Si nadie lo impide, la entrada en vigor del plan de choque del Gobierno frente a la crisis de la luz obligará a cientos de instalaciones de energías renovables en España a vender a pérdidas, a denunciar los contratos e, incluso, a paralizar su producción durante el período de vigencia de la norma. Tras este anuncio por parte de la patronal del sector (APPA), la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha tenido que reconocer la necesidad de cambios o matizaciones en la redacción del Real Decreto. Por lo pronto, se reunirá con las empresas implicadas en las medidas tomadas.
La improvisación del Gobierno con las medidas adoptadas en el mercado eléctrico ha puesto patas arriba al sector energético. Los errores cometidos en la redacción del Real Decreto-Ley 17/2021 aprobado con prisas y sin consenso con las partes afectadas del sector, van a obligar a Ribera a modificar alguno de los puntos más importantes, si el Ejecutivo quiere evitar un aluvión de denuncias en los juzgados.
Tras más de cuatro meses de subidas continuas y exageradas del precio de la energía, el Gobierno sacó a la luz un Real Decreto-Ley a toda prisa, para intentar cumplir la promesa a los españoles del presidente, Pedro Sánchez: a final de 2021 pagaríamos lo mismo que en 2018, sin valorar las consecuencias.
A la vista de los efectos causados, parece claro que esas normativas aprobadas, no fueron lo suficientemente estudiadas, ni valoradas antes de incluirlas en el Real Decreto publicado ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Y es que la medida de la minoración de retribución que recoge implica, con su redacción actual, un efecto retroactivo implícito sobre cientos de instalaciones renovables que, a partir de esta misma semana, afectará gravemente a su viabilidad.
LOS EMPRESARIOS DE LAS RENOVABLES REACCIONAN
«El impacto que la norma tendrá sobre numerosos proyectos eólicos y fotovoltaicos con coberturas de precios y contratos de compra venta de energía a largo plazo (PPAs) hará que los propietarios o las contrapartes del contrato pierdan dinero con cada MWh inyectado en la red» aseguran desde la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), en un comunicado emitido de urgencia poco después de la publicación de la norma.
La patronal del sector renovable no puede comprender cómo no se ha tenido en cuenta esta situación antes de llevar al Consejo de Ministros las propuestas, ya que el efecto puede ser devastador.
Por su parte, la Unión Española Fotovoltáica (UNEF) ha reconocido que en estos momentos «estamos valorando las implicaciones de las diferentes medidas incluidas en el Real Decreto-ley 17/2021, como hacemos ante cualquier novedad regulatoria», así como que han «solicitado informes a nuestros servicios jurídicos y también hemos efectuado consultas externas para valorar este alcance, también a los servicios técnicos del MITECO».
Se muestran cautos y no quieren avanzar más datos, «todavía estamos estudiando las implicaciones del plan de choque y pendientes de recibir respuestas a todas las consultas planteadas».
EN JUEGO LA INVERSIÓN DE 241.000 M€
El Gobierno juega a la ruleta rusa con la recuperación económica en España, en un momento especialmente crítico, y pone en solfa la inversión de 241.000 millones de aquí a 2030 de su propio plan de renovables.
Según las estimaciones del propio Gobierno, el 80% de esa inversión debe salir del sector privado, algo que ahora parece imposible tras el tsunami provocado desde comienzos de semana.
Sin una seguridad jurídica plena, la inversión en España se verá afectada. Desde hace meses, el sector energético español estaba atrayendo a muchos inversores extranjeros, que ahora optan por huir de unos valores que no generan la confianza anterior debido al intervencionismo del Gobierno en sus beneficios.
Sin la inversión extranjera y con las compañías con sus beneficios y su valor reducidos, por las caídas continuas en Bolsa (Endesa e Iberdrola perdieron más de 7.500 millones de euros de su valor en tres días), se antoja complicado encontrar ese dinero para cumplir el Plan estrella del Ejecutivo.
Y no sólo los gigantes energéticos, también otras cotizadas del sector renovable como Acciona, Grenergy o Audax han sufrido en el mercado bursátil a causa de las medidas aprobadas por el Gobierno para rebajar el recibo de la luz.
Parece claro que el Gobierno se ha pegado un tiro en el pie, por las prisas con las que ha redactado un Decreto-Ley defectuoso, cortoplacista y pensado más para lavar la imagen de un Gobierno paralizado durante meses que para solucionar la crisis de la luz.
¿NADIE PENSÓ EN LOS PEQUEÑOS ACCIONISTAS?
El jueves, los accionistas minoritarios agrupados en la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) se sumaron a las muestras de rechazo de las grandes eléctricas, mostrando su total malestar con el Real Decreto-Ley.
Se cuentan por cientos de miles los pequeños accionistas que han confiado en las grandes eléctricas españolas y que han invertido a lo largo de muchos años sus ahorros en ellas, por lo que, ante el desplome de las acciones de Endesa e Iberdrola, anunciaron que impugnarán ante la justicia, tanto española como europea, esa obligación de devolver hasta 2.600 millones de euros de beneficios porque la medida «causa un claro daño al patrimonio de los accionistas de las compañías eléctricas».
Sánchez respondió en el Congreso de los diputados a las acusaciones de la oposición por las medidas adoptadas aludiendo que «lo justo es que arrimemos todos el hombro. El Gobierno va a defender siempre el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés particular».
El presidente olvida que los miles y miles de accionistas minoritarios de las empresas eléctricas son ciudadanos que, con lo que han perdido esta semana en la Bolsa podrían pagar varios años las subidas del recibo de la luz. El sector eléctrico tradicionalmente se ha caracterizado por ser uno de los más defensivos y menos volátiles del mercado, una cualidad que ha saltado por los aires estos días a consecuencia de la decisión del Gobierno.
