Cataluña prosigue con su asfixia fiscal al sector energético. El Govern de Pere Aragonés ha aprobado sus nuevas trabas a los promotores de proyectos renovables, junto con nuevas tasas e impuestos. Todo con el fin de recaudar cerca de 145 millones de euros en plena crisis energética por el incremento disparado de los precios de la luz. La Generalitat, además, ha prorrogado sus cuentas, manteniendo intactos sus impuestos ‘verdes’.
La Generalitat había centrado sus impuestos y tasas energéticos en las nucleares, hasta ahora. A partir de este mes, se impone un nuevo castigo a los productores de energía, que tendrá efectos negativos para las empresas propietarias de las dos centrales nucleares, pero también a las seis plantas de ciclo combinado.
El nuevo régimen fiscal verde se impone también a todas las redes de transporte eléctrico, incluidas las torres de telecomunicaciones. Quedarán exentas las instalaciones de autoconsumo, así como renovables y cogeneración de alta eficiencia, pese a su contaminación. Además, ha prohibido la construcción de proyectos fotovoltaicos y eólicos en campos agrícolas y ha obligado a los promotores a informar de los mismos a los Ayuntamientos.
DEMOCRATIZACIÓN DEL CASTIGO FISCAL
La Generalitat ha defendido esta nueva fiscalidad como un acto de «democratización» de la energía ante el «fenómeno especulativo» que, a su juicio, se ha producido con las energías de origen renovable. Y es que, el Govern ha hechos suyos las defensas del campo pese a tener como objetivo la obtención de al menos el 20% de energía procedente de fuentes alternativas a las tradicionales, tal y como le ha impuesto la Unión Europea.
La prohibición de desarrollar proyectos en campos agrícolas es una de las últimas reivindicaciones de los agricultores y sindicatos, así como de grupos ecologistas, que han denunciado la creación de «oligopolios» en este sector. En este sentido, los proyectos de parques fotovoltaicos y eólicos deben contar con el sí de los Ayuntamientos y el apoyo del 85% de los propietarios.
La normativa impide instalar paneles solares o molinos eólicos en los campos más fértiles, según un baremo del Govern. Además, las tierras de cultivo menos productivas de Cataluña sólo podrán destinar un 5% de su superficie a este tipo de proyectos, siempre y cuando sean de regadío. Si son de secano, el área se incrementará hasta el 10% del total del campo. Con esta medida, se evita «especular», además, con el precio del suelo agrícola, según han denunciado los sindicatos. La Generalitat ha analizado el 75% de los 522 proyectos fotovoltaicos y eólicos desde finales de 2019. De estos, ha considerado que tan sólo 392 son viables.
LAS GRANDES ENERGÉTICAS, PERJUDICADAS
La Generitat, por otro lado, cobrará un nuevo impuesto a las nucleares, pese a no tener competencias y una sentencia del Tribunal Constitucional en contra por haber aprobado una tasa sobre los residuos. La eléctrica Endesa recurrió y obtuvo su victoria en los tribunales. Ahora, el Govern trata de incrementar sus arcas con un nuevo gravamen no finalista sobre todas las partes del suministro, como es el transporte y el uso del suelo público.
Las empresas afectadas son, entre otras, Endesa, Telefónica, Iberdrola, Naturgy, Telefónica, Cellnex y REE. Además, este impuesto no podrá trasladarse a los consumidores. En este aspecto, se verán especialmente perjudicadas las propietarias de las dos plantas nucleares y las seis de ciclo combinado existentes en Cataluña. En cifras, la Generalitat cobrará 5 euros por MWh producido en las nucleares, un nuevo pago que haría peligrar su viabilidad. Viesgo y la suiza Alpiq también se encuentran entre las perjudicadas debido a que los ciclos combinados abonarán un euro por cada MWh producido.
LOS EFECTOS PERVERSOS DE LA FISCALIDAD CATALANA
La Generalitat trata de adaptar su legislación a la valoración del Tribunal Constitucional y niega que haya doble imposición fiscal. Sin embargo, está por ver aún si las empresas recurrirán estas tasas. El afán de este impuesto es únicamente recaudatorio. La Generalitat ha evitado que sea finalista y por tanto no habrá un uso específico de su recaudación ni tampoco se beneficiarán los municipios colindantes a estas centrales.
Estas medidas se unen al recorte de la retribución a la producción de energía y se ha bajado el IVA de la factura de la luz al 10%. «Es una medida ineficaz que demuestra la mala planificación fiscal en el sector eléctrico», han indicado fuentes empresariales del sector eléctrico a MERCA2. «Es más una herramienta para que el Estado pueda influir en el precio de la electricidad que un impuesto«, han destacado las fuentes consultadas. Asimismo, ha puesto en riesgo la rentabilidad de algunas centrales y las eléctricas sopesan incluso cierres al perder parte de de sus ingresos.
«No saldría rentable mantenerlas«, han afirmado otras fuentes del sector. Para evitar depender de las variaciones del mercado, las eléctricas han pedido un retribución fija, como ha aprobado Francia, para poder cubrir los costes.
LOS EFECTOS PERVERSOS DE APROBAR TASAS INCONSTITUCIONALES
Esta ineficaz normativa ha provocado «efectos perversos» en el mercado eléctrico, según han asegurado fuentes del sector. Y es que, desde que se aprobó el impuesto hasta su anulación, las compañías fijaron sus precios en el mercado mayorista sumando este impuesto. Así, se ha elevado el precio de la energía de forma artificial.
En este sentido, el Ejecutivo de Cataluña ha recaudado exactamente lo mismo, perjudicando sus previsiones de ingresos; los consumidores han abonado más; y las eléctricas han cobrado el traslado de los impuestos y también la devolución del Gobierno. Es decir, se ha beneficiado a las empresas y no se ha podido intervenir en el mercado. «Las únicas beneficiadas de esta inseguridad jurídica son las eléctricas, que cobraron de más en el mercado mayorista», han afirmado fuentes del sector a este medio.
EL INTENTO DE LA GENERALITAT CONTR LAS NUCLEARES
La fijación de la Generalitat por gravar las eléctricas viene desde hace años. En la última etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, el Ejecutivo autonómico trató de imponer una tasa a los residuos nucleares. Sin embargo, el Tribunal Constitucional tumbó el impuesto. Los recursos de las eléctricas y del Gobierno central fueron entonces efectivos.
No obstante, con Quim Torra al frente del Govern, la Generalitat hizo una propuesta similar, pero para diferenciarse de la anterior e inconstitucional medida, introdujo un nuevo concepto. El Gobierno de Pedro Sánchez no lo ha recurrido, dejando así solas a las eléctricas. Según fuentes del sector, las empresas recurrirán la medida también ante el Tribunal Constitucional.
Las centrales nucleares tienen un régimen fiscal dependiente del Estado, sin competencias autonómicas. Ante el alza del precio de la electricidad, el Gobierno se ha visto obligado a tomar medidas para evitar una mayor factura para los consumidores. De esta forma, ha suspendido temporalmente el pago de la retribución del 7% a la totalidad de las centrales de España.
CATALUÑA, LA BENEFICIADA POR LAS AYUDAS AL AUTOCONSUMO
Por otro lado, el autoconsumo en Cataluña es el más beneficiado por las ayudas aprobadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En concreto, se llevará a cabo el reparto de 660 millones de euros en ayudas para instalaciones de autoconsumo, almacenamiento detrás del contador y climatización con energías renovables. Estas subvenciones serán ampliables a otros más de 1.300 millones.
Para este reparto, el Gobierno ha establecido un máximo de 900 millones para el autoconsumo: otros 220 para el almacenamiento; y unos 200 para calentar agua a través de energía renovables. En este plan, dividido en seis pagos, Cataluña es la más beneficiada, con 114 millones, por delante de Andalucía y Madrid.
LA ELÉCTRICA DE COLAU, DEPENDIENTE DEL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento de Barcelona se sumó a este galimatías energético en 2018 con la creación de Barcelona Energía con la promesa de poner fin a las supuestas prácticas irregulares de las eléctricas y ofertar al mercado precios más baratos y de energía procedente de renovables.
La eléctrica de Colau ofrece precios más elevados, incluidos en las electrolineras y cargadores dependientes del Consistorio e instaladas en las calles de la Ciudad Condal. De hecho, los clientes de Barcelona Energía pagan la luz más cara, en concreto 70 euros anuales de media más respecto a las grandes compañías.
El principal cliente de esta empresa pública es el Ayuntamiento de Barcelona, que supone cerca del 95% de la facturación. En total, Colau y su equipo se han quedado muy lejos del objetivo de los 20.000 clientes en dos años, al contabilizar menos de 3.700.
