El Gobierno volverá a reunirse el próximo martes, 30 de marzo, con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en la mesa de diálogo social sobre la «modernización del mercado laboral» para abordar la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012.
Esta será la segunda reunión después de que el pasado 17 de marzo se retomara el diálogo en el punto en el quedó en marzo de 2020, cuando se paró por la pandemia. El primer encuentro fue una primera toma de contacto y se estableció un calendario de reuniones.
La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue la que anunció la convocatoria de esta mesa nada más cerrar con los agentes sociales la ley que regulariza la situación de los repartidores, conocida como ‘Ley de Riders’. Con esta mesa de diálogo social, dijo entonces Díaz, «empieza una gran tarea de transformación y de reformas estructurales» en España.
Además de este calendario de reuniones, que a partir del encuentro del martes se prevé que se produzcan semanalmente, los sindicatos plantearon retomar una serie de temas que quedaron paralizados con la suspensión de los encuentros.
NUEVA REUNIÓN ANTES DE SEMANA SANTA
Algunas de las materias que formarán parte de esta mesa, como la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la ‘ultraactividad’ y la subcontratación, son ‘viejas conocidas’, pues los agentes sociales las estuvieron negociando con el Gobierno socialista en la anterior legislatura.
Ahora, en esta nueva mesa, se retomarán las conversaciones sobre dichos asuntos, pero se añadirán otras muchas para dar cumplimiento a los compromisos que el Gobierno español asumió en las fichas remitidas a Bruselas.
«Es un enorme reto para el Gobierno y para los agentes sociales. (…) Vamos a estar encerrados, casi como si fuera una oposición, para desplegar todos los efectos, porque nos hemos comprometido ante Bruselas y porque el Gobierno y los agentes sociales quieren abordar estas reformas», subrayó la ministra hace unos días.
En las propuestas enviadas a Bruselas, el Gobierno plantea generalizar el contrato indefinido, devolver la causalidad a los contratos temporales y simplificar la contratación, reordenando las modalidades de contratación laboral, así como por introducir mecanismos de flexibilidad para las empresas alternativos a la excesiva temporalidad.
Respecto a este último punto, el documento remitido a Bruselas por el Ejecutivo apuesta por penalizar el uso excesivo de contratos de muy corta duración y atajar el fraude laboral.
Al mismo tiempo, el Gobierno aboga por la creación de un modelo permanente de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como «un instrumento de flexibilidad alternativo al ajuste externo del empleo ante perturbaciones negativas».
Por otro lado, el Ejecutivo quiere revisar las subvenciones y bonificaciones a la contratación temporal. Entre las medidas para conseguirlo, se encuentran la simplificación de los incentivos y requisitos a las empresas beneficiaras para centrarse en la empleabilidad de los desempleados y que vayan para contratos indefinidos.
