El ocio nocturno ha criticado las «insuficientes» e «inexistentes» ayudas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez tras más de un año cerrado. Y es que, en la letra pequeña del decreto se esconden unas condiciones de imposible cumplimiento para una de cada tres empresas.
El sector se encuentra en una situación extremadamente delicada. Casi 5.000 locales han cerrado en el último año, el 30% del total, y las pérdidas rozan los 2.600 millones. Además, cada discoteca registra unas pérdidas de media de 300.000 euros, y por cada bar de copas o sala de conciertos, 150.000 euros; con un desplome de la facturación del 84%, según los datos de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos España de Noche. Pese a este negro escenario, el Ejecutivo ha exigido estas condiciones sin un horizonte de apertura. En Cataluña, por ejemplo, no han podido abrir aún ni tampoco les han permitido cambiar de actividad; Madrid, al contrario, sí ha facilitado la reconversión de estos locales.
El decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) impide acceder a estas ayudas a quienes no estén al corriente del pago de tributos o cotizaciones a la Seguridad Social o en concurso de acreedores -situación más repetida en este sector- o bien por haber perdido su local y no poder continuar la actividad.
El sector se ha unido en toda España en una macrorreclamación contra el Gobierno al entender que las fuertes restricciones les ha perjudicado. Entre otras peticiones, han puesto de manifiesto la caótica gestión de la pandemia por parte del Gobierno, como la falta y retraso de las medidas, fraudes en la compras y contradicciones manifiestas.
FUERA DE LAS AYUDAS QUIENES HAYAN PERDIDO EL NEGOCIO
Según Spain Nightlife, las pérdidas acumuladas en el sector alcanzan los 20.000 millones, diez veces más que las calculadas por la Federación. En total, «se van a destruir más de 200.000 puestos de trabajo«. Numerosos empresarios «no han podido hacer frente a estas obligaciones o bien han perdido la posesión de sus locales«, ha denunciado esta patronal. Según sus previsiones, «dos de cada tres empresas del sector cerrarán definitivamente o irán a concurso de acreedores».
A su juicio, las «insuficientes» ayudas han llegado «demasiado tarde», pero se expulsa del reparto a locales «incluidos entre los 96 CNAEs». «Después de que la gran mayoría de empresas del sector acumulen un año entero sin facturar ni un solo euro y arrastrando muchísimos gastos y deudas acumuladas, es muy difícil que puedan estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social», ha afirmado el secretario general de Spain Nightlife y de Fecasarm, Joaquim Boadas. Sus críticas continúan: «Esto es culpa exclusiva de la Administración y en gran parte del Estado».
La falta de medidas reales «ha estrangulado financieramente, muchas de las cuales se encuentran incluso embargadas o han perdido sus locales, lo cual es indignante».
La inexistencia de ayudas junto con la tardanza en el resto de medidas «ha terminado por aniquilar a una gran parte del sector y si algunos no caen ahora van a hacerlo en los próximos meses», ha asegurado esta patronal.
EL «GOLPE BAJO» Y LA «INTRANSIGENCIA» DEL GOBIERNO
En la misma línea se ha mostrado el presidente de Spain Nightlife y del Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno de Madrid (CEONM), Tito Pajares. Según sus palabras, es «un golpe bajo» el hecho no haber suspendido o aplazado el pago de los tributos y cotizaciones devengados durante el ejercicio 2020 y ahora exigir a los empresarios encontrarse al corriente de sus obligaciones para acceder a las ayudas.
«Es vergonzoso -continúa- que en un año en el que se nos ha impedido trabajar no se nos hayan concedido ayudas y que se nos haya exigido pagar impuestos, inclusive por adelantado el pago a cuenta del Impuesto de Sociedades de 2020, y a quién no lo ha pagado se le ha embargado, lo cual es inaceptable».
La misma plataforma ha cargado con esta «intransigencia» y «la falta de escrúpulos» del Gobierno hacia el sector. Así, ha pedido de nuevo un calendario de reapertura, dejar sin efecto la orden del 14 de agosto de 2020 y fijar las medidas, incluyendo también «pruebas piloto» como la realizada por ejemplo en la Sala Apolo de Barcelona. Junto a ello, han pedido el «aplazamiento de tributos y cotizaciones y aprobación de un plan de rescate específico».
Asimismo, animan a reclamar al Gobierno la indemnización por la vía de la responsabilidad patrimonial, primero a través de la correspondiente reclamación previa y, posteriormente, mediante el correspondiente procedimiento contencioso-administrativo contra el Estado y la Comunidad Autónoma correspondiente.
«Quién ha aprobado las restricciones y ha impedido a los empresarios trabajar y ganarse la vida está obligado a indemnizarles de manera proporcionada y ello lo dice la Constitución Española», ha asegurado al respecto Roberto Ucelay, presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST) y directivo de Spain Nightlife.
