Repsol tiene encima de la mesa un plan de desinversión para su división de clientes -y una potencial OPV sobre su negocio renovable-. Con respecto a lo primero, se trata de un segmento que engloba la mayoría del negocio ‘downstream’ de la petrolera. Estaciones de servicio, venta de luz y gas, y productos derivados. Hay diversos fondos de carácter industrial con ánimo de pujar por estos activos, al menos por un porcentaje significativo, sin que la compañía pierda el control. Y todo esto urge.
¿Pero por qué Repsol tiene la necesidad de vender cuanto antes? A la espera de la formalización de las ofertas, y la tasación definitiva de estos activos, que en principio se sitúa por encima de los 10.000 M€ (2.500 M€ por el 25% que se planea vender), la operación se ejecutaría entre finales de 2021 y el ejercicio siguiente. Pero la hoja de ruta puede tener cambios.
La clave para avanzar estos planes cuanto antes, según explican fuentes del sector a MERCA2, viene marcada por la evolución del vehículo eléctrico y el desarrollo paralelo de su industria. En estos momentos apenas hay coches de estas características, apenas hay infraestructura, y las redes que posibilitan esta capilaridad todavía no están plenamente desplegadas. Pero el desarrollo puede evolucionar de forma exponencial en cuestión de meses en los próximos dos años. Entre otros motivos por las ayudas que llegarán de los fondos europeos que atañen a las industrias ‘verdes’.
Por eso, las cerca de 4.000 estaciones de servicio que tiene Repsol deben acelerar su transición eléctrica. Para ello se necesita de socios con los que invertir de manera decidida y, sobre todo, estar preparado para una reformulación completa en el sector de los combustibles. O, mejor dicho, de la electrificación de la flota por carretera. En estos momentos no se observa una rentabilidad potencial con las recargas eléctricas, pero en la década de los ’30 deberá serlo.
REPSOL Y LOS OTROS RETOS
La aceleración de movimientos en Repsol viene marcada por la capacidad de financiación que tendrá el mercado en los próximos años. Según analistas consultados por MERCA2, los requisitos para financiar proyectos que tengan un impacto negativo medioambiental tendrán tasas de interés más alto. Esto repercute en el negocio ‘upstream’ de la compañía pilotada por Josu Jon Imaz.
Como todas las grandes energéticas, Repsol está llevando a cabo ingentes esfuerzos por reducir las emisiones, pero debido a la singularidad del negocio petrolero, y el desarrollo de su actividad, las entidades financieras pueden penalizar a los principales actores del sector. Por eso, todo es velocidad para adentrarse en proyectos paralelos que tengan mejor percepción ‘verde’.
MÁS MOVIMIENTOS
En paralelo a esta venta de la división de clientes, Repsol también tiene abierto el frente de su negocio renovable. Y justo este jueves, el día antes de la Junta de Accionistas, ha trascendido de forma pública que la compañía ha acordado transformar su sociedad Repsol Generación Eléctrica en sociedad anónima, un paso previo y necesario para una posible futura salida a Bolsa de este negocio.
De esta manera, la energética prosigue así con los trabajos para ajustar su estructura societaria al nuevo plan estratégico que lanzó el pasado mes de noviembre y gozar así de una mayor flexibilidad.
En concreto, la ‘nueva hoja’ de ruta del grupo a 2025 representa transformar la organización del grupo presidido por Antonio Brufau en cuatro áreas de negocio (‘Upstream’, Industrial, Cliente y Generación baja en emisiones), apoyadas por áreas corporativas y de servicio más eficientes, con el fin de incrementar la obtención de resultados y el afloramiento de valor. De hecho, el plan estratégico plantea la entrada de socios o inversores en el área de Generación baja en emisiones, o incluso su salida a Bolsa.
Según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), este paso fue acordado el pasado 16 de marzo. Adicionalmente, se aprobó como balance de transformación el balance cerrado a 31 de diciembre de 2020, la sustitución de las participaciones sociales por acciones, en una relación de canje de una acción por cada participación social, y la modificación de los estatutos sociales para adecuarlos a la nueva forma social.
