Uno de los actores más relevantes del sector energético mundial camina sobre el alambre. El alcance real en Iberdrola de los aprietos judiciales de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, es todavía una incógnita. Aunque el impacto reputacional presenta los primeros síntomas económicos, las consecuencias pueden tener aún más recorrido. La Justicia podría estimar algún tipo de responsabilidad de la empresa como persona jurídica. El monstruo energético de las mil cabezas, con proyectos a lo largo y ancho del planeta, podría menguar su prestigio por una cuestión de gobierno corporativo.
Cuando el miércoles 23 de junio el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón acordó la imputación -citación en calidad de investigado- de Sánchez Galán por el ‘caso Villarejo’, se removieron los cimientos de la segunda empresa más valiosa del Ibex 35. En menos de una semana, el valor en Bolsa del gigante eléctrico español descendió en 3.000 millones de euros y se lanzó a aplacar el golpe empleando todos sus resortes para evitar un batacazo mayor en primera instancia.
El objetivo era doble: por un lado, fortalecer la deteriorada imagen de su presidente, con la ratificación del apoyo por parte del Consejo de Administración y, por otro, evitar que la presunta mala gobernanza penalizara a la compañía y ahuyentara a los fondos centrados en los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).
A la hora de invertir en una compañía, muchos fondos priorizan los denominados criterios ESG (Environmental, Social and Governance). Estos fondos se han convertido en los últimos años en la referencia de la denominada inversión socialmente responsable, aunque se originaron en la segunda mitad del pasado siglo.
Iberdrola es una de las marcas españolas mejor considerada en el mundo a nivel de sostenibilidad, lo que ha hecho que sus acciones se hayan incorporado durante muchos años en las carteras de los fondos centrados en la inversión ESG.
Destacan positivamente sus esfuerzos especialmente en el factor ambiental así como en el ámbito social, pero el criterio de la buena gobernanza podría penalizarle ahora tras la decisión del juez García Castellón, si bien los mercados ya estaban al tanto de que esta noticia podía llegar en cualquier momento.
El gigante de la energía participa de proyectos y desarrolla tecnologías renovables en medio mundo. El propio Sánchez Galán se refirió en la última junta de accionistas a la trayectoria de Iberdrola en las dos últimas décadas.
“Hace 20 años definimos una estrategia y un modelo empresarial y, desde entonces, hemos invertido 120.000 millones de euros en energías renovables, redes inteligentes y almacenamiento energético, llevando a cabo una expansión internacional sin precedentes para hacer de nuestro Grupo un líder global por tamaño y resultados”.
Con una capitalización actual que ronda los 66.000 M€, en 2021 Iberdrola se había propuesto batir su propio récord inversor hasta los 17.000 millones, “para consolidar la recuperación económica y el empleo”. En 2020, la inversión alcanzó los 10.000 millones. Estas inversiones han permitido la puesta en servicio de cerca de 4.500 MW verdes en 2020 y comenzar la construcción de otros 8.700 MW.
En este sentido, el máximo responsable de la compañía también destacaba frente a los accionistas las adquisiciones realizadas en Estados Unidos, como es el caso de PNM Resources, la eléctrica de Nuevo México y Texas; en Brasil, con la compra de la distribuidora de Brasilia; y en Australia, con la integración de la principal compañía de energía renovable del país, convertida en Iberdrola Australia. Asimismo, subrayaba la creación de nuevas plataformas de crecimiento en el mercado eólico marino en países como Suecia, Irlanda, Polonia y Japón.
SIN CONSENSO ENTRE LOS ANALISTAS
En este sentido, entre los analistas no hay consenso. Están los que opinan que “va a tener un impacto reducido” primero porque “este tipo de controversia ya se había advertido en este caso y estaba en las noticias, aunque todavía no había una imputación formal” por lo que “no es un riesgo nuevo” y después porque “hay que considerar otros aspectos en los que Iberdrola puntúa muy positivamente como es el caso de los derechos de los accionistas o la estructura corporativa”, según declaraba en Negocios TV, Fernando Luque, editor de Morningstar en España.
En la línea contraria se expresa el experto en comunicación y fundador de la Agencia 121PR, Francisco Soto Moratinos, para el que para cualquier compañía, “tener a uno de sus principales directivos involucrado en un proceso de investigación por cualquier tipo de presunto delito, no contribuye para el bien de su reputación”.
En este sentido, si Sánchez Galán acabara siendo condenado “la reputación de la compañía acabaría seriamente dañada y deberían hacer un esfuerzo en tener una posición lo más trasparente posible e informar detalladamente a los medios de comunicación para que la opinión pública y los inversores tuvieran toda la información posible”.
Por otro lado, un informe de Bankinter apunta a que la imputación de Sánchez Galán podría afectar al valor en carteras ESG, mientras que el analista de XTB, Darío García López, incide en la “posible salida de dinero de inversores en Iberdrola para contar con más liquidez para poder acudir a la salida a bolsa de Acciona Energía”, prevista para el 1 de julio.
El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, apunta a que esta situación podría lastrar a otros valores del Ibex 35, que se verían afectados por un efecto en diferido de lo que le ocurre a Iberdrola.
CONFIANZA DE NORGES BANK
A pesar de su fuerte caída en Bolsa, Iberdrola recibió a finales de la semana pasada un gran apoyo por parte del mayor fondo soberano del mundo, Norges Bank. El fondo soberano noruego aprovechó la bajada de precio de la acción para incrementar su participación en la eléctrica con sede en Bilbao hasta poco más del 3%, con lo que supera el umbral que la considera como participación relevante en la compañía a ojos de la CNMV.
Por el momento, y pasada ya una semana desde la imputación de Sánchez Galán y algunos otros altos cargos de Iberdrola, parece que la eléctrica ha encajado el primer golpe con cierta solvencia. Más miedo se percibe dentro de la cúpula de la compañía a lo que pueda pasar si al final se llegara al peor de los escenarios y estos altos cargos acabaran teniendo una sentencia condenatoria.
Además, si se demostrara que la caída en Bolsa es efecto directo del ‘caso Villarejo’ podría llevar a demandas de accionistas contra administradores por daño patrimonial, algo habitual en el mundo de los negocios anglosajón, aunque muy poco frecuente en España.
IBERDROLA DEMANDA A ACS
La guerra entre Iberdrola y ACS viene de lejos. Se remonta una década atrás, y esta semana libra otra de sus batallas, con la demanda de la eléctrica por competencia desleal, que ha sido admitida a trámite por el Juzgado Mercantil número 4 de Madrid. Cabe recordar que Florentino Pérez, el presidente de ACS, se encuentra personado como acusación particular en la pieza 17 del ‘caso Villarejo’.
Sánchez Galán frustró hace años el objetivo de Florentino Pérez de que ACS tuviera presencia en el Consejo de Administración de Iberdrola, con una serie de maniobras corporativas avaladas por el Gobierno corporativo de entonces. Sin embargo, los indicios encontrados de presuntos encargos al excomisario Villarejo podrían hacer que cambiaran las tornas. Incluso se habla de una posible demanda de ACS contra Iberdrola por unos 2.600 millones de euros.
Con la descarbonización del mix energético por bandera, y con la mirada puesta en consolidar su liderazgo en energías renovables (eólica on y off-shore, fotovoltaica o hidrógeno verde), redes inteligentes, almacenamiento eficiente y tecnologías limpias, ahora Iberdrola, observa cómo la G de gobernanza puede ensombrecer las luces de los logros ambientales y sociales de los criterios ESG.
