BBVA atesora todavía un suculento botín del rescate de las cajas de ahorros. Así, la entidad que preside Carlos Torres acumulaba a finales de 2020 más de 2.150 millones de euros en ‘activos fiscales garantizados’ para reducir el pago de impuestos en España en los próximos años. Una cifra que «tiene como origen principalmente la integración de Catalunya Banc«, según explica la propia firma financiera. Y que, además, tiene como particularidad especial que no tienen plazo legal de compensación, por lo que el banco puede distribuir su compensación como mejor le convenga.
La cifra supone un activo muy vital para el banco, dado que se trata de un volumen importante de beneficios encubiertos, al ser ahorros futuros en el pago de impuestos. Hasta el punto de que la cifra alcanzada tras la integración de Catalunya Banc es similar al resto de activos diferidos registrados en España por el resto de la operativa de BBVA, con 2.156 millones frente a 2.500. Incluso, supone más del doble de la cantidad que atesora la firma en México bajo el mismo apartado, con 1.036 millones.
Aunque las facilidades ofrecidas por el Estado español le dan todavía más valor a dichos activos. Así, los impuestos diferidos y las deducciones generados en la operación de compra de Catalunya Banc son «garantizados» y no caducan, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de este tipo de activos que acumula BBVA tanto en España como en el resto de las geografías. Una peculiaridad poco común en este tipo de instrumentos fiscales y que la entidad está sabiendo explotar al máximo.
De hecho, el banco apenas ha amortizado un 5,6%, unos 128 millones de 2.280 millones, del total que guardaba la compañía en 2017. Al fin y al cabo, el grupo prefiere por el momento utilizar otros que sí caducan, mientras se guarda dicho montante para los años de bonanza de beneficios en el país.
BBVA LA ENTIDAD MÁS BENEFICIADA POR EL FROB
Pero esa cifra, los 2.156 millones, representa una pequeña parte del monto global que tiene (y ha tenido) comprometido el Estado con BBVA. De hecho, la propia entidad vasca explica que «de los activos por impuestos diferidos (…) garantizados por el Estado Español, en función de las partidas que originaron dichos activos» asciende a cerca de 9.360 millones. Una cifra que se divide, a su vez, en 1.924 millones en concepto de pago por pensiones y 7.437 millones para insolvencias.
Y, es que, si los fondos públicos los tratásemos como un botín, el gran vencedor sería BBVA. Y, a su vez, el gran tesoro habría sido Catalunya Banc. Aunque en realidad ocurrió más bien lo contrario y a más pérdidas, o peor gestión, mayor volumen de ayudas. Así, para que la entidad vasca se decidiese absorber los cerca de 40.000 millones de activos de la más conocida como Catalunya Caixa el estado tuvo que inyectarle cerca de 12.000 millones. Una cifra que directamente se olvidó de poder recuperar, como sí ocurrió con Bankia, al vender la firma por poco más de 600 millones. Aunque no fue el único, ya que la entidad vasca también absorbió otras firmas rescatadas como Unim.
En realidad, sí se mira con detenimiento las cifras se puede observar cómo fue el rescate de Catalunya Caixa y no el de Bankia el más costoso para el contribuyente. Así, el Frob pagó en torno a 10 céntimos por cada euro de activo en el balance de la firma que hoy preside José Ignacio Goirigolzarri, mientras que esa cifra asciende 20 céntimos en el caso de la catalana. A eso se le añade que de la primera se ha ido recuperando dinero, tampoco mucho, y su paquete accionarial todavía es del Estado.
LAS BASES NEGATIVAS: LA OPCIÓN FAVORITA PARA EL AHORRO FISCAL
El uso de las bases imponibles negativas es una práctica muy utilizada por las empresas para reducir su carga fiscal. La misma se puede ejecutar debido a las pérdidas incurridas por la propia empresa en otros años o por la adquisición de otras compañías que mantienen dichos activos en su balance. La ejecución es, además, sencilla, dado que la firma en cuestión puede reducir en la cantidad que desee, dentro de unos límites, el montante de beneficios sobre el que se aplica el tipo en cuestión.
A modo de resumen, si se parten de unos beneficios de 100 millones y se le aplica el tipo positivo legal, que en bancos ronda el 30%, el pago por sociedades sería de 30 millones. Pero si a esa cifra inicial se le resta la base imponible negativa, de por ejemplo 50 millones, con la que cuenta una empresa, ya sea por pérdidas anteriores o empresas adquiridas, el pago final ascendería, únicamente, a 15 millones. Aun así, las grandes firmas como los bancos logran reducir aún más ese montante final gracias a otro tipo de ayudas como las deducciones, de tal manera que el porcentaje pagado finalmente, y que muchas veces es motivo de fuertes críticas, es bastante más reducido que ese 30% legalmente impuesto.
Al final, el ahorro logrado es muy importante. Por ello, el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que intervenir en 2014 para frenar la pérdida de ingresos que suponían estas prácticas para Hacienda. En especial, la compra de sociedades con pérdidas. Así, el artículo de 26 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades restringió los requisitos para poder aprovechar esas pérdidas al adquirir dichas empresas. En concreto, las limitaciones se establecieron cuando la firma adquirida tuviera relación con personas vinculadas a la compradora. Cuando no se poseyera, con carácter previo a la norma, un 25% del total de esta. Por último, estableció una serie de situaciones especiales en la actividad de la compañía adquirida.
Pero los nuevos requisitos no se han aplicado a los bancos en el caso de los rescates. De hecho, el propio Estado se comprometió a que dichos recursos ni caducaran ni tuvieran limitaciones en su uso. Un enorme botín que BBVA todavía guarda en su caja fuerte para utilizarlo en aquel momento en el que obtenga mayores beneficios.
