La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, comparecerá por primera vez ante el Congreso de los Diputados el próximo jueves, 16 de septiembre, para dar cuenta de las líneas generales que llevará adelante en su departamento, una cita que llega tras la suspensión de la inversión del Gobierno central en la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.
Sánchez accedió al cargo de ministra el pasado mes de julio en la remodelación del Gobierno diseñada por el presidente Pedro Sánchez y la salida del entonces titular de Transportes, José Luis Ábalos.
Habitualmente, los nuevos miembros del Ejecutivo suelen desfilar por la Cámara Baja al poco de tomar posesión. Sin embargo, al ser julio un mes inhábil a efectos parlamentarios, la comparecencia se pospuso a septiembre, con el inicio del curso parlamentario.
En concreto, la ministra de Transportes, exalcaldesa de Gavá (Barcelona), está citada este jueves a las 16.00 horas en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con la que se ‘estrenará’ en el ruedo parlamentario.
La comparecencia de Sánchez llega días después de que el Ejecutivo anunciase la suspensión de la inversión acordada en un principio con la Generalitat de 1.700 millones de euros destinada a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat por falta de «confianza» del Govern.
«Confieso que las declaraciones públicas tanto del presidente de la Generalitat y de su portavoz estos días nos ha sorprendido muchísimo. Transcurrido algo más de un mes, consideramos que el pacto se ha quebrado por una pérdida de confianza manifiesta», lamentó la ministra, tras anunciar la suspensión.
Fue la propia ministra quien anunció a principios de agosto un acuerdo con la Generalitat en el seno de la Comisión Bilateral, que fue sellado por el Ministerio y el vicepresidente Jordi Puigneró (Junts).
ARAGONÈS NO RENUNCIA A LA INVERSIÓN PERO NO ACEPTARÁ PRESIONES
Ante la polémica decisión de suspender el proyecto, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tachó el anuncio de «chantaje» y aseguró que el Gobierno no quiere invertir en Cataluña. El presidente aseguraba que la Generalitat buscaba concretar desde el consenso entre administraciones la fórmula para ampliar la infraestructura y que esto ha provocado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se haya «echado atrás».
«El Govern considera que las inversiones –y más en el caso de una de tanta trascendencia– se tienen que llevar a cabo mediante el diálogo y el consenso, nunca desde la imposición», advirtió Aragonès.
Por ello también afirmó que no renuncia a la inversión, avisando, no obstante, de que se debe hacer en consenso y que no aceptará la «maniobra de presión» del Gobierno central, una posibilidad que la propia ministra de Transportes ya ha descartado para esta legislatura: «Es una oportunidad perdida», lamentaba Sánchez.
AENA PLANTEA ANALIZARLO DE NUEVO «DENTRO DE CINCO AÑOS»
Otro de los actores fundamentales en este tema es el gestor aeroportuario Aena. Tras la suspensión del proyecto, su presidente, Maurici Lucena, planteó analizar de nuevo el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat «dentro de cinco años, si las circunstancias en Cataluña han cambiado y hay un sustrato político que ve más adecuada esta inversión».
Lucena acusó al presidente de la Generalitat de rechazar e ir «deformando» a través de declaraciones públicas el mismo proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona que el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, aceptó a principios de agosto en una reunión con el Gobierno.
EL PP YA HA EXIGIDO EXPLICACIONES TRAS LA SUSPENSIÓN
El Grupo Parlamentario Popular ya ha registrado la comparecencia de la titular de Transportes para que de explicaciones en relación al desistimiento por parte del Gobierno de la inversión de 1.700 millones de euros para la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat y su consolidación como ‘hub’ intercontinental.
El portavoz de Transportes del GPP, Andrés Lorite, también ha registrado una batería de preguntas escritas al Gobierno sobre las declaraciones de la ministra en las que aseguraba que existe una «deuda histórica» en materia de infraestructuras en Cataluña.
En el listado, figuran preguntas como «¿cuál es la relación de comunidades autónomas en las que el Gobierno considera que existe una deuda histórica en materia de infraestructuras?»; «¿en qué datos objetivos se basa el Gobierno para asegurar que en determinadas comunidades autónomas existe una deuda histórica en materia de infraestructuras?», y «¿cuál es la cuantía económica que estima el Gobierno en la que se cifraría la deuda histórica en materia de infraestructuras en Cataluña a la que hacía referencia la ministra?».
CONSENSUAR LA LEY DE VIVIENDA
También entre sus funciones tras asumir la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Sánchez tiene el reto de consensuar la Ley de Vivienda, cuya negociación entre los socios de Gobierno actualmente está bloqueada y acumula ya los nueve meses de retraso, al persistir las diferencias sobre la fórmula de regular el alquiler.
No obstante, el pasado mes de julio, la ministra de Transportes y su nuevo equipo mantuvieron una reunión con una delegación encabezada por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha servido para retomar los contactos con vistas a la elaboración de la Ley.
Precisamente, esta regulación formó parte del acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para los actuales Presupuestos, pactando aprobar en enero esta ley en el Consejo de Ministros e iniciar en febrero su tramitación en el Congreso. Para ello, la ley debía contemplar la regulación del precio de los alquileres y posibilitar rebajas en los precios en zonas tensionadas.
Sin embargo, las reticencias del PSOE a la hora de desarrollar esta regulación, apostando por incentivos fiscales y no por posibilitar la intervención de las administraciones, ha encallado las negociaciones. El retraso alcanza ya los nueve meses y Unidas Podemos no acepta otra fórmula que no sea la de poder ‘congelar’ y bajar los alquileres en zonas tensionadas.
El desbloqueo de esta normativa cobra relevancia de cara a la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2022, dado que el Ministerio de Hacienda y Función Pública quiere cerrar con Unidas Podemos la nueva Ley de Vivienda.
NUEVO SISTEMA DE PEAJES DE CARA A 2024
Otro de los temas más polémicos del Departamento es el compromiso del Ejecutivo de tener listo el nuevo sistema de peajes en todas las autovías del país antes del 30 de junio de 2022, con el fin de comenzar a aplicarlo en el año 2024. Ante esto, Sánchez ya se ha pronunciado públicamente y ha descartado volver a aplicar peajes como los que había hasta ahora.
Cabe recordar que el pasado 1 de septiembre, todos los peajes entre Zaragoza y la costa Mediterránea y entre Francia y Tarragona, así como otros tramos que también discurren por Cataluña, tuvieron que levantar sus barreras y pasaron a ser gratuitos para todos los usuarios.
Se trata, en total, de algo más de 550 kilómetros por los que un turismo pagaba en torno a 58 euros para recorrerlos, un dinero que los conductores se ahorrarán a partir de ahora, al menos hasta que el nuevo sistema de peajes sea implementado en toda España, como planea hacer el Gobierno en 2024.
