Este 14 de febrero se celebrará el San Valentín más raro de la historia. Las restricciones de movilidad y las medidas sanitarias impuestas en todas las regiones de España harán que muchas parejas no acudan a un restaurante, viajar también está descartado así que los hoteles no esperan grandes movimientos durante este fin de semana. Asimismo, las floristerías han tenido que empezar a vender online ya que muchas están físicamente cerradas, algo que también ocurre en otros comercios como las joyerías, un clásico de esta fecha.
Tal y como destacamos en este especial de MERCA2, celebrar “el día del amor” en medio de una pandemia será bastante difícil, pues a estas circunstancias se suma la crisis económica a la que tratan de hacer frente miles de españoles. También esta razón es la que ha frenado las separaciones y divorcios en nuestro país, y eso que ganas no faltan.
Durante el confinamiento domiciliario, entre marzo y junio, se disparó el número de consultas para divorciarse según datos recogidos por la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). Sin embargo, el impacto de la crisis sanitaria en el bolsillo de los españoles ha disuadido a los interesados de dar el paso y formalizar la ruptura matrimonial.
LOS ERTE FRENAN LOS DIVORCIOS
Cada año, después de un periodo vacacional como la Navidad, la Semana Santa o el verano, aumentan las separaciones y divorcios. El 73% de los juristas encuestados por esta asociación percibe que en 2020 la cifra ha sido igual o incluso inferior.
“Las personas que se encuentran en paro, ERTE o han perdido su negocio no pueden sostener dos unidades familiares a la vez”, destacan. Así, solo un 27% de los abogados ha constatado durante la pandemia un incremento.
También es cierto que durante tres meses, coincidiendo con el periodo de confinamiento estricto, se paralizaron los procesos judiciales de manera que cuando se volvieron a abrir los juzgados -durante el tercer trimestre del año- se incrementaron las separaciones y divorcios un 16% respecto al año anterior, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
3.000 EUROS DE MEDIA
Los distintos abogados consultados por MERCA2, cifran en 3.000 euros el coste de un divorcio, de media. Así, desde García Mariscal destacan que en los últimos meses han descendido los procesos de divorcio “entre las clases medias y bajas” que contratan un despacho especializado, pero no ha ocurrido lo mismo respecto del cliente con un poder adquisitivo más alto. Precisamente por esto destacan que Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) sí que ha experimentado en el último año un crecimiento en las solicitudes de asistencia jurídica gratuita para aquellos ciudadanos insolventes que quieren divorciarse.
A su vez, este despacho entiende que cuando las personas comiencen a intensificar las relaciones sociales y adquieran una estabilidad social y económica después de esta crisis sanitaria, “los divorcios al igual que las relaciones sociales van a aumentar”. En su caso, cuantifican que un divorcio en España puede costar en torno a 1.200 euros si es de mutuo acuerdo y 2.000 euros si se acude a la vía contenciosa.
Por su parte, AGC Abogados eleva la cifra hasta 3.000 y 6.000 euros. Comparten que la principal diferencia es si es contencioso o de mutuo acuerdo, pero también depende de cada Comunidad Autónoma. Por ejemplo, los honorarios para un abogado en Barcelona son más caros que en Madrid y también influye si se realizan peritos de parte, porque esto encarece el procedimiento.
Desde este bufete recuerdan que la situación es bastante parecida a la de 2007, cuando empezó la crisis financiera. “Pasamos de 11 divorcios al mes a tener solo 5”. Con el covid-19 ha ocurrido algo parecido, pues durante el confinamiento se han disparado las consultas, pero no podían hacer nada y después muchos procesos no se llevaron a cabo por la situación económica. Sin embargo, durante el inicio de este 2021 empieza a haber más movimientos, aseguran. Eso sí, “de mutuo acuerdo” que es más barato.
Álvaro Iraizoz, vocal de la junta directiva de la asociación AEAFA señala que un honorario de un abogado especialista en familia está en torno a 2.500 euros si se acude a la vía contenciosa y 1.500 euros en los casos de mutuo acuerdo, aunque «hay libertad» para fijar los precios. También recuerda que acudir a un especialista sale más económico a la larga.
DIVORCIARSE EN PANDEMIA, MÁS LENTO
Otra característica de divorciarse en pandemia es que el proceso es más lento. Generalmente, cuando es de mutuo acuerdo se presenta un convenio regulador y no es necesario contestar una demanda. Después, dependiendo del juzgado donde recaiga puede tardar unos tres meses. Cuando se hace por lo contencioso, se alarga un poco más, entre seis meses y un año, llegando a un máximo de dos años “si hay hijos menores y se piden pruebas psicosociales”, aclaran desde AGC Abogados.
En García Mariscal añaden que realmente la agilidad en un procedimiento judicial depende del Juzgado en el que ha recaído el procedimiento. Y actualmente, como consecuencia de la pandemia y su correspondiente saturación después de tres meses sin moverse un papel, “un procedimiento contencioso se puede demorar un año desde la interposición de la demanda”.
En su caso, defienden que los divorcios de mutuo acuerdo “a veces pueden durar y generar más trabajo que un contencioso”. Pues primero hay que limar los puntos de conflicto entre la pareja y después empieza la fase estrictamente procesal, que de media dura unos 3 o 4 meses hasta que finaliza el proceso. Pero ahora hay que sumar los retrasos en los juzgados.
El vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia explica a MERCA2 que el factor tiempo es una de las mayores reclamaciones del sector en los últimos años. “Hay absoluto colapso en los juzgados de familias, por eso siempre peleamos por ello. Además, no hay juzgados especializados en todas las ciudades”, añade. En AEAFA denuncian que por lo contencioso, el procedimiento más sencillo se alarga de seis meses a un año, pero si además hay niños de por medio se dilata más allá del año y medio.
PAREJAS DIVORCIADAS Y CON HIJOS
El último estudio de la Asociación Española de Abogados de Familia pone de relieve que donde sí se ha detectado una variación significativa es en las peticiones para reducir la pensión de alimentos a los hijos por parte de progenitores divorciados (tal como indica el 53% de los encuestados).
La caída significativa de los ingresos ha forzado a padres y madres a plantear ante el juez un recorte en las aportaciones económicas. Para que prosperen, los afectados deben demostrar que el cambio de las circunstancias es sustancial y no se trata de una situación transitoria o coyuntural. Asimismo, debe ser imprevisto y que no haya sido provocado o buscado voluntariamente por el progenitor.
A raíz del deterioro de los presupuestos familiares, los abogados de la AEAFA también han constatado un crecimiento significativo de los procesos de Jurisdicción Voluntaria por discrepancias en el ejercicio de la patria potestad. Sobre todo, en cuestiones como el cambio de colegio, las actividades extraescolares o los tratamientos sanitarios sin cobertura de la Seguridad Social como la ortodoncia, cuyo impacto económico es importante.
“Hay progenitores que, aunque mantienen la misma aportación por pensión de alimentos, plantean que los hijos vayan a un colegio público o concertado en vez de a uno privado”.
ALUVIÓN DE DIVORCIOS TRAS LA CRISIS
En la Asociación Española de Abogados de Familia defienden desde hace más de 30 años que el derecho de familia se reconozca, como el civil o el mercantil. “Hay poblaciones donde hay especialidad y otras que no, y sin jueces especializados hay desigualdades”, argumentan.
Este problema será más que evidente a lo largo de este año, pues auguran un aluvión de divorcios con motivo de la pandemia. “Esta situación va a causar estragos en las familias, el desgaste es muy grande”, comentan. También que más que la crisis económica lo que les está frenando el impacto es la incertidumbre, pero a todas las parejas les está siendo muy difícil la convivencia combinando el teletrabajo, no salir de casa y los niños.
“Muchos meditan sus decisiones porque al final una crisis matrimonial implica que se dupliquen los domicilios y pase a haber dos unidades familiares. Económicamente es complicado, pero será inevitable que cuando todo pase empiece a haber procedimientos abundantes”, concluye.
