El Consejo de Ministros ha acordado iniciar la tramitación de un anteproyecto de ley con el que reducir los llamados ‘beneficios caídos del cielo’ (‘windfall profits’) de las nucleares y las hidráulicas, que supondrá un recorte de unos 1.000 millones de euros en la retribución que reciben las eléctricas con el fin de abaratar entre un 4% y un 5% la factura de la luz de los consumidores domésticos.
En concreto, la propuesta, que abre ahora el trámite de audiencia pública para su aprobación, pasa por un mecanismo de mitigación de parte del dividendo de carbono que perciben las tecnologías no emisoras anteriores a 2005 (hidráulica y nuclear).
En este contexto, la ministra Ribera ha dejado muy claro que pese a todo, las eléctricas no deben tener quejas, puesto que pese a los altos costes de emisiones de CO2, el elevado precio de la electricidad mayorista lo compensa.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió la necesidad de que los beneficios por el alza de los precios de dióxido de carbono (CO2) repercutan también en los consumidores domésticos e industriales y no solo en «las cuentas de resultados de las empresas». Es legitimo maximizar su beneficio por las compañías, pero debemos velar como Gobierno por el interés de los españoles», dijo.
Esta medida va de la mano del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el que se prevé sacar de la tarifa eléctrica el coste de las primas renovables más antiguas (en torno a 6.500 millones anuales) y repartirlo entre todos los sectores energéticos, con el objetivo también de abaratar el recibo, que ha sido elevado también este martes por el Consejo de Ministros a proyecto de ley para su remisión a las Cortes, tras superar el periodo de consulta pública.
Con ambas medidas, el Gobierno prevé abaratar el recibo de la luz para los consumidores en torno a un 15% al final de un horizonte de cinco años, ya que la aplicación del denominado ‘fondo verde’ es gradual -un 20% cada uno de los cinco años-.
«ROBUSTO» JURÍDICAMENTE Y «COMPATIBLE» CON EL MERCADO
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico defendieron que el mecanismo para acabar con los ‘windfall profits’ de la nuclear y la hidráulica, aunque también afectará a algunas eólicas anteriores a 2005, es «robusto» jurídicamente, con lo que se pretende así blindar contra las más que seguras demandas por parte de las eléctricas, y es «compatible» con el mercado interior de la energía y con el mercado de CO2.
Así, estimaron que la propuesta respetaría el marco normativo europeo y sería similar al que existió ya entre 2006-2009, con la minoración de una parte del ‘dividendo’ del CO2 a plantas no emisoras previas al 2005 que vendan energía en el mercado.
Este recorte en la sobrerretribución de la generación hidráulica y nuclear, incluido en el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, afecta principalmente a Iberdrola, Endesa y Naturgy, y en menor medida, a EDP España y Acciona, propietarios de estos activos.
SUFRAGAR LA FACTURA DE LOS CONSUMIDORES MÁS VULNERABLES.
Asimismo, con estos ingresos del mecanismo se sufragará parte de la factura eléctrica de los consumidores vulnerables severos en riegos de exclusión social, con un 10% del porcentaje de los ingresos.
El restante 90% se destinará a financiar los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore), con lo que lo que tendrán que aportar todos los sectores al FNSSE será menor y «minorará tanto el impacto en el sector eléctrico como en otros vectores energético», añadieron las mismas fuentes.
