El Estado y la Generalitat levantan las barreras de los peajes en cuatro autopistas tras 52 años de concesión. Este 1 de septiembre se pone fin a la gestión privada en la las autopistas AP-7 (Salou-La Jonquera), AP-2 (El Vendrell-Zaragoza), C-33 (Barcelona-Montmeló) y C-32 Norte (Montgat-Palafolls). En total, 425 kilómetros pasan a ser gratuitos a partir de este miércoles, pero aún no se ha aclarado cómo se mantendrán estas vías.
Transportistas y usuarios se beneficiarán de la medida. Los primeros, con un ahorro de unos 2.000 euros anuales. Los segundos evitarán tomar la decisión sobre la idoneidad de escoger entre las rutas de pago o las nacionales y comarcales, más peligrosas y lentas debido a que la mayoría atraviesa poblaciones. Sin embargo, el fin de estas concesiones deja un agujero en las arcas de la Generalitat, que tendrá que hacerse cargo del mantenimiento de las carreteras C-31 y C-32, y otro al Estado, por la AP-7 y AP-2. Por otro lado, cerca de 350 empleados de las concesionarias de peaje Acesa e Invicat han dejado de trabajar tras el ERE aplicado en las filiales del grupo Abertis.
Quien usa, paga; quien contamina, paga
Este coste, por el momento, irá a cargo de los Presupuestos. Es decir, todos los catalanes pagarán usen o no las vías, como se trata a la Sanidad y a la Educación. Sin embargo, hay voces críticas sobre esta forma de mantener las carreteras, pero no hay consenso. Quienes han criticado los peajes durante la última década exigen poner fin de forma definitiva al pago.
LOS AGRAVIOS EN EL MARESME POR LOS PEAJES
Y es que, hay municipios en Cataluña cuya alternativa más factible son las vías de peaje, como ocurre con el Maresme (Barcelona). Volver a imponer en la costa norte de Barcelona el peaje sería un nuevo agravio para estos habitantes. Otros, más alejados de estas vías, consideran que debe pagar quien lo utilice. Un pago injusto para quien se desplaza para trabajar. De hecho, las plataformas contra los peajes están comenzando a unirse porque no se fían en absoluto de que esta liberación sea permanente.
Sin una postura común, la Generalitat y el Estado han lanzado durante los últimos meses distintos globos sonda. El más polémico es convertir en carreteras de peaje todas las autovías y autopistas de España, una medida que se ha comprometido el Gobierno con Bruselas para activarla en 2024.
La Generalitat, por su parte, trata de implantar la viñeta, a imagen y semejanza del modelo suizo, pero sin barreras. Es decir, o bien el usuario pagaría una cantidad anual o bien habría una conexión inalámbrica con los vehículos para realizar el pago, como se venía haciendo hasta ahora con el teletac. El principal problema al que se enfrenta el Ejecutivo catalán es la falta de sintonía con el Gobierno central para implantar un sistema de peaje propio.
LA GENERALITAT BUSCA IMPLANTAR UN ÚNICO SISTEMA DE PAGO PARA PEAJES
Por este motivo, el vicepresidente del Govern y conseller de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha exigido el traspaso de todas las competencias en materia de carreteras a Cataluña, similar al que tiene el País Vasco, aunque tampoco sin competencia para aplicar sus propios sistemas de pago.
En Euskadi, la Diputación de Guipúzcoa puso hace cinco años peajes en la A-1 y la A-15 a los transportistas. Sin embargo, la medida ha sido tumbada por los tribunales hasta en tres ocasiones debido a que se modificaba la normativa para continuar cobrándolos. El canon atenta contra el «principio de no discriminación«, recogido en la normativa de la Unión Europea.
La idea de la Generalitat es implantar una tarifa fija anual, pero sólo en las carreteras que serían de su competencia. De esta forma, no se aplicaría ni en la AP-7 ni en la AP-2 evidenciando un nuevo agravio en las zonas del litoral barcelonés. Según Puigneró, «no sería razonable» aplicar esta tarifa en unas carreteras y no en otras de la misma capacidad. A su juicio, el cobro de la viñeta sería igualitario para todos los usuarios.
El futuro del mantenimiento de estas carreteras, por ahora, serán sufragados por todos. Y es que, la aplicación de la viñeta de Puigneró sería a partir de 2023, justo cuando termina la legislatura en Cataluña, y aún hay otras cuatro carreteras de peaje cuyas concesiones terminan entre 2037 y 2039, como los túneles del Cadí y distintos tramos de la C-16. Es decir, habría baremos distintos a la hora de cobrar los peajes, incluso en las carreteras de la propia Generalitat. En total, hay ahora en Cataluña 130 kilómetros de peaje.
Para Puigneró, la solución pasaría por obtener todas las competencias de carreteras, mientras que el Estado se niega. «Que nos traspasen las carreteras a la Generalitat, como en el País Vasco», ha asegurado. El vicepresidente de la Generalitat alerta, por otro lado, del riesgo de un mantenimiento deficitario.
LA FISCALIDAD VERDE Y FINALISTA
La implantación de un sistema de pago en las carreteras de alta capacidad en toda Cataluña no es nueva. Damià Calvé, antecesor de Puigneró, exigía un modelo de tarificación «finalista», pero medioambiental. En total, una recaudación de casi 1.000 millones anuales. Calvet y JxCat son partidarios del pago por uso. «Quien usa, paga; quien contamina, paga«, afirmó. Asimismo, deslizó que el imponer el peaje en todas las autovías es tan solo un «globo sonda», al coincidir con el anuncio con este fin de los peajes. Por el momento, la Generalitat, todos los catalanes, tendrán que abonar 30 millones para el mantenimiento de estas vías, 10 veces menos de lo que cuesta TV3.
Los ‘peajes en la sombra’ son otra de las formas que tiene la Generalitat para mantener las carreteras. Estos costes, como el de la C-25, se sufragan en función del tráfico. Esta medida se impuso en seis vías durante los gobiernos autonómicos tripartitos, con el PSC, ERC e ICV. De esta forma, quien abona es la Administración a la concesionaria de forma directa.
Así se encuentran el Eje de Aro, entre Maçanet y Playa de Aro, la C-17 entre Vic y Ripoll, la C-35, la C-65 entre Maçanet y Playa de Aro, la C-16 entre Sant Fruitós de Bages y Berga, la C-25 entre Cervera y Caldes de Malavella, la C-14 entre Reus y Alcover y la C-15 y la C-37 entre Vilanova y la Geltrú y Manresa.
