Una vez pasada la peor parte de la crisis sanitaria, o precisamente por eso, las grandes compañías han levantado su vuelo corporativo. Las operaciones vuelven a estar presentes. Esta semana, en concreto, ha llegado un tsunami desde Australia para hacerse con el 22% de Naturgy. La ‘ley antiopas’ desempolva su corpus legal: el Gobierno decide. El libre mercado, de nuevo a debate.
A mediados de marzo de 2020, y tras unas caídas generalizadas en Bolsa, muchas compañías españolas tenían menor valor que a principios de dicho ejercicio. El coronavirus hacía sus primeros estragos. Importantes empresas eran caramelos apetecibles para otras compañías y, sobre todo, fondos industriales u oportunistas con mucha sed. Con el objetivo de blindar la españolidad de algunas empresas y, principalmente, proteger los activos estratégicos para el país, el Gobierno añadida en el real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, unas serie de medidas para evitar opas dirigidas al Ibex 35.
La suerte ya estaba echada. Y un poco más tarde, ampliada. En primer lugar se prohibió las ofertas superiores al 10% del accionariado de la compañía a entes y organizaciones de fuera de la Unión Europea. Más tarde, se impidió también que empresas europeas controladas por fondos de fuera pudieran actuar.
Una decisión unilateral por parte del Gobierno que no fue respaldada por nadie. Ya se sabe, por aquello del estado de alarma. Ningún accionista de ninguna empresa se pronunció al respecto. Tampoco hubo posicionamiento por parte de las compañías, sobre todo las que entraban en esa catalogación de “esenciales para el Estado”. Asimismo, no se ha ofrecido un marco temporal para decaer esta «ley». Por eso, el fondo australiano que viene a por Naturgy lo hace con todas las consecuencias. Sabe que será el Ejecutivo quien decida, pero el mercado sigue su curso.
La valoración de algunas empresas españolas no ha remontado a los niveles previos a marzo de 2020. La compañía presidida por Francisco Reynés no es el único ejemplo.
¿AL ACECHO DE…?
Uno de los casos paradigmáticos, y sobre los que esta ‘ley antiopas’ gana sentido, es Telefónica. Detrás de la gran compañía de telecomunicaciones española no solo hay otras empresas del sector. El gran temor es que algún fondo, de los denominados industriales, lance una opa y, de un plumazo, se haga con las infraestructuras telefónicas españolas.
El valor del operador azul está bajo. Muy bajo. El mercado lleva meses descontando algún tipo de operación al respecto. De hecho, ahora mismo le salva precisamente esta ‘ley antiopas’. Telefónica se siente segura, pero es una falsa apariencia.
Otras compañías que tienen fondos dentro de su accionariado, como Aena o Enagás, representan una cara de la moneda distinta. Su valor es estable, pero sus perspectivas de crecimiento (al menos antes del covid), eran muy positivas. En el caso de la gasista, cuyo papel será esencial en la próxima década, se ha convertido en una empresa muy atractiva. Eso puede disparar un interés que traiga el hambre de fondos en busca de rentabilidad, sobre todo en el muy corto plazo de tiempo.
En todo caso, el que quiera enfrentarse a la ley, ya sabe las restricciones: el ámbito de la autorización se hace extensivo a cualquier sector de la economía cuando el inversor extranjero: (A) esté controlado directa o indirectamente por el gobierno, Administración Pública o fuerzas armadas de un país extracomunitario; (B) haya invertido o participado en sectores que afecten a la seguridad, orden o salud pública en otro Estado miembro de la UE/EFTA; o (C) si se han iniciado procedimientos administrativos o judiciales contra el inversor extranjero dentro o fuera de España por cometer actividades delictivas o ilegales.
