Arranca una semana de infarto para los mercados financieros con todas las miradas puestas en China y en su coloso inmobiliario, Evergrande, que se enfrenta a un colapso sin precedente en la reciente historia del gigante asiático. Los inversores consideran a este grupo el nuevo Lehman Brothers pero el Gobierno de Xi Jin Ping no está dispuesto a dejarle caer. El too big to fail vuelve a la palestra en esta segunda década del siglo XXI, un momento histórico en el que China aspira a destronar a Estados Unidos no sólo en el ámbito tecnológico sino también en el monetario.
En las últimas horas el agujero de 300.000 millones de dólares que tiene Evergrande se está reduciendo porque está compensando parcialmente sus problemas de liquidez entregando a sus acreedores bienes raíces. Los inversores en productos de gestión patrimonial del grupo podrán elegir entre apartamentos, oficinas, espacios comerciales o aparcamientos a precio reducido como método de reembolso, según la propuesta difundida por Reuters.
La prensa financiera china calcula que hay unos 6.000 millones de dólares en este tipo de activos, que son los que están en manos de inversores minoristas, esos que se manifiestan en las sedes de la empresa y cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo. A pesar de que las acciones se han derrumbado más de un 80% en lo que va de año –y de que numerosos analistas advierten del riesgo de contagio fuera de las fronteras del país asiático– el Gobierno de China sigue diciendo que no está entre sus planes realizar un rescate. Más bien parece una actitud de cara a la galería, ya que nadie duda de que el PCCh le salvará si no es capaz de llegar a acuerdos con sus acreedores, bancos incluidos.
Mientras tanto, en EEUU la Reserva Federal sigue drenando liquidez todos los días mediante los famosos repos inversos, retirando cantidades astronómicas en un intento desesperado para frenar la inflación. Jerome Powell coincide en sus intervenciones públicas con Janet Yellen en que el incremento de precios es coyuntural, pero es un secreto a voces que se trata de un elemento estructural, es decir, que ha venido para quedarse.
Y justo en un momento en el que se debate sobre el futuro de la política monetaria y el esperado tapering (retirada de estímulos) un escándalo ha copado las portadas de los medios financieros norteamericanos. Resulta que, miren ustedes por donde, altos funcionarios del banco central han estado realizando inversiones con información privilegiada. Uno de ellos es el presidente de la FED de Dallas, Robert Kaplan, quien realizó múltiples operaciones por más de 1 millón de dólares en 2020, incluyendo la compraventa de acciones de Apple, Amazon y Delta Air Lines.
En su defensa podrá argumentar que es algo que también realizan los congresistas, empezando por Nancy Pelosi que en diciembre del pasado año compró, junto a su marido el inversor Paul Pelosi, opciones de Tesla a un precio de más de medio millón de dólares. No es la única política cuyas finanzas están bajo sospecha ya que la propia Yellen, secretaria del Tesoro de EEUU (equivalente a nuestra ministra de Economía) recibió más de 7 millones de dólares de bancos y empresas tecnológicas cuando dejó la presidencia de la Reserva Federal. Y es que las conferencias dan para mucho, si no que se lo digan a José María Aznar o a Baltasar Garzón, entre otros ilustres del escenario patrio.
LA ELECTRICIDAD LOCA
Y precisamente de España toca hablar ahora, país al que todos miran después de que el Gobierno haya protagonizado la enésima chapuza de regulación del sector eléctrico. El último Real Decreto con el que se pretende reducir el incremento del coste eléctrico para familias y empresas no sólo castiga a las compañías que generan electricidad con ciclos combinados (gas) y energía nuclear, sino que también afecta a las eólicas y fotovoltaicas. Todas las empresas del sector han amenazado con parar centrales y el caos reina en el sistema energético español. Los afectados amenazan con llevar la nueva reforma a los tribunales, es decir, que el riesgo regulatorio –lejos de reducirse– sigue aumentando y los fondos de inversión están poniendo el grito en el cielo.
Y en el sector financiero la cuestión clave es el de los impagos tras las moratorias covidianas, con un impacto que algunos sitúan ya en los 8.000 millones de euros. Los bancos españoles ha aplazado préstamos por casi 170.000 millones de euros, de los cuales cerca del 90% han vencido ya. Y según las cuentas semestrales presentadas por las entidades cerca de un 5% de estos préstamos ha sido apuntado en la columna de fallidos. De momento estos impagos no se reflejan en la morosidad oficial, que sigue en niveles bajos, los menores de la última década, con una media inferior al 4,5%. Pero en algún momento habrá que levantar las alfombras y comprobar el estado real de los activos y pasivos bancarios.
Las secuelas pandémicas no sólo afectan a las finanzas, sino también a la industria y especialmente al motor, sector que sufre los problemas de suministro de componentes y que todavía no se ha recuperado del golpe que han supuesto las restricciones a la movilidad para la demanda de vehículos. La tormenta perfecta se completa con la ofensiva política para acabar con los combustibles fósiles, potenciando coches eléctricos cuyo precio está al alcance sólo de unos pocos y que requieren de cuantiosas subvenciones.
Como consecuencia de todo ello Seat anunció la semana pasada que prorroga su Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta 2022, alejando las esperanzas de aquellos que pensaban que al cierre de este año los problemas se habrían solucionado. No es extraño que la plantilla de uno de sus principales competidores, Renault, tema que el actual ERTE, prorrogado el pasado junio, acabe convirtiéndose en un ERE que ponga a miles de trabajadores a la calle, mientras la dirección gala se lleva parte de la producción a Corea del Sur.
Y ante esto ¿qué hace el Ministerio de Trabajo? Subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y preparar una reforma de los ERTES para extenderlos más allá de diciembre. La ministra Yolanda Díaz quiere hacer de esta figura su bálsamo de Fierabrás particular para maquillar la tasa de paro que, a pesar de todas las manipulaciones estadísticas, es de las mayores del mundo desarrollado.
En un momento en el que las empresas necesitan tener flexibilidad y reducir costes, las decisiones políticas (en empleo y energía) les dan la puntilla. Por no hablar del tema fiscal, cuya verdadera cara veremos la próxima primavera cuando el “comité de expertos” de la señora María Jesús Montero, nuestra querida ministra de Hacienda, publique su informe para justificar el mayor hachazo tributario de la democracia. Abróchense los cinturones porque se acercan turbulencias.
