Desde que se hiciese público el proyecto de la megalópolis ilegal del tomate en Marruecos muchas han sido las informaciones que han salido al respecto. Entre ellas que ha sido creada por cinco grandes empresas participadas por el rey Mohamed VI. Aunque, quizás, de todo ello, lo más grave sea la trazabilidad.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos junto con la Fundación Mundubat publicó un estudio titulado ‘Derechos Humanos y empresas transnacionales en el Sáhara Occidental’ donde explicaban las múltiples irregularidades que se están llevando a cabo en este territorio.
Tal y como contó Andrés Góngora, responsable de Frutas y Hortalizas de COAG, “las empresas que se han instalado en el Sáhara son todas marroquíes y la mayoría tienen otras fincas en Agadir. Lo que se está haciendo es cambiar un producto por otro en el territorio marroquí. La comisión debería apretar ahí”. Es decir, los tomates se cultivan en invernaderos del Sáhara Occidental. Desde allí salen a través de camiones, lo que dificulta su rastreo, hasta Agadir (Marruecos) donde se mezclan los tomates de ambos sitios.
SE VULNERA EL DERECHO DEL CONSUMIDOR
Este hecho es completamente ilegal ya que vulnera el derecho del consumidor de conocer el origen del producto que después llega a su mesa. Esta normativa proviene de Europa. Sin embargo, pese a saber lo que se está ocurriendo, no hace nada al respecto. “La comisión conoce esto y no ha hecho nada ni va a hacer nada porque, aunque se contempla que el origen del Sáhara no tiene el etiquetado que debiera tener, ellos siguen garantizando que se respeta la trazabilidad. Por lo tanto, me temo que, o eso conseguimos demostrarlo de alguna manera para intentar solucionar este problema o la Comisión es un consentidor más de esta situación y por eso no está tomando medidas de algo que ya conocemos todos”, cuenta la eurodiputada, Clara Aguilera.
Además, argumenta que “no hay que olvidar que el acuerdo con Marruecos tiene una preferencia política esencial en la UE por otras cuestiones políticas que no tienen nada que ver con la agricultura. Estamos habituados a que, cuando algo no le gusta a Marruecos, nos amenace. Esto le preocupa mucho a la CE y, por tanto, son muy cautelosos a la hora de tomar decisiones con Marruecos”.
Ante este problema, el principal afectado es España. En el sur de la península, concretamente en las provincias de Almería y Murcia, los agricultores ya están empezando a ver las consecuencias de esta flexibilidad con los productos marroquíes. Actualmente, Almería tiene 2.000 hectáreas menos de tomates de invernaderos que hace 9 años. Y lo que es peor, se espera que se reduzcan aún más.
El acuerdo comercial entre Europa y Marruecos se firmó en el año 2000. Desde entonces no se ha modificado nada, lo que hace que su coste de producción sea mucho más barato que el español. “Las empresas de Agadir están exentas de pagar impuestos. Tampoco pagan por la tierra porque tienen una concesión. Tampoco pagan agua ya que tienen concesiones muy ventajosas. Es imposible competir con alguien que tiene diez veces menos costes y está a 15 km de nosotros”, argumenta Góngora.
EL CONSUMIDOR QUEDA INDEFENSO
Pero, ¿dónde queda el consumidor en todo esto? La realidad es que, si los tomates que compramos son de procedencia marroquí, no podremos saber nunca si realmente se han cultivado en Marruecos o si son del Sáhara Occidental.
Antonio José Navarro, presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Almería, asegura que la calidad de los productos marroquíes es inferior a los españoles. “Nosotros garantizamos que son productos saludables donde llevamos más de una década donde no ha saltado ninguna alerta sanitaria. Este año, por ejemplo, ya han saltado más de 50 en productos de Turquía y Marruecos”.
Desde Merca2 hemos intentado ponernos en contacto con la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicio y Supermercados, de la que forman parte Mercadona, Lidl o Carrefour, y con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y no han querido hacer declaraciones al respecto.
En esta guerra, donde ni Europa ni el Gobierno español junto a la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Región de Murcia están haciendo nada, los verdaderos afectados son los agricultores y consumidores. Mientras la Comisión Europea no ponga medidas más duras ante los productos marroquíes, las huertas andaluzas irán reduciendo su producción hasta su desaparición. Por otro lado, los consumidores quedamos indefensos y no podemos hacer valer nuestro derecho a conocer el origen del producto.
