Ecoembes pretende extender su sistema Reciclos a todo el Estado. Este modelo complejo, costoso e ineficiente, nació con la vocación de boicotear la implantación del sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR) que funciona con éxito en más de 40 países y regiones del mundo. Para ello, está usando la Comunitat Valenciana de laboratorio y, además, persigue que los costes de su sistema sean sufragados con fondos públicos.
La Alianza Residuo Cero califica este procedimiento “inaceptable”, ya que las directivas europeas y la ley de residuos vigente exigen que los costes de la gestión de sus residuos sean asumidos por las empresas productoras a través de la conocida Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP).
El pasado 30 de diciembre se presentó en la mesa de las Corts valencianas la proposición de ley para la Prevención de Residuos, la Transición Ecológica y el Fomento de la Economía Circular. El texto propone la puesta en marcha de un sistema para incentivar el retorno de envases de bebidas a través de máquinas automáticas y a cambio de dos céntimos de euro por envase, que serán descontados de la tasa de residuos de cada persona que participe.
La propuesta se centra en las botellas de plástico inferiores a tres litros y establece que, a partir del 1 de enero de 2022, deberán instalarse 100 máquinas de retorno en la Comunitat Valenciana y que esta cifra deberá llegar a 3.000 antes del 31 de diciembre de 2023.
Más allá de la idoneidad de esta medida, mucho más simbólica que efectiva para acabar con los millones de latas y botellas abandonadas cada día y que nada tiene que ver con los Sistemas de Depósito de envases de bebidas que recuperan más del 90 % de las latas y las botellas para su reutilización y reciclaje, lo alarmante es que la proposición de ley sugiere que puedan contar con «financiación de fondos europeos, estatales o autonómicos de hasta un máximo del 100% de las inversiones necesarias para los equipos automáticos de recogida separada».
En otras palabras, que la administración pública costee directamente lo que la Responsabilidad Ampliada del Productor y las nuevas directivas europeas de residuos obligan a asumir a las empresas fabricantes.
“Desde la Alianza Residuo Cero se considera inadmisible que Ecoembes junto con la industria responsable de la nefasta gestión de residuos en el Estado español y de los costes ambientales, sociales y económicos que ésta supone ya ni tan siquiera trabaje para solventar esta situación, sino que pretende seguir trasladando el coste de su negligencia a las personas contribuyentes”, opinan las entidades que integran de la Alianza Residuos Cero, de la que Retorna forma parte.
El texto apunta directamente a los «fondos europeos o de recuperación poscovid» y a la propia ciudad de Valencia que ya ha anunciado que promoverá esta iniciativa conjuntamente con el sistema Reciclos que impulsa Ecoembes. De hecho, de las 100 máquinas de retorno que piensan instalar en Valencia, el ayuntamiento ha confirmado que 40 se financiarán con dinero público.
Esas 3.000 máquinas de retorno automático que recoge la propuesta de ley tendrían un coste aproximado de 45 millones de euros, en estimaciones de la propia industria. Y si este abuso se extrapola al resto del Estado, el coste de 30.000 máquinas (la Comunitat Valenciana representa el 10 % del PIB) sería de 450 millones de euros para las arcas públicas.
La Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) es un principio que rige la gestión de los residuos en la UE. Por normativa comunitaria las empresas fabricantes tienen la responsabilidad sobre los productos que ponen en el mercado y, por lo tanto, deben asumir los costes de la gestión de los residuos que generan.
Pero esta obligación se lleva incumpliendo durante años ya que las personas expertas calculan que los productores solo cubren el 30% de los costes reales de la gestión de los residuos que provocan sus productos, trasladando el 70% a las administraciones públicas y por ende a las personas contribuyentes.
Consciente de este agravio, en 2019 la UE aprobó la Directiva contra los plásticos de un solo uso que, en su artículo 8, obligaba al cumplimiento real de esta responsabilidad por parte de los productores, incluyendo incluso los costes de limpieza que el abandono de sus productos genera.
Esta directiva debe ser transpuesta antes de julio de este año y el Gobierno español cuenta con tratar el asunto en la nueva Ley de Residuos que debe llegar al Parlamento en las próximas semanas, pero existen ya indicios de que los grandes fabricantes quieren seguir ignorando su responsabilidad y trasladar el coste de su actividad económica a nuestros bolsillos.
Mientras el sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR) apuesta por compensar al consumidor con el importe del envase o descuentos equivalentes, Ecoembes respalda la webapp de Reciclos, que convierte el hábito de reciclar en puntos canjeables por incentivos locales sostenibles, “mediante descuentos en transporte público, movilidad de bajas emisiones, donaciones a ONGs o a proyectos de desarrollo de tu comunidad”, asegura la información publicada en la web.
No hay ningún incentivo real y concreto que revierta en el consumidor, en definitiva, “pocos se descargan la app y los que lo hacen, desisten de utilizarla”, aseguran desde la plataforma Recircula.
ECOEMBES CONSERVA SU MONOPOLIO
Con Reciclos y otras iniciativas similares, Ecoembes mantiene las apariencias de gestor, cuando en realidad lo que hace es preservar su monopolio y esencia de lobo al cuidado del rebaño. Esa que apuesta porque los mismos que contaminan sean los que limpian…¿Y no sería mejor tratar el problema en el origen y buscar nuevos envases y fórmulas de gestión?
De hecho ya hay unas cuantas alternativas sobre la mesa, como evitar el uso del brik en formatos que admitan botellas de plástico o el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) tan consolidado en el norte de Europa. Opciones que contribuirían a paliar el problema de los plásticos, pero también a desinflar el negocio de Ecoembes.
Dejando todo como está, las envasadoras que integran Ecoembes mantienen su cuota de poder: siguen produciendo envases de plásticos, aluminios y brik, y guardan la apariencia de gestionar los residuos resultantes. Y todo, pese a que un informe del Tribunal de Cuentas de la UE alerta sobre el caos que reina en el reciclaje de plástico, tras cerrarse más basureros de Asia, y la imposibilidad de que los países miembros consigan los objetivos de tratamiento de este tipo de residuos.
En este contexto, Europa se pone las pilas y da un paso más hacia una estrategia circular compatible con el Pacto Verde (Green Deal) comprometido. De esta forma, la UE prohíbe, desde el 1 de enero de 2021, la exportación de residuos de plástico tóxicos o difíciles de reciclar a países que no forman parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Aunque la medida aumentará la presión sobre Europa para potenciar el reciclaje, los activistas ambientales consideran que lo más probable es que la prohibición contribuya a aumentar los vertederos y también la quema de desechos dentro de la UE.
