El índice de referencia para limitar el precio del alquiler continúa centrando la polémica entre los propietarios de viviendas en arrendamiento. Pues bien, la Generalitat de Cataluña está culminando la primera fase de detección de contratos de alquiler que no se ajustan a la Ley 11/2020 de contención de rentas para empezar a sancionar a los propietarios que tengan contratos de arrendamiento con precios por encima del Índice de referencia de precios del alquiler.
La mayoría de las posibles infracciones están relacionadas con no incluir el Índice de referencia en los contratos, no individualizar los gastos que se incluyen en la renta y no detallar las características específicas que justificarían la superación de la renta establecida por el índice, según ha señalado el Govern a través de un comunicado este miércoles.
Concretamente, se han detectado los primeros 30 casos susceptibles de sanción y se enviarán cartas a los 15 ayuntamientos de los respectivos municipios para instarles a incoar el procedimiento sancionador, dado que es su competencia.
En caso de que los ayuntamientos no actúen, la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat sancionará subsidiariamente con multas de entre 3.000 y 90.000 euros.
Las infracciones graves son sancionables con una multa de entre 9.000 y 90.000 euros por el hecho de establecer una renta de alquiler superior en un 20% a la marcada, mientras que las leves recibirán una multa de 3.000 a 9.000 euros cuando la renta supere el precio establecido con un tanto por ciento menor al 20%.
LA LEY CATALANA NO CONVENCE
La ley catalana de control de precios de alquiler no convence a los expertos inmobiliarios, que auguran una retirada de pisos por parte de los propietarios, así como el auge de la economía sumergida, teniendo en cuenta el momento de crisis por el que atraviesa el país.
En declaraciones a MERCA2, el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, Julián Salcedo, aseguraba que la cuestión no es si la proposición de ley será aprobada, sino si una vez que lo fuera sería declarada inconstitucional, pues en muchos aspectos limita el derecho a la propiedad privada reconocido en la Constitución Española.
De hecho, la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (Asval), ha recordado que el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminó en agosto que el texto del proyecto de ley atenta contra la Constitución y el Estatuto catalán, y que la Generalitat catalana no tiene competencias para regular los alquileres.
