Máxima tensión entre la Generalitat y Gobierno de España por la ‘euroviñeta’. La guerra por el pago de las autopistas se ha desatado a poco menos de dos semanas para constituir el Parlament y en plenas negociaciones entre partidos catalanes para lograr un acuerdo de investidura.
El Govern, formado por JxCat y ERC, ha reabierto este debate cuando apenas quedan seis meses para bajar definitivamente las barreras en las vías AP-7, AP-2 y C-32, cuya «licitación para la conservación está en tramitación«, según han explicado fuentes del Ministerio de Transportes a MERCA2.
De hecho, el Gobierno busca un amplio consenso para sufragar los costes de mantenimiento y conservación, frente a las peticiones de la Generalitat que trata de instaurar un pago «justo» por uso de las autopistas. Esta nueva batalla es una más entre las registradas desde hace un lustro entre ambas administraciones.
«Estamos de acuerdo con esta Administración que el sistema actual de financiación de la conservación de la red de carreteras no es viable a medio plazo», han afirmado fuentes del Ministerio de Transportes consultadas por MERCA2. Pero añaden: «Debemos pensar en el modelo más apropiado para todo el país, y este modelo debe ser objeto de reflexión por parte de todos».
PAGO «JUSTO», PARA LA GENERALITAT
Sin dar cifras del precio que tendrán que abonar transportistas, el consejero de Territori, Damià Calvet, pretende que la ‘euroviñeta’ entre en vigor en 2022. El cálculo del precio dependerá de los niveles de contaminación de los vehículos y el uso que se haga de las mismas. La horquilla estimada hasta ahora oscila entre los 45 y los 110 euros anuales para los transportistas, , según los expertos consultados por este diario.
La Generalitat ha insistido esta semana en implantar este modelo de pago. «La euroviñeta es el único sistema justo que puede haber en nuestro país -Cataluña- para gestionar las vías de alta ocupación», ha afirmado Calvet. Para el consejero, «el sistema de autopistas y de autovías que tenemos en Cataluña es injusto».
EL GOBIERNO BUSCA EL CONSENSO
Sin embargo, el Gobierno de España mantiene su rechazo a esta pretensión y ha emplazado a dialogar entre todos los actores políticos y económicos, incluidos los sectores afectados.
«Nos encontramos ante una reforma de políticas públicas que debe alcanzar un amplio consenso social, económico y político», ha asegurado Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, durante su intervención en un encuentro telemático con economistas, recogido por MERCA2.
«Para que esta reforma estructural continúe y se mantenga en el tiempo» debe tener este consenso, ha respondido. En caso contrario, o bien no se produciría o bien no se mantendría en el tiempo. Así, ha recordado lo ocurrido con la reforma de las pensiones. «Hubo una reforma, hubo una ley pero al no haber consenso (…) no se terminó de aplicar», ha indicado Saura.
El secretario de Estado ha considerado que una vez estas autopistas pasen al perímetro de la Administración General del Estado, ésta debe ser «más eficientes» y deben tener en consideración a «todas las fuerzas políticas y sociales» en cuanto la futura conservación. «No hay consenso en mantener el peaje», ha afirmado, y por tanto se deben aplicar otras alternativas para sufragar estos gastos.
LA IMPLANTACIÓN DE LA EUROVIÑETA ES UN DEBATE ABSURDO
Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, muestra una visión muy diferente de la política. En conversación con MERCA2, Pich defiende que el debate sobre el método de pago «es secundario» y afirma que el fin de los peajes ha sido culpa de todos por haber desviado la atención sobre el punto principal: «La seguridad y la rapidez«. «Tener vías seguras supone un coste muy importante», ha insistido. «Nos interesa conservar estas vías de alta capacidad», ha dicho.
«El debate por el pago de las vías de alta capacidad es un desastre nacional», ha considerado. A su juicio, los políticos y una serie de colectivos profesionales se han olvidado de hacer una buena pedagogía a la ciudadanía sobre la necesidad de tener infraestructuras seguras. «El problema del debate es de origen», ha apuntado. «Se está discutiendo de forma absurda», ha apostillado.
«España posee una red de autopistas muy importante y que sólo tienen muy pocos países del mismo tamaño«, ha considerado. En este sentido, ha indicado que el coste es «muy importante» y aboga por cobrar a quien haga uso de ellas. «La forma de pago es secundario», ha insistido porque antes «hay que asegurar la movilidad». «Se ha mezclado el debate y no se ha centrado bien», ha dicho el presidente del Consejo General de Economistas de España. «Cuando te vas a operar necesitas un buen equipamiento y un buen equipo médico. No te dedicas a hablar sobre el color de las sábanas del hospital», ha ejemplificado.
¿QUIÉN MANTENDRÁ LAS AUTOPISTAS?
Con todo, Cataluña tendrá 474,5 kilómetros menos de peajes a partir de septiembre. Entre estas autopistas se encuentran las concesiones de Acesa -AP-7 desde Salou hasta La Jonquera- y Avasa -AP-2 desde Zaragoza hasta su conexión con la AP-7-, mientras que se libera el peaje de la C-32 (costa de Barcelona por el Maresme), cuya extinción será el próximo 31 de agosto.
Además, el Ministerio de Transportes ha iniciado la tramitación para dar a conocer los pliegos de licitación, desatando la preocupación de los sindicatos, como ya explicó este medio. Con la extinción de estos peajes, sólo quedarán en la Comunidad Autónoma los de los túneles del Garraf y el Cadí; junto a la autopista de Manresa (C-16).
