiempo reclamando a su socio de Gobierno que la sociedad ceda parte de sus activos para engrosar el parque de vivienda en alquiler, algo que supondría un misil en la línea de flotación de la entidad y que no sería bien visto por las autoridades europeas.
Y mientras todo esto sucede, la empresa que preside Javier García del Río está en pleno proceso de desinversión de activos no estratégicos –fundamentalmente créditos para la compra de solares y hoteles– con una valoración que ronda los 500 millones de euros, lo que representa aproximadamente una tercera parte del importe inicial.
Sareb intenta hacer caja para afrontar su propio proceso de reestructuración accionarial de cara a su nacionalización total. No en vano el pasado abril la oficina estadística de la UE (Eurostat) obligó al Gobierno español a incorporar la sociedad de gestión al perímetro de cuentas del Estado, lo que provocó un aumento del déficit público de 10.000 millones de euros y de 35.000 millones en la rúbrica de deuda pública.
