Acción Liberal, Think Tank for Freedom, analiza en un nuevo informe llamado ‘Un sistema español de carretera de pago por su uso’ la posibilidad de imponer un sistema de peajes en el territorio nacional. En nuestro país se da por hecho que el modelo de infraestructuras ha de ser público, entendido como tal no el derecho de uso universal, si no su modelo de financiación.
Debido a la actual situación de tensión en las finanzas públicas, se ha abierto un debate que debe de abordarse desde el más estricto sentido de Estado y de la responsabilidad, pues nos jugamos la vertebración territorial y el derecho a la libre circulación de personas y mercancías por todo el territorio nacional. El modelo de pago por uso de las infraestructuras de alta velocidad está extendido en toda Europa y en Estados Unidos con resultados positivos. El debate sobre si es conveniente aplicar un modelo similar en España, por lo tanto, nos parece positivo.
El sistema de peajes se trata del modelo más equitativo -lo paga quien lo usa- y eficiente -el destino de la recaudación debe dirigirse a la operación y mantenimiento de la misma-. Al mismo tiempo, la gestión y mantenimiento de estas vías debe corresponder a empresas privadas, dividiendo la Red en “tramos”, en función de sus realidades económicas y geográficas para ser unidades independientes a efectos de adjudicación, restauración, administración y mantenimiento. El establecimiento de diferentes precios en función de la contaminación, el momento de uso de la vía o el tonelaje debe permitir internalizar la totalidad de los costes.
Tras analizarlo en detenimiento, desde Acción Liberal proponemos un modelo de pago de 3 céntimos por Km para los vehículos ligeros con bajo nivel de contaminación y de 14 céntimos el Km para los vehículos pesados, bajo el cual estimamos una recaudación de 6.000 millones de euros anuales. Como consecuencia de ello, proponemos la eliminación del impuesto de matriculación y la reducción del 15% del impuesto de hidrocarburos.
El actual estado deficiente de la Red ha generado la necesidad de restaurar las vías de gran capacidad, lo que supone un coste total de 7.500 millones de euros para su puesta a cero, y una necesidad de 4.000 millones para su modernización y adaptación a los modelos avanzados de otros países. Para que las empresas adjudicatarias de las concesiones puedan acometer este gasto, la duración de la concesión debe ser cuando menos de 25 años.
Por su parte, SEOPAN ha estimado que la tarifa mínima debe ser de 3 céntimos por Km para los vehículos ligeros con bajo nivel de contaminación. Esta tarifa se elevaría como mínimo a 14 céntimos el Km para los vehículos pesados; si se aplican estas tarifas en toda la Red de Gran Capacidad, se estiman unos ingresos anuales del orden de 6.000 millones de euros.
