La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere mantener el liderazgo en España como ha demostrado durante la pandemia. El hito de haber superado a Cataluña como la Comunidad con mayor PIB no es fruto de la casualidad, sino de la gestión.
Díaz Ayuso continúa con su política de libertad económica y una menor burocracia. Por este motivo, ha anunciado la supresión de todos los impuestos propios. La decisión es toda una declaración de intenciones en la guerra fiscal que enfrenta a las Comunidades gobernadas por el PSOE contra Madrid, especialmente desde Valencia y Baleares.
La eliminación de estos impuestos no supone un gran ahorro para los madrileños. Apenas representa el 0,02% del total de la recaudación, pero es una muestra más de la gestión económica del equipo de Isabel Díaz Ayuso de cara a atraer inversión y hacer más fácil el día a día de a quienes pagan tributos.
El PP de Madrid ha prescindido del cobro de tributos sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería, sobre depósito de residuos y un recargo en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Si bien éste último no recaudaba ni un solo céntimo, al estar situado en el 0%, su eliminación obligaría a un segundo gobierno a instaurarlo.
EL MOVIMIENTO DE AYUSO SE PRODUCE EN PLENA GUERRA POR LA FINANCIACIÓN
Además, el primero de ellos pasa a ser estatal, como el segundo, debido a los cambios normativos del Gobierno. Madrid era hasta este miércoles la única Comunidad que aún cobraba por el juego. De esta forma, sólo dependerá de la recaudación de los tributos cedidos y de la financiación autonómica para poder realizar los Presupuestos.
La comparativa con otras regiones es sangrante para éstas. Madrid se ha convertido en la primera comunidad en eliminar estos tributos, mientras Cataluña instaura otros nuevos, para elevar su recaudación fiscal. En concreto, la administración de la Generalitat alcanza 15 impuestos propios. Podrían ser aún más, pero el Tribunal Constitucional ha tumbado hasta cuatro. La diferencia entre Madrid y Cataluña se evidencia en la recaudación por estos tributos. Los de Ayuso apenas han percibido 3,4 millones de euros frente a los más de 670 que recauda Cataluña, y aún más a partir del próximo año por su nuevo impuesto al CO2, que se comenzará a cobrar en mayo del próximo año.
CATALUÑA, AL FRENTE DE LOS IMPUESTOS PROPIOS
Cataluña no sólo lidera el ránking de impuestos propios, sino también impone un doble gravamen en algunos bienes esenciales. Así, los contribuyentes abonan grandes facturas en el agua por el canon de la Generalitat, el IVA del Gobierno y los tributos que imponen algunos municipios, como Barcelona. No es de extrañar que para un consumo de apenas 22 euros haya que abonar casi 80. Los grandes propietarios también pagan más por tener sus viviendas vacías.
También una tasa a los residuos procedentes de la construcción y otra por la incineración de residuos municipales. Las grandes superficies y la tasa turística, dos euros por persona y noche, también forman parte de este conglomerado tributario. Los catalanes abonan dinero por la emisión de gases contaminantes de la aviación y la industria y por los depósitos bancarios. También existe el impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre los activos no productivos de las personas jurídicas.
Asimismo, la factura de la electricidad es más cara en Cataluña por el impuesto a la producción de energía nuclear y también el canon para el sector audiovisual, que recae especialmente sobre las operadoras. Estos agravios dificultan la actividad económica y suponen un sobrecoste en el nivel de vida de los catalanes frente al resto de España.
Las arcas de Madrid no se verán apenas afectadas, aunque con esta caída de la tributación si habrá que ajustar gastos en la Administración, una buena medida que se encamina a la libertad económica prometida por Díaz Ayuso durante su campaña electoral. El resto de comunidades autónomas aún no puede decir lo mismo.
EL SANEAMIENTO DEL AGUA, EL PRINCIPAL MOTIVO DE LOS 75 IMPUESTOS PROPIOS QUE AÚN PERDURAN
Por el momento, eliminando los tres tributos propios de Madrid, el resto de comunidades soporta 75 tributos propios, que recaudan la friolera de casi 2.500 millones de euros, tan sólo el 2,7% de la recaudación total. En Madrid, apenas alcanzaba el 0,02%. Andalucía, con ocho tributos propios, se sitúa tras Cataluña. Asturias, con siete, copa el podio. Galicia y Murcia tienen instaurados seis impuestos autonómicos, mientras que Canarias, Aragón y Valencia ostentan aún cinco. Baleares y Cantabria registran cuatro y tres, respectivamente, mientras que las dos Castillas cierran este sangrante listado con dos.
Por recaudación, Canarias ronda los 500 millones de euros anuales. Casi un 40% menos recauda Valencia, 300 millones. Más alejada de esa cifra se encuentra Baleares, con más de 200 millones. Las dos últimas del ránking apenas suman cerca de 10 millones de euros, mostrando así su alta dependencia de la financiación autonómica.
La mayoría de la recaudación de estos impuestos se centra principalmente en el agua. De hecho, cerca del 80% de los ingresos totales de estos tributos corresponden al saneamiento de este bien esencial. En Andalucía, por ejemplo, supone el 90% de la recaudación total, mientras que Madrid lo ha suprimido con anterioridad a este nuevo mandato de Ayuso. En 2016, este tributo a tener el 25% de la cuota total de los tributos propios de Madrid, según los datos del Consejo General de Economistas.
GUERRA JUDICIAL A LA VISTA POR LA ARMONIZACIÓN DE SUCESIONES Y DONACIONES
Con estos datos y con acusaciones de ‘dumping fiscal‘ contra Madrid, el Gobierno ha preparado su ofensiva contra la baja fiscalidad frente al grito de libertad económica que defienden los de Díaz Ayuso. Para la armonización fiscal en toda España, el Gobierno prepara tipos mínimos en los impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, pero tiene complicado introducirlo debido a que son impuestos cedidos y bajo gestión autonómica. Una intromisión en estos impuestos podría desatar una guerra judicial.
A diferencia del resto de regiones, Madrid ha bonificado al 100% el impuesto de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, frente a la alta fiscalidad que mantienen otras Comunidades Autónomas, como Asturias. Este impuesto ha desaparecido por completo en los países de la Unión Europea, pero ningún Gobierno en España se ha atrevido a suprimirlo.
Por ahora, las declaraciones del Ejecutivo en este sentido se han alineado con las del presidente de Valencia, Ximo Puig, que trata de tender puentes con Andalucía para tratar de contar con apoyos dentro del propio Partido Popular. Sin embargo, los de Juanma Moreno descartan emprender una guerra fiscal contra Madrid.
