El Ayuntamiento de Barcelona propone prohibir el alquiler de habitaciones turísticas en toda la ciudad para evitar una saturación de plazas y un «aumento desorbitado de la oferta de alojamientos turísticos», especialmente en las zonas céntricas de la ciudad, ha informado este viernes en un comunicado.
Así lo recoge la actualización del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat), que la Comisión de Gobierno aprobó este jueves para adaptarlo al marco normativo y contexto actual, y para que «continúe siendo una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la vivienda y a vida vecinal».
Esta actualización llega después de la aplicación del nuevo decreto de Turismo de la Generalitat, aprobado el pasado agosto, que admite las habitaciones compartidas como nueva modalidad de alojamiento turístico en que el residente alquila una habitación a un tercero por 31 días o menos.
A pesar de que plantea no permitir el alquiler de habitaciones turísticas, sí que contempla poder seguir alquilando habitaciones de más de 31 días por uso habitual o de larga estancia, como los que se realizan habitualmente a estudiantes o trabajadores temporales.
Para el Ayuntamiento, la aplicación directa del decreto sin establecer ninguna regulación específica implicaría un potencial de 670.000 viviendas que podría acoger habitaciones turísticas solo presentando una declaración responsable.
Cuatro años después de la entrada en vigor del Peuat, en los barrios céntricos hay 940 plazas turísticas menos y la oferta ha crecido de manera controlada y equilibrada en las zonas periféricas, según ha explicado el consistorio.
Otro de los cambios que incluye el texto es que en el sector norte del distrito tecnológico 22@ no se pueda incrementar la oferta turística, y las residencias de estudiantes que no se ubiquen en suelo de equipamiento no puedan situarse en las zonas de decrecimiento y de mantenimiento de plazas.
Tras aprobarlo inicialmente en la Comisión de Gobierno, el documento entra ahora en un periodo de exposición pública de tres meses para compartirlo y debatirlo con los grupos políticos y los actores vecinales y económicos.
