El responsable de Empleo del PSOE, Toni Ferrer, considera que la reforma de pensiones debe ir acompañada de una profunda reforma y modernización del mercado laboral, que fortalezca las relaciones colectivas de trabajo y erradique la precariedad provocada por la temporalidad injustificada y la parcialidad involuntaria, que afectan fundamentalmente a los jóvenes y mujeres.
«Las pensiones son el resultado de la carrera de cotización de los trabajadores, y es obvio que la mejor garantía para mantener la suficiencia y la sostenibilidad del sistema público de pensiones pasa por poder alcanzar que todas las personas tengan empleos con derechos y salarios dignos, en el marco de una fiscalidad justa», ha remarcado Ferrer en su artículo ‘La reforma de pensiones, una mejora para el conjunto del sistema’.
El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 7 de julio, el anteproyecto que recoge el primer bloque de la reforma integral de las pensiones, que el Gobierno de PSOE-UP tiene previsto finalizar en 2022.
Según ha destacado Ferrer, este primer bloque recoge aspectos «clave» para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas actuales y futuros, modernizar el sistema y asegurar su sostenibilidad financiera ante los desafíos demográficos, como el que supondrá la jubilación de la generación del ‘baby-boom’.
El socialista ha recordado que este impulso al sistema se produce después de diez años sin acuerdos sociales sobre la Seguridad Social -el anterior acuerdo del diálogo social sobre pensiones se firmó en 2011-, criticando que la reforma de pensiones del PP de 2013 se realizó «sin consenso político ni diálogo social».
«Una reforma unilateral del sistema de la Seguridad Social que, en combinación con la regresiva reforma laboral de 2012, provocó la consiguiente precarización del mercado de trabajo, que llevó al sistema público de pensiones a un profundo déficit», ha apuntado.
Los contenidos del acuerdo han sido valorados positivamente por la opinión pública, las organizaciones firmantes y amplios sectores de los pensionistas, que ven sus pensiones garantizadas por las medidas pactadas, aunque también ha recibido críticas por parte de algunos sectores de la opinión pública.
En opinión de Ferrer, estos últimos, que han manifestado su decepción sobre el corto alcance del acuerdo social, están «instalados en el catastrofismo» sobre el futuro del sistema público de pensiones y les ha rebatido que las medidas adoptadas son de gran calado para la sostenibilidad del sistema.
A éstos se han sumado, según Ferrer, algunos sindicatos y colectivos históricamente enfrentados con el Pacto de Toledo y la reforma pactada en 2011, que mostraron su rechazo al acuerdo al considerar que el texto consensuado no recoge las reivindicaciones que en los últimos años vienen planteando, y atribuyen a la reforma pactada recortes en las jubilaciones anticipadas, aumento del periodo de cálculo de las pensiones o privatización de las pensiones con la previsión social complementaria, cuestiones éstas últimas que ni siquiera se han tratado.
Frente a esto, el responsable de Empleo del PSOE ha señalado que esas afirmaciones son desmentidas por los propios contenidos del acuerdo alcanzado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con los interlocutores sociales, que en gran parte se asienta en el Acuerdo para la Reforma y Fortalecimiento del Sistema Público de Pensiones de 2011 (recogido por la Ley 27/2011), que de forma pactada y no traumática amplió el periodo de cálculo de las pensiones a 25 años en 2022 y elevó la edad jubilación a los 67 años en 2027.
